Denunciante Dorado
 |  Grupo Solarte/Sonacol (paraempresarios uribistas) desconoce y viola Consulta previa de ComunidadInga
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 | Grupo Solarte/Sonacol (paraempresarios uribistas) desconoce y viola Consulta previa de Comunidad Inga-Kametsa de Mocoa, Putumayo
Autor: Horacio Duque
País: Colombia
Región: Suramérica
El gobierno del señor Santos vive la euforia de la infraestructura y construcción de las dobles calzadas de cuarta generación/4G. Las de primera, segunda y tercera generación no han tenido los resultados celebrados en los medios durante los últimos 10 años.
El gobierno le está adjudicando la culpa de su retraso a los trámites de las licencias ambientales y Consultas previas a las comunidades étnicas, planteando, en consecuencia, una nueva reglamentación de tales instituciones, afectando derechos fundamentales de los indígenas y afrodescendientes, y la protección de ecosistemas estratégicos. Ya se expidió el Decreto 2041 de octubre de 2014 que modifico el trámite para la expedición de Licencias ambientales, el cual se hará de manera muy rápida, generando graves riesgos para la protección del medio natural. Está en curso una fuerte arremetida contra la Consulta previa y los derechos que la componen.
En el municipio de Mocoa, departamento del Putumayo, se encuentra ubicado el Cabildo indígena de la familia Inga-Kametsa, conformada por 112 núcleos familiares con 410 habitantes. Sobre su territorio ancestral se ejecuta un megaproyecto vial por la empresa Sonacol, propiedad de una poderosa familia pastusa de apellido Solarte. Dicha obra se ejecuta desconociendo el derecho fundamental a la Consulta previa a los grupos étnicos existentes, afectando gravemente su hábitat natural y el sistema ecológico amazónico.
El Cabildo ha realizado todos los tramites y gestiones ante las autoridades correspondientes, mediante derechos formales de petición, pero los resultados han sido completamente nulos por causa de la negligencia y arbitrariedad de tales entidades que han preferido favorecer los oscuros intereses de la empresa constructora, por cierto muy ligada al campo político del señor Uribe Vélez, quien los favoreció, durante su gobierno, con gigantescas contrataciones.
La comunidad Ingá-Kametsa es descendiente de los Incas, hace parte de la familia lingüística quechua, lo que permite a las comunidades asentadas en Perú, Bolivia y Ecuador comunicarse con ella. El número de indígenas miembros de la etnia Inga-Kametsa gira alrededor de unas 17.855 personas, ubicadas en el departamento de Putumayo. Para dicha comunidad tiene un profundo significado lo vegetal dentro de su vida cotidiana, al extremo de constituirse en el eje de referencia para guardar su memoria y los paradigmas de su historia. En efecto, la chagra o parcela del chamán puede considerarse como un microcosmos, donde se encuentran tanto los elementos básicos del mundo mítico como también las fuerzas que los animan.
Estos grupos acostumbran tener dos tipos de chagra, una de las plantas medicinales y otra la de cultivos comestibles. Mujeres y hombres siembran durante la luna llena en abril, mayo y junio.
Sobre el territorio de dicha comunidad se adelanta en la actualidad el Contrato No 407 de 2010, Modulo 1. Explotación de materiales de construcción, ubicado en jurisdicción del municipio de Mocoa, Departamento del Putumayo.
Se trata del proyecto de "Construcción de la variante San Francisco Mocoa"", que comprende la construcción de una vía nueva entre las cabeceras municipales de San Francisco y Mocoa, la cual será una ruta de una sola calzada con dos carriles bidireccionales de una longitud aproximada de 45.6 Km, incluyendo 49 puentes con una longitud de 2.775 metros, estructuras de contención, obras de arte y demás.
El 60% del trazado de la variante se encuentra ubicado en la Reserva Forestal de la Cuenca Alta del Río Mocoa.
Para la ejecución de este proyecto se cuenta con un presupuesto aproximado de quinientos mil millones de pesos (260 millones de dólares), que serán ejecutados a los largo de 6 años iniciando en el mes de septiembre de 2010 y terminando en el 2016.
Este proyecto de infraestructura hace parte de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (Iirsa), cuyo objetivo es desarrollar proyectos para el mejoramiento de la infraestructura regional de transporte, energía y telecomunicaciones; promover la integración regional; y facilitar la extracción de recursos naturales. Estrategia que cuenta con apoyo técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata.
Se trata de una obra de interés para la región Inga, incluido dentro del megaproyecto "Corredor Multimodal Tumaco-Puerto Asís-Belém do Pará", el cuál involucra directamente a los territorios indígenas de Putumayo. Este corredor multimodal está integrado por proyectos de naturaleza vial, fluvial, marítima y portuaria. De acuerdo con el Ministerio de Transporte de Colombia, son dos las funciones estratégicas del Corredor Intermodal: implementar el eje de desarrollo e integración del sur de Colombia, las zonas del norte ecuatoriano, el Amazonas peruano y el norte de Brasil, y potenciar la interconexión del interior del continente con la cuenca del Pacífico.
Lo grave de dicho proyecto es que lo implementan desconociendo la existencia de los pueblos Kametsa e Inga agudizando el despojo del territorio ancestral heredado por el Gran Cacique Carlos Tamoabio y bajo testamento otorgado el 15 de marzo del año 1700 y protocolizado en la Notaria Segunda de Pasto el 28 de septiembre de 1928. Se trata de un proyecto perjudicial para sus culturas y demás población del Putumayo puesto que la variante hace parte de un ambicioso megaproyecto de la Integración Regional Suramericana, que en nada beneficiara a los pueblos indígenas y demás habitantes del Putumayo ya que sus intensiones son de explotación minera, de recursos naturales, hídricos e hidrocarburos verificado a través de documento y mapas expedidos por Ingeominas en los que se observan las concesiones de explotación minera concedidas a multinacionales; la variante pasa justo por donde están ubicadas las minas.
La reserva forestal de la cuenca alta del rio Mocoa y el ecosistema del cual hace parte, es una zona muy rica en recursos naturales, fauna, flora, especies animales, recursos hídricos, mineros, hidrocarburos y maderables que hasta el momento se conservan en estado virgen por ser lugares sagrados dentro del territorio ancestral por cuanto allí se albergan los elementos vitales para los pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes del Alto, Bajo Putumayo y amazonas y que en este momento están en amenaza de ser intervenidos por la construcción de la mencionada vía.
Dentro de los planes de manejo ambiental y social que el Invías, Sonacol, Consorcio Vial del Sur y Corpoamzonia plantean para mitigar los impactos ambientales y sociales, no proponen alternativas eficaces que garanticen el menor impacto posible al ambiente, el ecosistema del cual hace parte la Reserva por cuanto no analizaron a fondo los efectos y daños acumulativos de largo plazo tanto en el aspecto ambiental y sociocultural ya que solo proponen para los pueblos indígenas el mejoramiento de las estructuras físicas de los Cabildos y la capacitación a un grupo reducido de personas indígenas en proyectos de etnoturismo.
Conviene recordar que el Ministerio de Medio Ambiente mediante auto 857 emitido el 23 de diciembre de 1996 y 125 del 10 de marzo de 1997 negó a Invías la alternativa UNO de construcción de la Variante San Francisco Mocoa debido a los graves efectos ambientales que ocasionaría.
Invías, para lograr la revocatoria de esta determinación por parte del Ministerio del Medio Ambiente, celebró una audiencia el cinco de marzo de 1999, en la ciudad de Mocoa en donde solo participaron en su mayoría politiqueros que manejan las instituciones de la región como la gobernación del Putumayo, alcaldías, cooperativas de transportadores, Corpoamazonia y otras instituciones desarrollando solo ponencias a favor de la alternativa UNO de construcción de la Variante San Francisco – Mocoa, dejando a un lado el análisis profundo sobre las implicaciones ambientales e impactos irreversibles sobre las culturas indígenas del Putumayo que causará a mediano y largo plazo este proyecto vial.
Recientemente, los representantes del Cabildo Inga-Kametsa, han realizado múltiples gestiones y presentado derechos de peticiones que son desconocidos por los funcionarios. Veamos la relación pormenorizada de dichas actividades.
En septiembre 15 de 2009 se publica el Plan de Manejo Ambiental, Social, Integrado y Sostenible –PMASIS- para el corredor vial Pasto-Mocoa variante San Francisco-Mocoa (co-l1019), donde Corpoamazonia y el Invías, después de una evaluación técnica, económica y ambiental, seleccionan para la obtención de material de arrastre a utilizar en la construcción de la variante San Francisco Mocoa, el Río Mocoa, ya que de conformidad con la normatividad municipal vigente (PBOT de Mocoa) se configura como un lugar apto para su explotación. El sitio exacto propuesto se ubicaba en las inmediaciones del casco urbano de Mocoa con coordenadas: N: 620.200 m, E 1.048.400 m.
En la margen derecha del río Mocoa se encontraba para esa fecha y se encuentra en la actualidad el asentamiento "El Guadual", el cual ocupa territorios ancestrales, donde se ha mantenido viva la cultura, el pensamiento, la cosmovisión, los usos y costumbres del Pueblo Inga.
Para los meses de octubre y noviembre de 2011, la empresa Sonacol S.A.S., realizó acercamientos con el asentamiento Indígena "El Guadual", enviando un profesional para realizar el censo de la comunidad, pero en ningún momento a esta le fue socializado el proyecto. Si bien es cierto se firmaban actas, se desconocía su contenido mediante maniobras de la empresa y los corruptos funcionarios gubernamentales, que variaban fraudulentamente los textos.
El 31 de enero de 2012, la empresa Sonacol S.A.S., se reúne con las familias del asentamiento "El Guadual", pero sin las garantías al debido proceso y el derecho a la Consulta Previa, se llegan a unos acuerdos verbales, como contraprestación al permiso para el paso del material de arrastre por el territorio de la Comunidad. Dichos acuerdos los plasma la empresa en un acta que hace firmar a cada una de las familias, sin entregarles copia de la misma, alteradas posteriormente. Luego, cuando la comunidad finalmente conoce el documento, es que se dan cuenta que aparecen compromisos a los cuales nunca se había llegado. Por lo que consideran que la empresa se aprovechó del desconocimiento que para la época tenía la comunidad respecto a su derecho a ser consultados.
El Servicio Geológico Colombiano, a través de su Dirección del Servicio Minero expide, por solicitud del Consorcio Vial del Sur, la Resolución DSM No. 0021 del 21 de febrero de 2012, por medio de la cual se concede la autorización temporal No. MLM-08541 para que el Consorcio Vial del Sur, explote durante tres (3) años a partir de la inscripción de la resolución en el Registro Minero, el yacimiento de materiales de construcción ubicado en el río Mocoa con coordenadas: N: 620620.8 m, E 1048450.0 m, para la construcción de la variante San Francisco Mocoa. Cabe anotar que esta Resolución está sujeta al adecuado cumplimiento de la normatividad ambiental (Art. 10 de la Ley 1382 de 2010) y por tanto el Consorcio Vial del Sur, está obligado a acatar lo establecido en el artículo 117 del Código de Minas, en lo que se refiere a la obtención de la Licencia Ambiental, como requisito legal para la ejecución de esta Autorización Temporal.
A partir del visto bueno emitido por Corpoamazonia, en el sentido de que se encontraba en trámite la Licencia Ambiental y del permiso temporal otorgado por el Servicio Geológico Colombiano, para la ejecución del proyecto: Contrato No. 407 DE 2010, la empresa Sonacol S. A. S., inició actividades hacia el mes de febrero de 2012, teniendo pleno conocimiento y ocultando a las entidades la presencia de la comunidad indígena Inga de Mocoa en la zona de influencia directa del proyecto.
El día 1 de abril del 2013, la empresa Sonacol S.A.S, envió una solicitud al Incoder para que esta entidad le indicara, de acuerdo a sus bases de datos e información, si en la zona de extracción de minerales del Río Mocoa, ubicada en el municipio de Mocoa, del proyecto: CONTRATO No. 407 DE 2010, se encontraban resguardos titulados y en trámite de titulación de las comunidades indígenas.
Para el día 9 de julio de 2013, el Incoder remitió un oficio como respuesta a una solicitud de la empresa Sonacol S.A.S., en el que indicaba que aun cuando las coordenadas del área de influencia directa del proyecto: Contrato No. 407 DE 2010, no coincidían con coordenadas de resguardos indígenas titulados registrados en el Sistema de Información Geográfica –SIG-, ni tampoco en la Base de Datos de la Subgerencia de Promoción, Seguimiento y Asuntos Étnicos, el proyecto: Contrato No. 407 de 2010, podría no obstante, impactar sobre los territorios titulados o en proceso de titulación de las comunidades indígenas del Putumayo, y que por lo tanto, si al adelantar actividades la empresa encontrara la presencia de comunidades indígenas o de sus territorios debería informar de manera inmediata a esta entidad.
La empresa Sonacol S.A.S como ejecutora del proyecto: Contrato No. 407 DE 2010, que conocía previamente (exactamente desde octubre de 2011) "la presencia" de la comunidad Inga de Mocoa en la zona de influencia directa del proyecto en mención, omitió lo estipulado tanto en la resolución No. 949 del 30 de mayo de 2012, como la Certificación emitida por el INCODER el 9 de julio de 2013, al no informar por escrito a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior y al Incoder, la presencia de dicha comunidad, evitando con ello que estas entidades inicien el proceso de Consulta Previa con todos derechos, en cumplimiento del artículo 330 de la Constitución Política, del artículo 7 de la Ley 21 de 1991, del artículo 76 de la Ley 99 de 1993 y del Decreto 2820 de 2010.
La comunidad Ingá de Mocoa el día 31 de julio de 2013, a través del señor Álvaro Muchaviso y Buesaquillo,
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