Como lo he expresado en otros post, sin dejar de reconocer que el fallo de la Procuraduría contra Petro es injusto y desproporcionado y la Corte Interamericana es probable que le devuelva sus derechos políticos, estoy de acuerdo con la decisión del presidente Santos de salvaguardiar la institucionalidad colombiana.

Uno de los efectos de esta decisión que proviene de un país caracterizado por su seriedad jurídica y su respeto por el ordenamiento internacional es la revisión de las potestades de la Comisión Interamericana.

En varias oportunidades, la última el año pasado, se había pensado en esta profunda revisión y ahora, con la salida desafortunada en el caso Petro, seguramente se le dará curso a esta necesaria reforma, necesaria para generarle eficacia y responsabilidad a este organismo.

Los comisionados no tuvieron la objetividad necesaria, no estudiaron los argumentos del Consejo de Estado ni quisieron escuchar los planteamientos del gobierno colombiano, lo que le resta seriedad a su labor de defensa de derechos humanos.