En uno de los pronunciamientos judiciales más duros en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, la Corte Suprema de Justicia lo señala de haber participado directamente en el ofrecimiento de burocracia a Yidis Medina para que apoyara el proyecto de reforma constitucional que en el 2004 revivió la reelección presidencial en Colombia.
La Sala Penal de la Corte, en una decisión tomada por cuatro magistrados titulares y cinco conjueces, condenó por ese escándalo, conocido como la ‘yidispolítica’, a los exministros Sabas Pretelt y Diego Palacio, y al exsecretario de Casa de Nariño Alberto Velásquez a penas de 80 y 60 meses de prisión.
La sentencia, que tiene 321 páginas, señala que esos altos funcionarios del gobierno de la época “corrompieron” a dos parlamentarios de provincia –Yidis Medina y Teodolindo Avendaño– para lograr la aprobación del proyecto que habilitó a Álvaro Uribe para aspirar en el 2006 a su segundo mandato.
Esa reforma, dice la sentencia, se dio en un escenario “del Estado sobornando al propio Estado”.
La Corte dice que “está demostrado en grado de certeza” que en junio del 2004, en plena discusión de la reforma, Yidis y el ministro Sabas Pretelt “se dirigieron al Palacio de Nariño, donde efectivamente aquella se entrevistó en privado con el señor Presidente de la República, Dr. Álvaro Uribe Vélez”.
Basada en los testimonios de los propios procesados, la Corte agrega que también está probado que el exsecretario de Palacio Alberto Velásquez sostuvo una reunión con la polémica congresista inmediatamente después de que ella se reunió con Uribe, el 2 de junio de 2004, “para concretar los espacios burocráticos disponibles que le serían entregados como pago a su voto por la reelección”.
Y concluye que, “conforme a lo probado en este asunto, los hechos (...) evidencian que Alberto Velásquez, al igual que los otros dos procesados, hizo suyos los ofrecimientos hechos a Yidis Medina Padilla por el entonces Presidente de la República, en la medida en que le especificó a la congresista los cargos disponibles en el Magdalena Medio (...) comprometiéndose a hablar con los ministros del ramo para concretar los nombramientos correspondientes”.
Las cuentas
En el fallo, la Corte no compulsa copias en contra de ninguna persona.
Fuentes de la corporación aseguraron que se tuvo en cuenta que el caso ya prescribió para los eventuales implicados frente a los cuales la justicia no hubiera tomado medidas de fondo antes del 2012, cuando se cumplieron, a partir de los hechos (junio del 2004), los 8 años de pena que da el delito de cohecho.
A pesar de haber sido condenados a una pena de casi 7 años, los exministros Sabas Pretelt y Diego Palacios pagarían menos de cuatro años de cárcel, mientras que el exsecretario de Presidencia Alberto Velásquez, que recibió una condena de 60 meses, podría pensar en pedir su libertad pasados dos años.
Esas son las cuentas que están haciendo hoy sus defensas. La ley establece que, cuando se cumplen las dos terceras partes de la pena, un recluso puede pedir la excarcelación. En el caso de los ministros, ese tiempo se cumpliría en 46 meses, menos de cuatro años. También podrían rebajar pena por trabajo o estudio (un día de condena por cada dos de actividad de redención de pena).
Velásquez podría pedir libertad condicional en 40 meses (poco más de 3 años), y con las rebajas por trabajo o estudio podría estar de nuevo en libertad a finales del 2017.