Lo primero a aclarar es que la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI) es residual, es decir, entra a obrar cuando uno de los Estados que se adhirieron a ella no quiere o no puede aplicar su justicia respecto a crímenes contemplados en los Convenios de Ginebra (crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio) que conforman el cuerpo del llamado Derecho Internacional Humanitario.

Lo segundo, es que de este tema ya se ha hablado con la CPI y se ha dejado en claro que la justicia transicional se va a respetar, dado que se trata de un proceso de paz que va a poner fin a una guerra de más de seis décadas, y de ninguna manera la jurisdicción internacional se va a convertir en piedra en el zapato. Ambas partes han estado de acuerdo en que se fijarán penas alternativas y, se garantizará la verdad, justicia y reparación de las víctimas del conflicto.

Lo tercero, es que esta justicia transicional cobijará de igual manera a los miembros de las fuerzas militares, procesados o condenados, quienes igualmente se beneficiarán de estas penas alternativas.

Lo cuarto, es que la pena de prisión no va a ser la única pena contemplada, que priman los beneficios que pueda recibir la población civil, como el desminado, la entrega de bienes adquiridos ilícitamente, la devolución de las tierras usurpadas a sus legítimos dueños, la entrega de toda la estructura creada no sólo para combatir el Estado sino para obtener recursos para la guerra como el narcotráfico, y por supuesto, la entrega de armas y la desmovlización de las estructuras.

Lo quinto, es que se está conversando entre dos partes para ponerle fin a un conflicto armado y no se trata de una rendición, donde los vencedores le imponen a los vencidos las condiciones que quieren, por lo que cada parte debe ceder como en toda negociación hasta llegar a un punto común.

Lo sexto, y pese a las infamias que echan a rodar los que quieren que siga la guerra por ser ellos los mayores beneficiarios, en La Habana no se está negociando el modelo económico y político que nos rige, sino la desmovilización de un grupo insurgente y su ingreso a la vida política del país, a cambio de una serie de reformas de talante liberal que, si se estudia la historia de los últimos 80 años, han sido defendidas por el partido liberal desde los años treinta del siglo pasado con la llamada revolución en marcha de Alfonso López Pumarejo, aunque luego de la connivencia con el partido conservador a raíz del Frente Nacional, estas banderas democráticas fueron abandonadas.

Por último, no hay fin de conflicto armado perfecto, no todo el mundo queda contento, muchos enemigos le atravesarán palos en la rueda, el resentimiento, la desconfianza, la doble moral, demorará en desaparecer y por eso, después de terminarse la guerra es tan difícil construir la paz, que lo diga Irlanda para poner un ejemplo, pero hay que hacerlo y de ahí que el mundo, encabezado por Estados Unidos y la Unión Europea, apoyan no solo las conversaciones de La Habana sino el post conflicto. En nuestro país no ha sido fácil combatir el escepticismo de tantas frustraciones del pasado, pero por lo que se ve alguna vez tenía que ser la vencida, y lo que hoy vivimos ya pasó el punto de no retorno.

Al margen: el haber firmado Colombia el Estatuto de Roma y haber entrado a regir plenamente desde 2009 cuando finalizó la reserva para su plena aplicación en espera de un posible proceso de paz que no se dio, obliga al Estado colombiano a cumplirlo estrictamente. No hacerlo lo haría acreedor a sanciones, aislamiento internacional y, por supuesto, supondría una debacle económica, políitica y social de incalculables proporciones.