Una cosa es que el fallo es desproporcionado y seguramente la jurisdicción contencioso-administrativa lo va a corregir o, en su defecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y otra bien diferente es que no ha tenido garantías.

Aunque sería deseable que la segunda instancia de estos procesos disciplinarios se surtiera ante un juez diferente, tuvo la oportunidad de ser oído y vencido en juicio y también la oportunidad -de la que abusó- de amparar sus derechos ejerciendo la acción de tutela.

Respecto a esto último, Petro sigue en el cargo porque se dictaron medidas cautelares que dejaron en suspenso su destitución, y, por último, tiene la opción de entablar la acción de nulidad ante el Consejo de Estado.

Es verdad, es demorado el proceso, al menos unos dos años, pero es un mecanismo judicial que permite revisar a fondo el proceso disciplinario y, si es del caso, corregirlo. Esto es lo que está esperando Alonso Salazar en este mes.

Tuvo y tiene garantías, aunque la reforma que se viene cocinando en el alto gobierno, las va a fortalecer para futuros casos, con una doble instancia y recortándole los poderes excesivos que tiene el Procurador, pero bueno, eso es harina de otro costal.

El día de las quemas se verá el humo. Esperemos si la CIDH le solicita al gobierno que dicte medidas cautelares en espera del fallo definitivo del Consejo de Estado si es que los abogados de Petro se deciden a entablar la acción de nulidad o, en su defecto, lo protejan hasta que dicte el fallo la Corte Interamericana.