Al perro no lo capan dos veces
Jaime Castro. EL TIEMPO | 5 de abril de 2015
Lo que está en juego tiene que ver con la validez y legitimidad del ordenamiento institucional
Sin embargo, gobernadores y alcaldes aceptan que les practiquen la misma operación que les hicieron el año pasado con motivo de las elecciones presidenciales: para que hicieran las veces de jefes de debate, ofrecieron prorrogarles el periodo que el pueblo les había otorgado en las urnas. Ahora les prometen que será derogada la Ley de Garantías para que puedan actuar con mayor libertad. Lo de la ampliación de los periodos terminó como debía terminar: el Congreso archivó el proyecto después de oír a Viviane Morales, quien desbarató los malabares retóricos y jurídicos de la exposición de motivos suscrita por Mininterior. La propuesta de ahora tiene características comparables a la primera: es políticamente incorrecta y deslegitima aún más nuestro precario orden institucional.
La Ley de Garantías no soluciona los graves problemas que aquejan al buen número de municipios y departamentos que cayeron en manos de roscas y camarillas, a veces clanes familiares, que se comportan como mafias políticas y que convirtieron la descentralización en sinónimo de malos manejos y corrupción, pero reduce las oportunidades para cometer abusos de poder y sirve para ejercer severo control ciudadano sobre las administraciones seccionales, sobre todo en época propicia para su desbordamiento, porque las campañas electorales sirven para que alcaldes y gobernadores paguen los compromisos que tienen con amigos y aliados.
Si las elecciones tienen lugar en el último año del periodo constitucional, los riesgos anteriores son mayores, porque muchos gobernadores y alcaldes “deciden” imponer sus sucesores con el argumento de que la tarea “histórica” que cumplen debe tener continuidad, cuando lo que buscan es que quien llegue les cubra las espaldas no destapando las ollas podridas que encuentren. A veces esos mismos funcionarios u otros colegas suyos quieren sucesor que apoye sus próximas candidaturas al Congreso.
Como hay quienes buscan nacionalizar las elecciones de octubre, convirtiéndolas en la tercera vuelta de las últimas presidenciales y las primarias del 2018 (EL TIEMPO, ‘Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa’, 1-3-2015), la derogatoria de la Ley de Garantías aparece para algunos como nuevo capítulo de las diferencias Santos-Uribe, cuando lo que está en juego con esa propuesta tiene que ver con la validez y legitimidad del ordenamiento institucional. Esa ley, que es la 996, evita y sanciona los abusos de poder, coloca a los participantes en la vida pública en igualdad de condiciones y otorga garantías “a la oposición” (lo dice su art. 1.°). Por eso hace parte de las reglas de juego político-electorales y su respeto constituye el fundamento de la legitimidad de todo el sistema político” (Norberto Bobbio).
El acatamiento debido a esas reglas exige que no se cambien con nombre propio ni con la intención de alterar los desarrollos de procesos en curso. Con otras palabras, que no se cambien en la mitad del partido. Si la derogatoria propuesta obedece al propósito de modernizar las citadas reglas de juego, ha debido plantearse mucho antes de que se hubiesen iniciado las campañas que concluirán en relativamente pocas semanas o pedirse que la nueva norma no rija para los actuales alcaldes y gobernadores, sino para los que se escojan el 25 de octubre.
Como la Ley 996 es estatuaria, “su modificación o derogación” exige mayorías calificadas en el Congreso y revisión jurídica por parte de la Corte Constitucional, lo cual garantiza que en el debate que apenas comienza participen actores importantes de nuestra vida pública.