Alcaldía firmó tres contratos al día tras destitución de Petro |
8:36 p.m. | 12 de Abril del 2014
Suman $ 46.000 millones. Se contrató a abogados de alta factura y a especialistas en comunicación.
Durante los 101 días transcurridos desde la destitución del alcalde Gustavo Petro, el 9 de diciembre de 2013, hasta que la Presidencia la hizo efectiva, el 19 de marzo último, la secretaría general de la Alcaldía de Bogotá firmó un promedio de tres contratos diarios.
El grueso de la contratación se orientó a enganchar a abogados de alta factura y a especialistas en comunicación y en redes sociales para defender y difundir las decisiones de Petro y de su administración, incluidos los temas de las basuras y el polémico Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
Así lo señala un consolidado de la entidad, solicitado por este diario, que registra los nombres de las personas enganchadas, el objeto de los contratos y su cuantía. Según este último dato, la Secretaría comprometió más de 46.000 millones de pesos en ese lapso, la mayoría por medio de la figura de la prestación de servicios profesionales o de consultoría e incluso artísticos.
En los 101 días se enganchó a una decena de abogados de todas las disciplinas, en su mayoría para asesorar exclusivamente al despacho del alcalde.
En el grupo de juristas y ahora asesores de Petro, EL TIEMPO encontró al exviceministro de Salud Mauricio Alberto Bustamante, al exmagistrado John Fredy Saza Pineda y a los exconsejeros de Estado Rafael Enrique Ostau de la Font Pianeta y Manuel Santiago Urueta. Además, al exviceministro de Justicia Guillermo Reyes.
Defensa para POT y aseo
Desde enero, Reyes recibe un promedio de 17 millones y medio de pesos al mes “para acompañar al despacho del alcalde en los diferentes procesos, actuaciones y componentes relacionados con la prestación del servicio público domiciliario de aseo en el Distrito”, y para el fortalecimiento de la función pública. Se le girarán 209 millones de pesos durante 11 meses.
Y aunque el tema del aseo es el que tiene a Petro destituido y con procesos penales y disciplinarios, Reyes le negó a este diario que se trate de una especie de ‘defensa en la sombra’ o paralela, pagada con dineros públicos.
“A mí me envían estudios jurisprudenciales y yo emito un concepto. Uno de estos, el famoso decreto del tema de reciclaje y aseo de Bogotá. Emití un concepto en consonancia con lo que la fuerza administrativa dice”, aseguró. Y agregó que trabaja con la Alcaldía desde el 2012.
Por su parte, el exmagistrado Manuel Santiago Urueta recibirá 348 millones de pesos para que, en 18 meses, implemente y defienda el polémico POT, suspendido por orden del Consejo de Estado, al que Urueta perteneció.
Y el exmagistrado Ostau de la Font Pianeta, especialista en derecho público, se comprometió a “acompañar al despacho y a la secretaría en temas estratégicos para la gestión pública distrital”. El jurista, muy cercano a Julio César Ortiz, abogado de Petro, hará ese acompañamiento 11 meses y recibirá 180 millones de pesos.
¿Qué hacen entonces los abogados de planta que tiene el Distrito?
Bustamante, otro de los asesores del despacho del alcalde, en temas de salud –del que es experto–, recibirá 225 millones en 11 meses. Al respecto, el exviceministro advirtió que ese contrato no tiene que ver con el hecho de que haya conocido y estudiado con Petro en Zipaquirá, cuando eran niños.
Ofensiva mediática
A la ofensiva judicial se les unió una mediática que incluye a cinco expertos en estrategias de comunicación –que ganan entre 4 y 8 millones al mes–, fotógrafos, expertos en redes y periodistas, dedicados a alimentar los medios de la Alcaldía, especialmente el Twitter. También figura una relacionista pública con una asignación promedio mensual de 9 millones de pesos.
Su rol es el de “fortalecer, a través de relaciones públicas y con contactos periodísticos y empresariales, proyectos y logros de la Alcaldía para que la ciudadanía los reconozca, identifique y así lograr su posicionamiento ante la opinión pública”.
Otra parte del dinero comprometido fue a parar en decenas de contratos de personal de diferentes disciplinas que ahora le presta sus servicios a la Alta Consejería para los derechos de las víctimas, la paz y la reconciliación, a cargo de Ana Teresa Bernal.
En ese solo programa se comprometieron 2.880 millones de pesos para enganchar, entre otros, a arquitectos, topógrafos, sicólogos, contadores y más abogados.
Y aunque, en 2012, la Contraloría cuestionó que Bernal ganara 16 millones al mes, sin ser profesional, este año se le hizo un incremento de un millón de pesos.
Los sueldos y las primas de Petro
La Alcaldía también informó que, como Gustavo Petro se mantuvo en el cargo tras su destitución, en diciembre se le giraron todas las gabelas que tiene aprobadas: los 20 millones de la prima de Navidad; una bonificación de 15 millones 879 mil pesos y una prima técnica de 5 millones 954 mil pesos. Además, ese mismo mes se le giró una bonificación por gestión de territorio, por 6 millones (que no explicaron), y 4 millones de pesos por gastos de representación.
En total, en diciembre recibió 63 millones 915 mil pesos. Y entre enero y marzo, 55 millones 169 mil pesos.
UNIDAD INVESTIGATIVA
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