Nada que hacer. La decisión del Procurador es legal. Que sea injusta es otro cuento. Lo bueno de todo esto es que se promoverá una reforma que armonice la legislación colombiana con el Pacto de San José y se le quite al procurador la facultad de destituir funcionarios elegidos por voto popular, aunque podría conservar la potestad de inhabilitarlos. Igualmente, de la reforma podría caber una segunda instancia que rodee de mayores garantías a los procesados.

Respecto a Petro, es posible que la Corte Interamericana revoque la destitución, pero deje intacta la inhabilidad para ejercer funciones públicas, pena accesoria que no contradice la legislación interamericana.

Petro, un alcalde ineficiente, saldrá en hombros del Palacio Liévano convertido en víctima y posiblemente podría influir en la votación de su partido en las elecciones de marzo. Un líder político sin puesto administrativo... por fortuna.

Infortunadamente, con su fracaso pierde Bogotá que queda en el limbo hasta 2016, ya que el alcalde que lo reemplace tiene poco juego para sacar adelante sus propias polìticas, por escasez de tiempo y porque quedarán contratos amarradas a ejecutarse en los próximos años como el metro, las nuevas troncales de Transmilenio y las apropiaciones presupuestales de 2014, incluyendo la educaciòn, a la que se le dieron los mayores recursos de la historia.