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INDIVIDUAL · 30-10-2013 , 12:25:18

Durante los últimos 20 años, Colombia ha insistido en regular el servicio militar obligatorio. Primero fue la ley 48 de 1993, que establece el debido proceso para la definición de la situación militar; después, las sentencias de Corte Constitucional C-728/09 (reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia al servicio militar) y la C-879/11 (Que establece que las "batidas" son detenciones arbitrarias).
Sin embargo, ha sido la administración de Gustavo Petro en la capital la que ha puesto el debate sobre la mesa de manera más activa. En junio de este año, el Idipron (Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud) denunció las "batidas" del Ejército en la ciudad y llamó a una concertación con la Brigada XIII (que opera en la ciudad) para frenar este tipo de vinculación que consideró "una forma de reclutamiento ilegal". Al tiempo, la Secretaría de Gobierno respaldó a organizaciones civiles que iniciaron un proceso distrital de objeción de conciencia.
La polémica no tardó en venir. Luego de que el director del Idipron, José Miguel Sánchez, dijera que el Distrito había llegado a un acuerdo con las fuerzas militares para que no se hicieran más batidas y para que las alcaldías locales se convirtieran en los puntos donde los jóvenes puedan definir su situación militar y denunciar cualquier irregularidad, las mismas fuerzas militares lo contradijeron.
En julio, la Dirección Nacional de Reclutamiento de las fuerzas militares, y la misma Brigada XIII, salieron al paso. A través de ambas dependencias, las FFMM afirmaron que podrían seguir realizando batidas pues éstas estaban enmarcadas en la ley 48 y que “las alcaldías locales no son autoridades de Reclutamiento y Movilización”, por lo tanto, el reclutamiento seguiría siendo resuelto por los uniformados competentes.
Desde entonces, ha habido sucesivas reuniones entre la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, quien asumió el tema de manera directa después de las declaraciones del Idipron, las organizaciones objetoras de conciencia y las Fuerzas Militares.
Según fuentes de ambas partes, la raíz de las discusiones ha estado en las interpretaciones que cada una de las partes hace de la legislación vigente. Sin embargo, en el entre tanto, las alcaldías locales han dispuesto de oficinas para que personal militar resuelva dudas sobre la vinculación. Pero ninguna de las partes expone claridad suficiente sobre cómo debe hacerse el reclutamiento.
Por eso, el próximo jueves, la nación, el Distrito y los militares se reunirán para dar comienzo a una mesa de trabajo para que “de una vez por todas haya total claridad sobre cómo deben hacerse los reclutamientos, cómo se debe ejercer el derecho a la objeción de conciencia, por lo menos en la jurisdicción del Distrito”, dijo Andrés Idárraga, de la Secretaría de Gobierno.
Por el Distrito estarán, además de Gobierno, la Alta Consejería para las Víctimas y el Idipron. Por las FFMM, la Dirección Nacional de Reclutamiento y Control de Reservas. Y también asistirán la Procuraduría General de la Nación, la Oficina de la Delegada para Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo y el Programa Presidencial de Derechos Humanos.
Si bien hasta ahora comenzará la discusión, los jóvenes de las organizaciones objetoras han manifestado que este es un primer paso para que se construya un protocolo a nivel nacional sobre el tema. El Espectador intentó contactar al Coronel Juan Mejía, de la Dirección de Reclutamiento, para saber si la posible firma de un documento con el Distrito podía operar a nivel nacional y conocer sus alcances desde la perspectiva de las FFMM, pero no obtuvo respuesta.

Por: Redacción Bogotá