Carolina Botero Cabrera
Valdría la pena revisar el informe “Libertad de Expresión e Internet” de la relatora para la Libertad de Expresión de la OEA, pues para repensarnos como sociedad democrática debemos analizar siempre la tensión de derechos, especialmente importante si pretendemos hacer transición hacia una paz duradera.
Por: Carolina Botero Cabrera
Asonal y el senador Talero evitaron esta semana una reforma que criminalizaba aún más el derecho a la protesta social. En 2013 cambió la ley penal para evitar que protestas ciudadanas bloquearan vías, entonces se aprobó el actual artículo 353A aunque fue cuestionado por indeterminado, ambiguo y autoritario, porque penaliza en forma amplia la protesta social, abordándola como atentado contra ciudadanos (está en la ley de seguridad ciudadana que combate crimen organizado, terrorismo y delincuencia común) y no como su derecho. Aclaro que fue declarado constitucional en su momento, pero ampliar la criminalización es seguir horadando ese derecho.
Entre los cambios que se plantearon se buscaba retirar del artículo la expresión “por medios ilícitos” y agregar que la conducta sea cometida “con medios que impidan la plena identificación o usando falsa identificación”. Estas modificaciones habrían supuesto que el uso de redes sociales para decir que se apoya una causa social X sería considerada como una incitación a una protesta concreta Además, ¿hasta qué punto una norma de este tipo antes de proteger estaría vulnerando el derecho al anonimato?
No justifico con esto los desmanes de “fanáticos del fútbol” que aprovechan cualquier excusa para el vandalismo. La irresponsabilidad de esas “celebraciones” tienen también el efecto de seguir acorralando en el miedo a la gente (¿cuántos de quienes se vieron atrapados y asustados en un Transmilenio o de los que se afectaron económicamente, no están dispuestos hoy a apoyar restricciones a los derechos civiles en nombre de la seguridad?). No desistamos de buscar una sociedad respetuosa de los derechos civiles donde protesta y celebración puedan suceder abiertamente en el espacio público.
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El gobierno entregó cifras de piratería, "100 millones de dólares se pierden por la piratería de textos escolares, libros por internet, libros universitarios en papel y libros vendidos en semáforos", ¿de dónde salen los datos?, ¿cómo los obtienen?, ¿en Colombia?, ¿en el mundo?, ¿en un mes?, ¿en una década?
Carolina Botero | Elespectador.com