Una cosa es la indignación, la protesta misma, los llamados a actuar con justicia, las buenas realizaciones de Petro, su honestidad, etc. y otra los recursos jurídicos que deben interponerse ante las autoridades competentes.

Infortunadamente, por lo menos en lo que al derecho interno se refiere, sólo le resta un recurso al alcalde Petro, el de reposición ante el Procurador para que dé marcha atrás en su decisión. No existe una segunda instancia que permita una revisión por otra autoridad y es materia de discusión para una reforma a la justicia que se presentará el próximo año.

Resta, al margen, una acción de tutela, pero de acuerdo con lo expresado por la Corte Constitucional en el caso de Piedad Córdoba, el procurador tiene la competencia constitucional para destituir al alcalde de Bogotá.

Aquí hay que aclarar que Bogotá tiene un régimen especial, y que sólo en casos taxativamente señalados por la ley (de índole penal) tiene el presidente la facultad de destituirlo. En lo demás, el poder preferente es el del procurador.

Cáigase el cielo y la tierra, se rasgue el velo del templo, nubes de indignados copen las plazas de Colombia, el destino del alcalde Petro está en manos del Procurador.

Internacionalmente es otro cuento. Agotadas las instancias jurídicas en Colombia, se puede acudir a la CIDH que ha dejado en claro que de acuerdo con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, sólo un juez, previa declaratoria de responsabilidad penal, puede destituir a un funcionario elegido popularmente.

¿Ordenará la CIDH dejar sin efecto el fallo disciplinario de la Procuraduría? Es posible. En el caso de un candidato a alcaldía en Venezuela cuya pérdida de derechos le impidió presentarse a elecciones, se falló a favor, pero no había sido elegido.

En tres o cuatro años lo sabremos. Por ahora, de acuerdo con la Constitución y las leyes colombianas, el procurador tiene la última palabra y gústenos o no, Gustavo Petro saldrá de la alcaldía en la tercera o cuarta semana de enero.