Como de costumbre, mucha veces se escribe para pensar y se termine por decir idioteces. Lo importante de la discusión en estos momentos no es lo que le pase a Petro. Hay en juego, primero, el destino de la ciudad más importante del país que produce el 30% de los ingresos nacionales. Segundo, el mal uso de los poderes otorgados a la Procuraduría General de la Nación por la Constitución del 91 que ha afectado gravemente la institucionalkidad del país. Tercero, los alcances que tiene la jurisdicción internacional, en este caso la interamericana de derechos humanos en nuestro ordenamiento, empezando por los alcances de las recomendaciones de la Comisión con sede en Washington. Cuarto, el desbordamiento de la acción de tutela que ha provocado un embrollo jurídico, dándole alcances que desnaturalizan su carácter residual y complementario. Quinto, la necesidad de una reforma a la justicia que le ponga coto a este desmadre jurídico. Sexto, las amplias repercusiones que podría tener para cientos de casos fallados por la Procuraduría, lo que podría provocar una inseguridad jurídica que afectaría todo el país.