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Denunciante Dorado
 |  Medellín, los antidemocráticos súper poderes de Aníbal. Destacado
Calificación: de
5,00
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Autor: Horacio Duque.
País: Colombia
Región: Suramérica
El concejo municipal de la ciudad de Medellín aprobó recientemente el Acuerdo 300 mediante el cual le dan al alcalde Aníbal Gaviria facultades administrativas excepcionales con las que puede ejecutar las acciones que desarrollen el POT 2014. Son competencias muy amplias para: "Crear establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales del Estado, y modificar las existentes, para garantizar el POT" y también "Realizar las modificaciones presupuestales necesarias con el fin de darle cumplimiento al presente acuerdo".
El argumento principal de tal decisión se refiere a la necesidad de permitir al burgomaestre local construir, con la figura del conglomerado (holding) público, un nuevo ******o administrativo que permita la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial/POT de segunda generación, aprobado en el mes de octubre del 2014.
El concejo municipal, integrado por 21 concejales, representan una población cercana a los 2 millones 500 mil habitantes, y fueron escogidos por votación democrática para representar los intereses colectivos y comunitarios. Se trata de una corporación democrática en la que debe primar la deliberación y controversia alrededor de los principales asuntos del Estado municipal y su sociedad civil.
Llama la atención que un Acuerdo como el POT de Medellín, con 614 artículos y varios capítulos, se hubiese tramitado y aprobado por el concejo con amplios debates y foros ciudadanos a lo largo de varios meses del año 2014, y aún así se impuso un modelo urbano neoliberal que agrava la fragmentación y la exclusión social, y ahora dicha entidad renuncia a sus competencias democráticas girando un "cheque en blanco" con súper poderes al alcalde local para que adelante una masiva reestructuración administrativa de la alcaldía municipal y sus cerca de 50 entidades, con decretos que acumularan centenares de artículos y capítulos, frente a los cuales la ciudadanía verá restringida su capacidad de control y observación.
Nos preguntamos, ¿por qué no se siguió el mismo trámite del proyecto del POT? ¿Por qué se bloqueó la posibilidad del debate entre todos los actores involucrados en una decisión de tanta trascendencia?
Es evidente que con la reforma administrativa en curso, el alcalde Gaviria impondrá un nuevo esquema en la administración local de Medellín que reproducirá los parámetros de la denominada Nueva Gestión Pública que no es más que la aplicación de las reglas de las empresas privadas en la administración pública, ignorando que esta no es una mercancía sino un bien colectivo y comunal que trasciende las lógicas de la ganancia y la acumulación capitalista.
La presentación dada a esta determinación se disfraza con la palabra "conglomerado púbico" o holding empresarial. Esto no es más que el mismo neoliberalismo causante de la pobreza y desgracias de millones de seres humanos por todo el planeta. Lo que demuestra que si bien ese modelo ya ha muerto aun sigue vigente por cuenta de funcionarios ajenos a los derechos democráticos de las mayorías.
Como quiera que se trata de una medida de grandes implicaciones y consecuencias, varios actores involucrados han denunciado las irregularidades de todo este proceso y preparan demandas sustentadas en muy sólidos argumentos.
Para los demandantes, la iniciativa tuvo vicios legales en la medida en que no existió claridad en la motivación de las facultades solicitadas, es decir, en el Acuerdo no se determinó por qué eran necesarios esos poderes conferidos al Alcalde.
Además, se habría evidenciado una falta de "unidad de materia" para conformar el conglomerado público, pues en el texto se argumentaba que las facultades eran para "una restructuración".
Y, finalmente, el tercer motivo que llevará a demandar la iniciativa es que tampoco hubo una delimitación de las facultades especiales, al no precisar los cambios o la restructuración que se realizará.
En tales circunstancias habrá un amplio debate público sobre dicho Acuerdo y las reformas por adoptar.
En ese sentido sería conveniente una intervención de la Procuraduría General de la Nación, para que dicha entidad sea garante de los derechos colectivos en este proceso de reforma de la alcaldía de Medellín. Intervención aún más urgente si se tiene en cuenta que todo ocurrirá a 4 meses de entrar en vigencia la Ley de garantías electorales.
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