Se alargan los tiempos para Petro, se enreda la justicia y al Procurador se le creció el enano.

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Petro tendría hasta un año más de ‘gabela’ El alcalde, por cuenta de los tiempos de la Justicia, podría quedarse todavía un buen tiempo en el Palacio de Liévano. Las acciones de tutela que buscan suspender los efectos de la sanción de la Procuraduría contra el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro -que implican su destitución y su inhabilidad de 15 años para ocupar cualquier cargo público- podrían lograr sostener al mandatario por una buena temporada, mientras hay una decisión de fondo por parte del Consejo de Estado. Precisamente, algunos de los trámites que se deben surtir, y otros más que se dan por descontado, lograrían que el mandatario permaneciera al frente de la capital del país por un año más, de los cerca de dos que restan aún de su mandato constitucional. La primera tutela que deberá resolver el Consejo de Estado ya llegó: aquella que le fue negada al alcalde por improcedente, cuya ponencia con miras a una decisión final recayó en el magistrado Guillermo Vargas Ayala. La directriz del alto tribunal es que todas las tutelas que lleguen serán llevadas a Sala Plena, a causa de su importancia jurídica. De ahí que se espera que lleguen 36 acciones interpuestas ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Según las cuentas, en medio de esta batalla jurídica, la Procuraduría lleva ganadas 18 tutelas, mientras que el alcalde Petro contabiliza 11. Las cuentas Pero el Consejo de Estado no deberá revisarlas una a una. Fuentes del alto tribunal consultadas por Semana.com, quienes reservan su identidad, manifestaron que la corporación acumulará todas las acciones de tutela que lleguen y habrá un único ponente -en ese caso Vargas Ayala- que presentará un proyecto el cual será debatido por los 27 magistrados de la Sala Plena. En primera instancia, se da por descontado que llegará una lluvia de recusaciones contra los magistrados del Consejo, puesto que varios de sus familiares tienen puestos en la Procuraduría o, incluso, en el Distrito, por lo cual tendrían que declararse impedidos para conocer el asunto. Ese proceso, para que ‘jueguen los que tienen que jugar’ puede tomar hasta seis meses. Vendría luego el capítulo de la acumulación las tutelas, lo cual también lleva su tiempo aproximado de dos meses. Posteriormente se deberá presentar la ponencia de fallo que defina si la suspensión de la decisión de la Procuraduría está ajustada a la ley: dos meses más. Por último vendría la votación final, la cual se puede demorar tres meses. Total: 13 meses. Esta suma no tiene en cuenta si se le dará prioridad absoluta al caso Petro y dado que otros asuntos llevados a Sala requieren también de términos perentorios, habría una espera aún mayor. Por otra parte, las mismas fuentes aceptan que el tiempo –dependiendo también de varios factores- podría más bien acortarse y situarse sobre ocho meses. Para un sector mayoritario del alto tribunal la suerte de la Procuraduría estaría echada, puesto no habría tenido la competencia para delegar en la Sala Disciplinaria del Ministerio Público el juzgamiento de un aforado constitucional como lo es el alcalde Petro. Según la norma, tiene que ser el mismo despacho del procurador general quien ejecute dicho proceso, por lo cual sería procedente la suspensión del fallo hasta que se produzca de fondo una decisión definitiva por parte de una acción de nulidad. Si se tiene en cuenta todo este ‘tejemaneje’ judicial sobre el calendario, es posible que Gustavo Petro deba someterse al proceso de revocatoria y tendría la posibilidad de que su puesto como alcalde será refrendado por las urnas. Frente a todo esto ¿alguien se atreve a apostar cuál será el futuro del mandatario capitalino?

Fuente: Semana