Magistrados dicen que aún no han llegado a una determinación frente al tema. 
El argumento de los magistrados fue que necesitaban más tiempo para estudiar la tutela que interpuso la Corporación Taurina para que la fiesta brava regresara a Bogotá. Los magistrados Mauricio González, Luis Guillermo Guerrero y Gabriel Mendoza estudiaban el caso por el cual, hace casi dos años, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, acabó por decreto con la fiesta brava en Bogotá, al no renovar el contrato de arrendamiento de la plaza de toros.
Petro invoca la sentencia C-666 del 2010 y asegura que en ella la Corte Constitucional prohibió las corridas donde haya sufrimiento animal o torturas.
La Corporación Taurina, por su parte, alega que es una mala interpretación de la sentencia y que lo que hizo el alto tribunal fue establecer que donde hay tradición sí puede haber corridas de toros.
La ponencia del magistrado González positiva busca tumbar el argumento de Petro con la misma sentencia C-666, que dice que ninguna administración municipal puede prohibir la realización de las corridas (y por extensión de otros espectáculos, como las peleas de gallos) donde exista una tradición cultural e histórica.
Además, en la discusión se planteará que el Congreso de la República es el único órgano facultado para ‘humanizar’ la fiesta brava, suprimiendo la muerte del animal o prohibiendo las corridas.
No obstante, este jueves tras una larga discusión los otros dos magistrados pidieron que la discusión del tema siga el año entrante, porque necesitan más tiempo para analizar los argumentos.