La Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra reitera su denuncia acerca de que la alta militarización en Arauca no funciona para proteger la vida, integridad y los bienes de la población sino la infraestructura o la maquinaría de las empresas petroleras.

Siete muertes violentas contra miembros de la sociedad en tres de los municipios del departamento en el marco del conflicto armado dan cuenta de que se está agravando la crisis social que se vive en el departamento.

En los días pasados fueron asesinadas 3 personas; José Vidal Pedraza Muñoz, Jaime Coronel Vargas y Roniel René Coronel, estos dos últimos padre e hijo respectivamente. Se suman a los homicidios anteriores en Saravena, de Ingrid Rocío Velandia Martínez y el menor José Daniel Alvernia; de Omar Patiño Martínez en la cabecera municipal de Arauca; y en Tame, del ganadero Argelio Burgos.

“Los homicidios aquí no son a manos de la delincuencia común, tienen que ver con unos fines políticos e ideológicos a causa del mismo conflicto armados. No ha habido pronunciamiento por parte de las autoridades y estos hechos se quedan en impunidad por falta de interés en su investigación”, indicó Sonia López, Presidenta de la Fundación.

Así mismo, ella insistió en un llamado a los actores del conflicto armado: al Estado colombiano a través de su fuerza pública y a las organizaciones rebeldes, las Farc y el EPL, a determinarse por las normas del derecho internacional humanitario y a respetar a la población civil. A la justicia, le exigió que se adelanten las investigaciones de manera que se pueda garantizar a las víctimas su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral.