Que los ciudadanos duden de él: La mejor gestión del procurador Alejandro Ordoñez
Las actuaciones del procurador Ordoñez han despertado reacciones de rechazo en distintos sectores de la sociedad civil.

Las actuaciones del procurador Ordoñez han despertado reacciones de rechazo en distintos sectores de la sociedad civil.
Marcela Posada
[email protected]
Alejandro Ordoñez, como Procurador General, es el responsable de representar los intereses civiles ante el Estado. Paradójicamente, desde su elección por el Senado en 2008 ha despertado el repudio de varios actores de la sociedad civil.
Entre sus detractores están la comunidad feminista, la comunidad LGBTI, los defensores de animales e importantes líderes de opinión. En estos últimos se destacan Catalina Ruiz-Navarro, más conocida en la red Twitter como @catalinapordios, y el columnista Daniel Samper.
Lo acusan de pertenecer a una secta católica de extrema derecha, responsable de quemas libros y escribir panfletos contra los homosexuales. No es casual que “Restauración Nacional” (@colombiaderecha), vocero ultraderechista, presente a Ordoñez como el “funcionario público más querido por los colombianos”. Así lo afirma en el editorial “El trono de la Moral”; sí, escribieron moral con mayúscula.
Aunque algunos sectores respaldan la gestión de Ordóñez, los ciudadanos en general no le perdonan que sus decisiones y pronunciamientos oficiales estén sesgados por sus creencias religiosas. Por eso lo acusan de no respetar la Constitución del 91 y no reconocer a Colombia como un Estado laico.
En su informe de gestión, publicado en el año 2011, la Procuraduría destaca su participación en 75.247 audiencias, la presentación de 5.770 recursos y la realización de 66.285 actuaciones judiciales, la mayoría en defensa de los Derechos Humanos. Pero, más que un alto número de actuaciones, lo importante es verificar si sus fallos defienden o no los derechos de los ciudadanos contemplados en la Constitución. Y parece que no es así.
Una de sus gestiones más reprochadas fue su petición de anular el fallo de la Corte Constitucional que obliga al gobierno a informar a las colegialas sobre los derechos sexuales como mujeres. Según él, el fallo ordena “campañas masivas de promoción al aborto”. Además, creó un grupo especial para hacer control previo a la Clínica de la Mujer en Medellín, porque le informaron que tenía como fin practicar abortos.
La Corte Constitucional recibió una tutela interpuesta por 1.201 mujeres en septiembre de 2011 para que se respetara su derecho a la información veraz y confiable sobre sus derechos sexuales y reproductivos.
Otra de las controversiales recomendaciones de Alejandro Ordoñez al gobierno fue la de condenar a los guerrilleros muertos o desaparecidos en la toma del Palacio de Justicia en 1985. El argumento es que la medida permitirá reparar a las víctimas de la guerrilla; en cambio, pidió la absolución de los militares acusados de desaparición forzada en ese mismo caso.
Se le critica su tibieza frente a las instituciones militares y policivas, como en el caso del grafitero Diego Felipe Becerra, presuntamente asesinado por un patrullero de la policía en la ciudad de Bogotá. En este caso, se limitó a decir que “se respetará el derecho al debido proceso, a la realidad probatoria y al derecho de la defensa”.
Todas estas decisiones influyeron para que un grupo de ciudadanos crearan la campaña convocada en internet y medios de comunicación llamada “Procura”. En esta campaña, los ciudadanos se comprometen a realizar veeduría a los procesos concernientes a la elección del nuevo procurador y a la gestión del actual. En esta iniciativa participan jóvenes, estudiantes, famosos, artistas, académicos. Sin importar si los integrantes hacen parte de algún cargo público o si son voceros de un partido político, esta se ha convertido en la tribuna para buscar un ejercicio constitucional del cargo de Procurador.
Antes de Alejandro Ordoñez no existían este tipo de iniciativas. Podría decirse, entonces, que su gestión logró que se creara esta veeduría ciudadana a la gestión de la Procuraduría. Esta es tal vez una de las mejores gestiones de Ordóñez: obligar a la ciudadanía a vigilarlo ante la inconstitucionalidad de sus actuaciones.
Foto: Procura Colombia