El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió hoy identificar con nombre y apellido, y difundir los rostros en cadena obligatoria de radio y televisión de los venezolanos que desde Miami (EE.UU.) supuestamente piden que se declare al país un "narcoestado" y sanciones para funcionarios venezolanos.
"Acabo de ver un comunicado de una organización de la MUD (alianza opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática) de la derecha en Miami, donde piden más sanciones contra Venezuela y que se declare a Venezuela un narcopaís y que Estados Unidos pase a una política para enfrentar a Venezuela como narcopaís", dijo.
El presidente pidió al Poder Judicial, durante un acto con militantes del gobernante Partido Socialista Unido (PSUV) en Caracas, que active "todo el poder que tiene la patria" para defender la soberanía de estos opositores residentes en Miami.
"No puede haber impunidad, hay que ver quienes firman ese comunicado pidiendo que declaren a Venezuela un narcopaís, hay que buscarlos con nombre y apellido, mostrar sus caras en cadena nacional, porque es una alta traición a la patria pretender la intervención de otro país", dijo.
Más temprano, durante un acto de inauguración del año judicial 2015 en la sede del Supremo, Maduro pidió al máximo tribunal que promueva un debate entre instituciones judiciales de la región para presentarle a pueblos y magistrados del mundo "la denuncia de estas pretendidas sanciones".
Washington anunció hoy a través de un comunicado de nuevas sanciones contra funcionarios venezolanos.
"Estamos enviando un claro mensaje a los que violan los derechos humanos, a aquellos que se aprovechan de la corrupción pública y a sus familias de que no son bienvenidos en Estados Unidos", afirmó la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, en un breve comunicado.
Ya en diciembre pasado, el presidente estadounidense, Barack Obama, firmó una ley aprobada por el Congreso con sanciones contra funcionarios venezolanos considerados responsables de violaciones de derechos humanos en ese país.
Esas sanciones incluyen la congelación de activos y la prohibición para emitir visados a funcionarios del Gobierno venezolano vinculados con la violencia y la represión en las manifestaciones estudiantiles de febrero de 2014, que terminaron con un saldo oficial de 43 muertos y cientos de heridos.