Tatiana Acevedo
Por estos días el gobierno y la guerrilla de las Farc conversan sobre drogas ilícitas, se conmemoran dos décadas del asesinato de Pablo Escobar y Andrés Pastrana saca un libro revolviendo recuerdos sobre los casetes, los liberales y la “monita retrechera”.
Por: Tatiana Acevedo
Se habla sobre el narcotráfico y sobre cómo “lo dañó todo en Colombia”. Engendró enfrentamientos entre mafias, le declaró la guerra al Estado, transformó a los partidos políticos, patrocinó resentimientos armados y costeó reacciones violentas de algunas élites.
En este contexto cabe enumerar algunas de las tensiones que lo antecedieron (¿Qué problemas teníamos antes del narco?). Algunas de estas, giraron alrededor de la tierra, las minas y el contrabando.
En 2001 López Michelsen culpaba al narcotráfico de la violencia nacional. “En la costa Atlántica”, afirmaba el ex presidente, “no existía la lucha de clases con las características que vemos en la actualidad. La gente vivía de manera muy igualitaria y todavía no se había presentado el síndrome de las sucesivas bonanzas que crearon una nueva escala de valores.” Pese a las ensoñaciones de López, en el caribe las “sucesivas bonanzas” estuvieron precedidas por grandes conflictos por tierras. Se hicieron reclamos contra el modelo latifundista local, demandas de acceso a crédito y denuncias de violencia contra el campesinado por cuenta de terratenientes, en equipo con agentes Estatales.
En el caso de la minería, los distintos esfuerzos y fracasos de gobiernos varios por regular la actividad minera esmeraldera han sido documentados. Durante la república liberal se alerta ya sobre la presencia de hombres fuertes que controlan minas, la existencia de grupos de seguridad privada y la connivencia entre estos grupos y la política local. Como lo han documentado autores como Gutiérrez Sanín y Guerrero Barón, la explotación clandestina era “regulada” por bandoleros como Efraín González y el “Ganso” Ariza, que protegían los intereses de los llamados “magnates de Muzo”. Aunque ambos negocios, esmeraldas y coca, se traslapan en algún momento, el primero (con sus dinámicas de violencia) antecedió al segundo.
La frontera “porosa” con Venezuela, lo que atraviesa sus ríos y caminos y la criminalidad asociada a estas transacciones, han sido también preocupaciones recurrentes desde comienzos del siglo veinte. Durante la confrontación partidista de inicio de los treinta, por ejemplo, el director de la policía enviado desde Bogotá para evaluar el conflicto en Norte de Santander afirmó: “Debo advertir que los acontecimientos allí tienen un carácter distinto y fueron motivados por la presencia de la policía que iba a impedir el contrabando que de manera libre e irrestricta se ejercía”. Así, alguno de los comandantes enviados a desarmar esta población (a la que describió como “belicosa” y “parecida a la Venezolana”) tuvo que permanecer escondido al no poder ingresar a uno de los municipios. “Permanecí acuartelado diez y nueve horas, (…) esa población se encuentra en un completo desorden y rebeldía, estando el principio de autoridad perfectamente postergado y el pueblo abiertamente en pugna con instituciones” informó.
Agricultura, ganadería extensiva, esmeraldas, contrabando de trago, cigarrillos o revólveres. Pese a que el narco transformó todo lo relacionado con cada uno de estas actividades, existen de plano ciertas continuidades. Tensiones que preceden al narcotráfico y permanecen hoy. Que se hacen evidentes en momentos en los que la restitución de tierras tropieza con la reacción armada (64 líderes reclamantes han sido asesinados desde 2008 ). En tiempos en que la minería -ya no sólo de esmeraldas- se resiste a la regulación de la ciudadanía (en el caso de la Colosa con ayuda de la Procuraduría). Y en que las fronteras, por las que ahora pasa de todo, siguen siendo objeto de estigma e incomprensión.