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Kaffeetrinker 2 Alcaldes, 'con los crespos hechos' por la ley de garantías Calificación: de 5,00

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Mandatarios no podrán hacer obras públicas en las que aspiren a tener cofinanciación del Gobierno.

Los alcaldes del país que aspiren a realizar obras de infraestructura con cofinanciación del Gobierno Nacional tendrán que esperar hasta después de que sea elegido el próximo presidente, debido a la entrada en vigencia de la ley de garantías.
Así lo afirmó este domingo el ministro del Interior, Aurelio Iragorri, al explicar algunos de los alcances de la norma, la cual, según concepto de la Procuraduría, entró en vigor el pasado sábado. (Lea también: Procuradora interpreta mal ley de garantías: Minjusticia)
Iragorri, que tuvo que enfrentar la molestia de varios alcaldes el pasado viernes porque no alcanzaron a firmar unos convenios interadministrativos que permiten la construcción de centros de convivencia, dijo que la afectación mayor está en temas de infraestructura.
“La afectación real es cuando se quieren hacer labores de descentralización o suscribir convenios interadministrativos, lo cual queda prohibido con la ley de garantías”, dijo el funcionario.
Esto quiere decir que, por ejemplo, obras como puentes, carreteras o acueductos que aspiren a emprender los municipios con el apoyo del Gobierno quedan congeladas hasta después del 25 de mayo o del 15 de junio del 2014, en caso de que haya segunda vuelta presidencial.
De acuerdo con el Ministro, la disposición detiene la firma de “miles” de convenios de este tipo.
Uno de ellos fue el que generó un incidente el pasado viernes en la sede del Ministerio del Interior cuando cerca de 60 alcaldes no pudieron firmar convenios para construir los centros de integración ciudadana (CIC).
Los CIC son coliseos con una tarima y con ellos se busca que los habitantes de las localidades puedan hacer deporte y presentar actos culturales como mecanismo para mejorar la convivencia, una de las banderas del jefe de la cartera del Interior.
Estos proyectos, según explicó Iragorri, se aprueban en un promedio de 15 días, y esta “rapidez” se “regó” entre los alcaldes” del país “y el viernes llegaron cerca de 1.100 proyectos y 300 mandatario locales” para tratar de conseguir el suyo.
Para tener un CIC, de los cuales se han adjudicado 234 –la mayoría en municipios de escasos ingresos y pocos habitantes–, los entes territoriales deben demostrar una serie de condiciones.
“Les ofrezco una disculpa a los alcaldes con los que no se alcanzó a firmar el convenio, ya que no estábamos preparados para que llegaran 1.100 proyectos al tiempo; pero en enero del próximo año serán los primeros que incluiremos”, dijo.
El Ministro admitió que “el error” del pasado viernes pudo estar en que “se debió divulgar qué proyectos ya estaban listos para la firma, y esto hubiera evitado que otros alcaldes, que tenían los suyos hasta ahora en proceso de revisión, hubieran llegado para presionar”.
Condiciones para centros de convivencia
De acuerdo con el ministro del Interior, Aurelio Iragorri, para que un municipio tenga un centro de integración ciudadana (CIC) debe demostrar una reducción en los índices de violencia.
Si la localidad prueba que bajaron las riñas y los atracos, por ejemplo, el Gobierno le ayuda a financiar las obras del CIC. Cada uno de estos proyectos puede costar entre 680 y 1.100 millones de pesos, dependiendo de su tamaño.
REDACCIÓN POLÍTICA
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