En una democracia donde existe la separación de los tres poderes, una orden de aprehensión debe ser emitida por una autoridad judicial, de acuerdo con la ley. En un régimen autoritario, es el gobernante de turno, por propia voluntad el que ordena la detención.

Recuerdo, en un consejo comunitario, cómo el por entonces presidente Uribe ordenó la detención de un funcionario ante las cámaras de televisión. Obvio que por haberse saltado los requisitos legales, el aprehendido debió ser dejado en libertad.

Pero los gobernantes autoritarios son así. Creen que la ley es un estorbo y con su voluntad pretenden reemplazarla. En Colombia, por fortuna, se corrigió el abuso presidencial ¿Sucederá lo mismo en Venezuela?