Publicado: 8 ago 2014
© AFP Marcos Brindicci
La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, afirmó este jueves que el mandatario estadounidense podría resolver el conflicto de la deuda argentina generado por un juez norteamericano.
En su discurso ante las cadenas nacionales en la Casa Rosada, la presidenta citó un artículo del diario británico 'The Guardian', según el cual el presidente tiene facultades de intervenir en el caso porque el fallo "interfiere en las relaciones con otro país".
"El presidente de EE.UU. cuenta con una facultad que le otorga su Constitución que se llama cláusula de separación de poderes que es conocida como fórmula de respeto mutuo y que significa que un presidente puede decirle a un juez que está interfiriendo en las relaciones", dijo la mandataria.
Hay un juez que quiere atropellar la soberanía de un país y que dejó 539 millones de dólares en un limbo jurídico
"Yo no conocía esa facultad presidencial. La usó el expresidente George W. Bush cuando el mismo fondo 'buitre' [NML Capital] quiso embargar fondos de la República del Congo", dijo Cristina Fernández.
La presidenta de Argentina acusa al juez neoyorkino Thomas Griesa de poner en un limbo jurídico los fondos consignados por Argentina para sus acreedores.
"Hay un juez que quiere atropellar la soberanía de un país y que dejó 539 millones de dólares en un limbo jurídico. No existe [no es legal] retener esos fondos. El fallo no tiene pies ni cabeza", dijo la presidenta.
Horas antes Buenos Aires había demandado a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por considerar que las decisiones adoptadas por los tribunales estadounidenses en el conflicto con los fondos buitre "violan su inmunidad soberana".
En 2001, Argentina firmó la suspensión de pagos sobre una deuda de más de 100.000 millones de dólares, el mayor impago de la historia.
El país logró reestructurar un gran porcentaje de esa deuda en 2005 y en 2010, con una reducción del 65% por parte de más del 92,4% de sus acreedores, pero los fondos buitre liderados por NML Capital, que habían comprado parte de esos bonos, no aceptaron el acuerdo.
Thomas Griesa en 2012 obligó al país a pagar 1.330 millones de dólares a los acreedores que no entraron en el canje de deuda, un dictamen confirmado por la Corte Suprema de EE.UU. en junio pasado.
Buenos Aires no está dispuesto a cumplir el fallo y alega que, si aceptara, vulneraría sus contratos con los fondos estructurados.