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INDIVIDUAL · 08-11-2013 , 14:21:09

El procurador Alejandro Ordóñez. / Archivo
Tres pronunciamientos de la Procuraduría General de la Nación este jueves fueron suficientes para que varios congresistas dijeran que Alejandro Ordóñez, el jefe del Ministerio Público quiere favorecer con su poder a la fuerza política del expresidente Álvaro Uribe, el principal opositor del gobierno de Juan Manuel Santos.
El primero que habló fue el procurador general Alejandro Ordóñez cuando dijo que no entendía cuál era el alboroto y el entusiasmo tras el anuncio del acuerdo sobre participación política entre el Gobierno y las Farc. Además aseveró: No sé en qué consisten los avances, lo que se pactó (en La Habana) no es nada nuevo, no había ni obstáculos legales ni constitucionales para eso”.
De acuerdo con Ordóñez, hay que distinguir entre la participación política como partido y el ejercicio de funciones públicas de quienes son responsables de delitos de lesa humanidad, de crímenes de guerra y de genocidio. "Ellos no pueden ni acceder a la función pública ni ejercer cargos de representación popular", reiteró.
La segunda de esas intervenciones que molestaron a los santistas la hizo la procuradora delegada para la Sala Disciplinaria, y presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales de la Procuraduría General de la Nación, María Eugenia Carreño Gómez, cuando recordó que el próximo 9 de noviembre empieza la Ley de Garantías (cuatro meses antes de las elecciones al Congreso que empiezan el 9 de marzo de 2014) y que por lo tanto los alcaldes y gobernadores, incluido el presidente Santos, deben abstenerse de inaugurar obras, suscribir convenios de adquisición y ejecución del programa de viviendas, o asistir a eventos que puedan ser considerados proselitistas.
Lo anterior, explicó Carreño, es tan solo el preámbulo de la respuesta que la Procuraduría le dio al Ministerio de Vivienda, que en días anteriores había elevado una consulta al Ministerio Público, sobre la entrega de viviendas de interés prioritario del Gobierno dentro del calendario electoral.
En ese escenario, Carreño también se refirió al concepto que emitió recientemente el Consejo Nacional Electoral, que negó que la foto del expresidente Álvaro Uribe fuera el logo de este movimiento, y solicitó la revocatoria de ese concepto. Al funcionaria argumentó que los partidos son autónomos en adoptar el logo que escogen, siempre y cuando no violen los principios del estatuto básico de los partidos políticos.
De inmediato se escucharon voces de congresistas rechazando la intervención de la Procuraduría. Desde el liberalismo, el senador Luis Fernando Velazco manifestó que el jefe del Ministerio Público no se puede convertir en el jefe de debate de la extrema derecha y que debe actuar de acuerdo a sus obligaciones jurídicas y no a sus convicciones políticas. En la misma orilla estuvo el senador Roy Barreras, asegurando que se cae de su peso pensar en que por atender el requerimiento de un solo candidato al Senado, como Uribe, se termine cambiando toda la infraestructura de las elecciones de 2014, y que la máxima autoridad en el tema electoral es el Consejo Nacional Electoral.
El representante Guillermo Rivera insistió en que ya hay una decisión tomada acorde a lo que establece la ley y que será un juez el que evaluando las tutelas del uribismo tome una decisión en la que no tiene por qué intervenir la Procuraduría.
Por su parte, el exregistrador nacional Juan Carlos Galindo cree que es difícil de establecer una eventual participación en política del procurador Ordóñez, porque sus funciones constitucionales son muy amplias. Es por un lado el representante de la sociedad, el garante de derechos fundamentales y puede intervenir ante autoridades administrativas.
Lo mismo cree Alejandra Barrios de la Misión de Observación Electoral cuando analiza de manera aislada el pronunciamiento de la Procuraduría frente al tema de la Ley de Garantías y señala que esa es una de las funciones que tiene el Ministerio Público: vigilar que los gobernantes no participen en política y el buen desarrollo de las elecciones. Además aclara que estas advertencias no son nuevas y recuerda que durante el gobierno de Álvaro Uribe se congeló el censo de Familias en Acción también por la Ley de Garantías. Sin embargo, Barrios critica que el procurador haya vuelto tan mediáticas sus posturas personales y políticas.
Por lo pronto, mientras el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, dijo que le pedirá al procurador revisar la decisión que sólo permitiría al Gobierno entregar viviendas hasta este 9 de noviembre, el presidente Juan Manuel Santos, aprovechando la palomita, y a vísperas del eventual anuncio de su reelección presidencial, promocionó en sus declaraciones y hasta en su cuenta de Twitter su maratón de vivienda: “Con 2.200 viviendas en Risaralda estamos rompiendo eslabón en la cadena del atraso. Construir casas para los más necesitados es construir paz”, dijo el mandatario.

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