Lo que se va firmar es el fin del conflicto armado mediante el cual un grupo se alzó en armas contra el Estado. Silenciados los fusiles, se comienza a construir la paz, entendida como la convivencia entre las distintas fuerzas políticas, responsabilidad que nos compete a todos los colombianos.

Respecto a las casas de pique, los ladrones y las extorsiones (salvo las cometidas por la guerrilla), son conductas propias de la delincuencia común y serán combatidas por el Estado con sus fuerzas policiales.

De otro lado, le recuerdo que el indulto y la amnistía no se pueden otorgar a partir del momento que se levantó la reserva (2009) que tenía la Corte Penal Internacional en Colombia para juzgar crímenes de guerra, reserva que puso nuestro país al firmar el Estatuto de Roma, con el fin de facilitar eventuales procesos de paz en su momento, lo que no fue aprovechado por los insurgentes.

Finalmente, como ha sucedido en todos los procesos de paz alrededor del mundo, se va a aplicar la justicia transicional, es decir, adecuada al proceso que se lleva a cabo, con penas diferentes a las de la justicia ordinaria, con la salvedad de los crímenes de lesa humanidad. Esto no se lo inventó el gobierno de Santos. Recoge la experiencia de decenas de procesos de paz que se han llevado a cabo en los cinco continentes, aplicados a las realidades del nuestro.