.R: ¿Podría ir al Congreso, amparado en esa figura?
F: Si viene amparado por el presidente en el marco de las negociaciones, estaría autorizado legalmente para ir al Congreso y no podríamos ejecutar las órdenes de captura.
J.R: ¿Desde cuándo está vigente esta decisión?
F: Está vigente desde el 22 de diciembre de 2014
J.R: Y ¿Por qué tenía usted ese guardado?
F: Porque en la Fiscalía hemos manejado con mucha reserva todos los temas del proceso de paz. Quiero hacerle una confesión, los temas de suspensión de órdenes de captura como consecuencia del proceso de paz los manejo directamente yo.
J.R: Eso es solo suyo
F: Eso es solo mío. Nadie en la Fiscalía, diferente además de una persona que me colabora en la parte logística, sabe que decisiones tomo yo como fiscal frente al proceso de paz por razones de prudencia y de confidencialidad. A veces ni siquiera el vicefiscal. Por eso no hay filtraciones.
J.R: La reacción inicial de mucha gente va a ser: “eso es el colmo, no hay derecho”. Lo dicen las encuestas frente al proceso de paz, que el jefe máximo terrorista, asesino, narcotraficante, secuestrador, no se le pueda capturar. ¿Qué le dice usted a la gente que está indignada con las gabelas que se les dan a las Farc?
F: Son gabelas que consagra la Constitución, son gabelas que da un marco jurídico aprobado por el Congreso desde hace muchos años. Inclusive Uribe cuando era presidente, y el Congreso de la época, impulsaron este tipo de legislación. Yo no he escuchado ninguna oposición del presidente Uribe a este tipo de facultades, es más, las ha impulsado, las ha apoyado porque además fueron instrumento importante que él tuvo cuando para lograr algunas desmovilizaciones y un proceso de desmovilización, que fue exitoso, de más de 18.000 miembros de la guerrilla.
A través de este proceso no debemos olvidar que en la última década, parte de la administración Uribe, parte de la administración Santos, con este instrumento hemos logrado la desmovilización de más de 18.000 miembros de la insurgencia colombiana. Usted se imagina en términos de protección de los derechos humanos lo que es desmovilizar 18.000 guerrilleros y cerca de 30.000 paramilitares. O sea que para este proyecto en esta última década, nosotros hemos logrado la desmovilización de cerca de 50.000 actores del conflicto, generadores de violencia. Luego que si el ciudadano sopesa los costos que tiene suspender una orden de captura frente al éxito que hemos venido logrando de desmovilizar 50.000 personas, hay que pagar ese costo.
J.R: Claro que es un costo, pero la gente se indigna y es comprensible porque la guerrilla ha cometido atrocidades y llegan a decir: “la Fiscalía no hace anda contra la guerrilla”. ¿Qué responde?
F: Todos los colombianos tenemos, porque yo me incluyo, que estar indignado con los 50 años de violencia generados por las Farc. Violaciones a los derechos humanos, actos de terror, desaparición forzada, desplazamiento, crímenes sexuales. Todos, empezando por el fiscal general, estamos indignados. Pero precisamente lo que queremos es acabar con esta guerra violenta y ya está demostrada que la solución militar no es la alternativa. La única solución es sentarnos a negociar. Pero quiero decirle una cosa, se suspenden las órdenes de captura pero los procesos siguen, en este momento yo estoy adelantando con mucha eficiencia, con mucha diligencia grandes investigaciones en contra de las Farc por graves violaciones a los derechos humanos
J.R: Esas siguen andando…
F: Siguen andando con contundencia. En su momento daré a conocerle al país, antes de que me vaya como fiscal, el resultado de las investigaciones que tenemos por el tema de graves violaciones de derechos humanos que ha cometido las Farc frente a los indígenas, con problema grave de confinamiento, de desplazamiento, pérdida de vidas. En el tema de desplazamiento forzado en el país, las violaciones que han cometido las Farc utilizando medios y métodos prohibidos por el derecho internacional humanitario. Sus políticas de secuestro, graves problemas y acusaciones que hay por la violencia sexual, no solamente frente a la población civil sino al interior de la guerrilla, por sus políticas de aborto forzado y prostitución forzada.
Estamos investigando también la financiación que utilizó la guerrilla para efectos de sus fines políticos y además, todos los casos de reclutamiento de menores y los eventuales crímenes de guerra y de lesa humanidad que han cometido. Antes de irme como fiscal el país debe tener la seguridad y la certeza que entregaré las investigaciones y tomaré las decisiones que corresponda frente a las Farc, antes de que se logren los acuerdos de firma de paz en La Habana.
J.R: Pero quiénes. Esto puede ser una herramienta para quienes critican el proceso de paz, dirán que eso no va a parar en nada, porque terminan perdonándoles eso a los guerrilleros cuando se firme el proceso.
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