El presidente Juan Manuel Santos habla de los diálogos en Cuba y de otros temas de interés nacional.


Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO
Santos cree que reescribir el estatuto tributario de la A a la Z generaría mucha incertidumbre en los inversionistas.

“Hay que ampliar los delitos conexos con los delitos políticos para hacer viable la paz”.

Con esta afirmación, unida a la de que las Farc tendrán que entregar las armas y desmovilizarse, el presidente Juan Manuel Santos cree que el próximo año se firmará la paz.

El Presidente cumple mañana los primeros 100 días de gobierno de su segunda administración. En la siguiente entrevista, concedida por ese motivo, el mandatario hace grandes anuncios políticos, y considera que hay que “examinar las consecuencias de delito político, respecto a la participación política de quienes dejen las armas”. Advierte que la paz está en un momento crucial “porque llegó la hora de las decisiones difíciles”.

Precisa, por otra parte, cómo el próximo año será el de la ejecución de las grandes obras de infraestructura.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo; el presidente de la Comisión Negociadora, Humberto de la Calle, y el mismo ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, le han pedido al Centro Democrático que dialogue sobre la paz. ¿Cuál es el interés del Gobierno en esa invitación?

La paz es de todos; es el bien supremo al que todos aspiramos, y no conviene por eso mantener o incentivar divisiones irreconciliables entre quienes estamos del lado de las instituciones y la democracia. Nuestro único y verdadero enemigo es el conflicto. Por eso queremos hablar con todos sobre la paz. Y le anticipo lo siguiente: esta semana se cumplen 2 años de conversaciones en La Habana y haré un importante anuncio a los colombianos en este sentido.
¿En qué sentido, señor Presidente?

En unirnos todos. Es un paso importante, pero no adelanto más.

¿Hasta dónde tienen razón las críticas que de manera permanente le formula al proceso de paz el procurador Alejandro Ordóñez?

Yo me encontré con el Procurador en Valledupar hace menos de un mes, en la Asamblea de Personeros, y allí él dijo –palabras más, palabras menos– que todo es superable si las Farc en realidad tienen la decisión de disolverse como ******o criminal, si están dispuestas a aceptar que han sido victimarios y si contribuyen a atender los derechos de las víctimas. Allá mismo le dije al Procurador que yo solo firmaba bajo esas tres condiciones, las mínimas que hemos planteado desde la iniciación de las conversaciones. No puede ser de otra manera.

Sobre este tema, en el foro de EL TIEMPO, la Universidad del Rosario y la Fundación Hanns Seidel, se trató el punto del delito político y conexos. ¿Cuál es su posición?

La expuso Humberto de la Calle.

¿Entonces, en qué sentido se debe modificar la definición de delito político, señor Presidente?

En que hoy el delito político abarca muy pocos delitos conexos; prácticamente ninguno. Hay que incluirlos para poder avanzar en un camino realista, para que jurídicamente podamos lograr la paz.

Hasta hoy, la definición de delito político es asonada, sedición y rebelión...

Sí. Hay que ampliar los hechos conexos con esos delitos.
Pero, concretamente, ¿qué delitos quiere incluir?

Los delitos conexos siempre han tenido límites. Justamente esa es la discusión que estamos proponiendo, pero somos conscientes de que esa apertura no puede ser ilimitada. Esa es precisamente la discusión que quiero que demos los colombianos.

Pero entonces ahí aparece la tesis del Procurador, que es contraria...
Sí, el Procurador tiene la tesis de que la situación actual es inamovible. Ahí hay una muy cordial discrepancia, porque la situación actual haría inviable la aplicación de la justicia transicional, pues tendríamos entonces que juzgar, uno por uno, a los alzados en armas y eso tomaría cien años. Además, es necesario examinar las consecuencias del delito político respecto a la participación política de quienes dejen las armas.

¿El narcotráfico o el ‘peaje’ para quienes cultivan coca podrían interpretarse, en este caso preciso de las Farc, como delito político conexo?

No quiero entrar a discutir los detalles de ese planteamiento; lo que le quiero reiterar es que sí necesitamos ampliar los delitos conexos para ser viable la paz.

En su opinión, por ahora, ¿delitos conexos como cuáles?

No quiero entrar en detalles. Pero tendrán que ampliarse los delitos políticos conexos si queremos la paz.

La inmensa mayoría del país quiere la paz, pero le inquieta la lentitud con que avanzan las conversaciones de La Habana. ¿Cómo acelerarlas?

Yo sé que hay impaciencia, es natural. ¿Quién no quiere terminar esta guerra lo más pronto posible? Pero mire lo que me dijo la canciller de Alemania, Ángela Merkel, la semana antepasada: dos años de conversaciones para un conflicto que lleva 50 años no son un largo tiempo. Nos quedan dos puntos de fondo, que se están trabajando simultáneamente y sin pausa, si bien son los más complejos: los derechos de las víctimas y el fin del conflicto propiamente dicho; es decir, la dejación de armas y la desmovilización. La instrucción a los negociadores del Gobierno es acelerar al máximo, dentro de la seriedad y prudencia con que se ha llevado el proceso.

En el foro de EL TIEMPO, la U. del Rosario y la Fundación Seidel, el general Mora dijo que sin dejación de las armas de parte de las Farc, él no firma el acuerdo. ¿Usted tampoco?

Por supuesto que tampoco. Esa ha sido la posición nuestra desde el primer día. No vamos a firmar ningún acuerdo de paz donde las Farc mantengan las armas o no se desmovilicen; las dos cosas tienen que hacerlas. Hacer política con armas es exactamente lo que queremos acabar en este país.

Pero, según mencionó el mismo general Mora, la afirmación es de un guerrillero.

No se le olvide, Yamid, el consejo de Nelson Mandela: pónganles atención solo a los acuerdos, no a lo que se diga alrededor de las mesas de conversaciones.

¿Dos años no le parece demasiado tiempo sin que haya realmente una claridad de lo que viene? ¿O sí hay claridad?

Hay absoluta claridad; hay unas líneas rojas que han estado ahí desde un principio, esas líneas rojas son inamovibles. Ahora estamos entrando en el momento de las definiciones, el momento de la verdad. Aquí es donde comenzamos a tomar decisiones difíciles de parte y parte, y vamos a tener que hacer una gran pedagogía para ir explicando esas decisiones, que ojalá nos lleven a la paz.

¿Usted diría que el año entrante será el año de la firma de la paz?

Sí. El año entrante debe ser el año de la paz porque, si no lo es, me parece que de ahí en adelante sería difícil mantener este proceso indefinidamente.

Es decir, si la paz no se firma el año entrante, ¿olvidémonos del proceso?

Yo no quiero poner fechas fatales, pero lo que sí le digo es que estos procesos tienen unas dinámicas. Estamos en un momento crucial y si no avanzamos, comenzamos a retroceder.

¿Por qué momento crucial, señor Presidente?

Porque llegó el momento de tomar las decisiones difíciles. Vamos a tener clara la pista de aterrizaje, cuál va a ser la justicia transicional, cómo la vamos a aplicar. Ese tipo de decisiones, y las que tienen que ver con el fin del conflicto propiamente dicho, se tendrán que tomar.

¿La justicia transicional no es impunidad, como sostienen quienes la impugnan?

No es impunidad. Es justicia, como su nombre lo indica, justicia transicional. Es decir, se aplica una justicia que nos permita la paz.

Las Farc han reiterado la posición de que ellos no aceptan cárcel...

Estamos entrando exactamente en ese punto de la discusión, que es el más complicado. ¿Cómo vamos a aplicar la justicia transicional? No se le olvide que somos el primer país que busca la terminación de un conflicto armado bajo el Tratado de Roma. Entonces, estamos sentando un precedente y lo que aquí acordemos se va a convertir en doctrina para conflictos futuros.

¿Qué impone el Tratado de Roma?

Que no haya impunidad, que se respeten los derechos de las víctimas: el respeto a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición, y esos derechos los vamos a respetar.