Denunciante Dorado
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 | MINGA SOCIAL, INDÍGENA Y POPULAR
Por la vida, el territorio, la autonomía y la soberanía*
por ONIC
Por la vida, el territorio, la autonomía y la soberanía*
Autor:Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC
País:Colombia
Región uramérica
Contexto general
La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), fue fundada en 1982, durante el Primer Congreso Nacional de los Pueblos Indígenas. Desde su nacimiento, el trabajo de la Organización se basa en cuatro principios fundamentales, a saber: TERRITORIO, CULTURA, AUTONOMÍA y UNIDAD. Estos principios han orientado la resistencia, la lucha y el quehacer de los pueblos indígenas colombianos. La ONIC se encuentra conformada por 44 organizaciones indígenas de todo el país, aunque de sus espacios de debate y proposición, participan organizaciones no adscritas formalmente. A nivel internacional, la Organización es una de las fundadoras de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI).
Por mandato de las autoridades ancestrales y milenarias de los pueblos indígenas, la ONIC aboga por el pleno respeto y cumplimiento de los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas. Asimismo, protege la integridad étnica, física y cultural de los pueblos, a través de la defensa y promoción de sus derechos, amparados en la Ley de Origen, la Ley 89 de 1890, la Constitución Política de Colombia de 1991, el Convenio 169 de la OIT, y recientemente, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
En reiteradas ocasiones los Pueblos Indígenas de Colombia, nos hemos visto obligados a usar las vías de hecho para exigir el cumplimiento de nuestros derechos. Sin embargo, el día en que el presidente Juan Manuel Santos llegó a la Presidencia de la República, y realizó su posesión simbólica en la Sierra la Nevada de Santa Marta, confiamos en su palabra y en el compromiso que el nuevo mandatario adquirió con los Pueblos Indígenas cuando le fueron entregadas cuatro Tumas sagradas que representan el agua, la tierra, la comida y gobierno.
Posteriormente, en ejercicio de su mandato, el Presidente y el Gobierno deben dar cumplimiento a diversas decisiones de la Rama Judicial que en varias sentencias, le ordenaban consultar con los Pueblos Indígenas importantes Políticas Públicas. Estos dos compromisos: uno de carácter espiritual, y otro de carácter jurídico, hacen que el gobierno del Presidente Santos decida sentarse con los Pueblos Indígenas, y activar varios de los escenarios de Concertación Nacional, entre otros, la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas.
Los Pueblos Indígenas estábamos preparados para retomar las propuestas estructurales que se habían quedado archivadas en las oficinas de algunas entidades del Estado: derechos humanos, paz, territorio, autonomía e identidad, seguían vigentes en nuestras agendas. Y en la nueva coyuntura, otros temas empezaron a sumarse: los autos emitidos por la Corte Constitucional, en seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, de especial connotación, el Auto 004 de 2009, que declaró la situación de exterminio físico y cultural de por lo menos 34 Pueblos Indígenas. En conclusión, seguíamos dispuestos a cumplir con la misión de defender el territorio y la vida en todas sus dimensiones.
Un sin número de temas fueron situados sobre la Mesa. Los Pueblos Indígenas demostramos nuestra capacidad de diálogo, de interlocución, formulación y concertación de propuestas, y en un acto de fraternidad y de solidaridad con las víctimas no indígenas del conflicto armado colombiano, lanzamos un salvavidas al proyecto de ley de víctimas que cursaba en el Congreso (hoy Ley 1448 de 2011).
El camino en estos escenarios de concertación no fue nada fácil: nos encontramos con múltiples obstáculos que iban desde las trabas jurídicas, funcionarios que no entendían nuestras reivindicaciones, limitaciones presupuestales, dilaciones en el cumplimiento, que sumadas al final, resultaron en la falta de voluntad política del Gobierno para asumir y hacerse responsable de los compromisos adquiridos; a pesar de lo anterior, mantuvimos nuestra voluntad de dialogo hasta el final. Pero entendimos que más valieron las presiones de los amigos de la guerra, y los grandes intereses económicos, que la defensa de la vida.
En todo caso, el Gobierno Nacional utilizó estos escenarios de concertación como modelo ante la opinión pública, nacional e internacional, mostrando resultados y avances inexistentes.
Lo más grave es que mientras se desarrollaba el diálogo político entre los Pueblos Indígenas y el Gobierno nacional, la violencia sociopolítica, el conflicto armado, las limitaciones del territorio, los ataques a nuestros derechos, persistieron e incluso se incrementaron .
Persistimos en el diálogo hasta que la situación se volvió insostenible: a pocos meses de finalizar este gobierno, el balance sobre los 96 acuerdos contenidos en el anexo IV del Plan Nacional de Desarrollo, el incumplimiento total del Decreto Ley 4633 de 2011, la falta de voluntad política para entregarnos la administración integral de nuestros sistemas, la desidia institucional, incluso, se promovieron acciones de desarticulación del movimiento indígena como una estrategia intencional del Gobierno Nacional.
Por todo lo anterior, y recogiendo el sentir de nuestros pueblos y autoridades, decidimos convocar a la Minga Social Indígena y Popular -Por la vida, el territorio, la autonomía y la soberanía.- A partir de allí definimos cinco temas estructurales de la agenda, los cuales están estrechamente relacionados:
1. Derechos Humanos, conflicto Armado y Paz
2. Territorio
3. Política Minero Energética del país
4. Política Económica y Agraria Colombiana
5. Autonomía Política, Jurídica y Administrativa
A continuación desarrollamos los puntos críticos y nuestras exigencias en cada uno de estos temas.
14 de Octubre de 2013
DERECHOS HUMANOS, CONFLICTO ARMADO Y PAZ
Puntos críticos frente a Derechos Humanos, Conflicto Armado y Paz.
La ONIC y sus organizaciones regionales han venido llamando la atención reiterativamente, sobre la grave situación de genocidio y etnocidio sistemático que afecta profundamente los derechos individuales y colectivos de los Pueblos Indígenas en Colombia. En 2008, durante la Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular, fueron denunciados ante el entonces Presidente, un total de 1.244 homicidios contra mujeres y hombres indígenas y 70.351 fueron víctimas de desplazamiento forzado (entre el 1 de enero de 2002 y el 16 de octubre de 200 ; registro que contraría la cifra presentada por el Estado, el cual informa sobre un total de 640 homicidios y 55.325 personas desplazadas en el periodo señalado .
A pesar de la alarmante advertencia sobre la situación afrontada por los Pueblos Indígenas en Colombia, en los años subsiguientes (2009 – 2013), se suman a esa cifra un aproximado de 400 homicidios y cerca de 18.154 indígenas víctimas de desplazamiento forzado . Haciendo un análisis porcentual, en 11 años las cifras evidencian el siguiente panorama: diariamente 35 indígenas fueron desplazados forzadamente de sus territorios, entre 1 y 2 indígenas fueron desplazados cada hora y fueron asesinados 1 indígena cada 40 horas.
En lo concerniente a otras vulneraciones de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, se encuentran cifras absolutamente escalofriantes: ejecuciones extrajudiciales: 388 casos; homicidio intencional: 379 casos; herida intencional: 312 casos; detención ilegal y/o arbitraria: 271 casos; amenaza individual: 219 casos; amenaza colectiva: 176 casos; tortura: 115 casos. Sumado a lo anterior se identifican dentro de los pueblos afectados con mayor profundidad, sin contar la cifra de desplazamiento forzado, los siguientes: Nasa: 1008 personas; Nación Emberá: 629 personas; Awá: 289 personas; Wayúu: 235 personas y Kankuamo: 164 personas. (indicar el período)
Todo esto sin contar con la afectación diferencial de grupos poblacionales específicos: mujeres (Auto 092 de 2008 y 098 de 2013); niños, niñas y adolescentes (Auto 251 de 200; sabios y sabias y, personas en condición de discapacidad indígenas (Auto 006 de 2009), quienes han encontrado gravemente vulnerados sus derechos con ocasión de la violencia proveniente del conflicto armado.
Ejemplo de ello son las cifras que entre 2009 y 2013 se encuentran sobre mujeres y niñas indígenas: Un total de 1442 mujeres y 761 niñas vieron vulnerados sus derechos en dicho periodo; en eventos de desplazamientos masivos se relacionan 538 mujeres y 369 niñas; 87 mujeres y 31 niñas fueron víctimas de confinamiento; 41 mujeres y 9 niñas fueron asesinadas y, 358 mujeres y 249 niñas sufrieron algún daño por infracciones al DIH.
Esta situación se agrava teniendo en cuenta que la población indígena en el país se totaliza en 1.392.623 personas, equivalente al 3.3% de la población nacional a 2005 (Censo DANE 2005); sin embargo a 2013 la población indígena total en el país es de 1.071.482 personas. A esta reducción poblacional significativa se adiciona la existencia en la actualidad de Pueblos Indígenas abocados a desaparecer: De los 102 Pueblos Indígenas existentes en Colombia, 36 se identifican en riesgo de exterminio (Auto 004 de 2009 y 382 de 2010), y 31 se encuentran en proceso inminente de extinción a la fecha (la mayoría de los cuales no cuentan con una protección especial que dé cuenta de dicha dinámica), siendo en total 67 los Pueblos (equivalentes al 65,7% del 100% de Pueblos Indígenas existentes en Colombia), que cuatro años después de expedido el Auto 004 se encuentran ad portas de desaparecer.
Estos últimos 31 Pueblos que están padeciendo el exterminio aceleradamente (ubicados en un alto porcentaje en la Orinoquía y Amazonía colombiana), cuentan con grupos poblacionales de menos de 500 personas: 18 tienen una población inferior a 200 personas y 10 están conformados con menos de 100 individuos. El impacto del conflicto armado de manera directa e indirecta y los factores vinculados y subyacentes al mismo, se reflejan entonces en la desaparición de un porcentaje importante de Pueblos Indígenas, así como la desaparición de idiomas, cosmovisiones y tradiciones culturales.
Restringiendo el análisis a las cifras descritas, concentrando los hechos victimizantes en los 31 pueblos y permitiéndonos partir del supuesto de dicha focalización de afectaciones en contra de los mismos, el resultado es desgarrador: en 10 años los 10 pueblos que cuentan con menos de 100 personas habrían desaparecido según la tendencia identificada en un periodo similar y, en promedio, en 60 años desaparecerían los 31 pueblos actualmente en proceso de exterminio.
Lo más desconcertante es que las cifras previamente indicadas observan un subregistro, que invisibiliza la situación real de vulneración de derechos de los Pueblos Indígenas, dicha realidad es reconocido por la institucionalidad colombiana y por las organizaciones indígenas; a la fecha no se tienen datos exactos a partir de los cuales evidenciar la real afectación de los Pueblos Indígenas en el marco del conflicto armado. A esto se pueden agregar variables como la desnutrición e inseguridad alimentaria, condiciones precarias de salud,empobrecimiento, discriminación estructural, carencia de adecuación institucional, militarización, megaproyectos, desterritorialización, entre otros factores, que vulneran estructuralmente el derecho a la vida de los Pueblos Indígenas.
Lo anterior se conjuga con lo ya destacado por la ONIC ante la CIDH en cuanto a la relación entre hechos victimizantes en contra de los Pueblos Indígenas e intereses sobre nuestros territorios, "Tenemos serios indicios de que las graves violaciones de los derechos humanos a la población indígena, catalogadas por el Estado Colombiano y los mismos grupos armados como "daños colaterales" de todo enfrentamiento armado; bien pueden enmarcarse como un objetivo más, y no una consecuencia inevitable de la guerra lo que agrava la ya delicada situación de desarraigo cultural. Numerosos hechos aislados atados con un mismo hilo conductor, podrían estar vinculados entre sí a un contexto más amplio, donde se perfila el desarraigo comunitario como un objetivo político común de las partes combatientes".
El conflicto armado y la guerra, con expresiones violentas como las descritas en los renglones anteriores, han ocasionado, a pesar de las advertencias oportunamente efectuadas por los Pueblos y Organizaciones Indígenas, consecuencias irreparables. Desde nuestras óptica "la paz pasa obligatoriamente por el reconocimiento y garantía de goce efectivo de los derechos territoriales de los pueblos ya que la guerra contra nosotros se ha hecho para despojarnos de nuestra territorialidad ancestral, desde la misma llegada de los españoles. El conflicto armado tiene gran parte de su escenario en los territorios indígenas, a causa de la disputa por los recursos naturales y la intervención de la gran minería y los macro proyectos, lo que está ocasionando una de las mayores crisis humanitarias en nuestros pueblos" .
Así las cosas asumiremos en esta Minga que "La solución política del conflicto armado no es la paz del país, aunque es un paso necesario en el avance hacia la misma; por ello, somos los Pueblos Indígenas de Colombia, los sectores sociales y la sociedad civil en general, los llamados a construir, en un horizonte de corto, mediano y largo plazo, esa paz sostenible y duradera que anhelamos" .
Principios frente al tema de Derechos Humanos, Conflicto Armado y Paz
Reivindicación del Derecho a la Vida y rechazo al Genocidio de los Pueblos Indígenas en Colombia.
Para nosotros los Pueblos Indígenas, todos los seres -desde el más pequeño hasta el más grande, tienen derecho a vivir. Las personas, montañas, los animales, los árboles, los ríos y las piedras, todos tienen una función, una misión y un lugar en el universo. Sustentar antropológicamente.
En los últimos 30 años de existencia de la ONIC, se ha insistido y probado la persistencia de prácticas genocidas en contra de los Pueblos Indígenas; la desaparición más o menos paulatina de un pueblo indígena ocurre por múltiples causas, algunas de ellas atribuibles a hechos deliberados (o en todo caso reconocidos) que por su grave impacto físico, ambiental o cultural conducen al exterminio del grupo como entidad colectiva. Desde el punto de vista jurídico, el fenómeno del exterminio configura un genocidio cuando se demuestra la sistematicidad de los hechos que lo ocasionan y la deliberación de los agentes que provocan el exterminio.
Última edición por PEDROELGRANDE; 19-10-2013 a las 20:50:00 |