La imaginación es una de las armas del pensamiento humano. En una sociedad cambiante donde nuevos problemas aparecen a diario, las soluciones del pasado pueden no ser las más eficaces para enfrentar los nuevos retos.

Cuando se trata de aplicar justicia, de conseguir la mayor eficacia en su aplicación, hay que buscar los caminos que permitan soluciones reales. Esto sucede con los bienes obtenidos de manera ilícita, que hay que detectar, conseguir su devolución y, por supuesto castigar a los responsables, no sólo los autores sino a sus testaferros, que han prestado sus nombres para evadir la justicia.

Las telarañas delictivas son muy complejas y los investigadores deben emplear demasiado tiempo en desenredar la maraña y conseguir que se cumpla la ley. De ahí que buscar la cooperación de los testaferros a cambio de beneficios jurídicos, beneficia a las dos partes.

Gana la justicia al conseguir la extinción de dominio de un gran número de bienes obtenidos ilícitamentey ganan quienes prestaron sus nombres para configurar el delito, obteniendo rebajas de pena por su colaboración y un pequeño porcentaje de lo entregado.

Lo ideal, por supuesto, es castigar con todo el rigor a los infractores, pero el sinnúmero de bienes y los complejos escondrijos legales hacen que esta tarea no sea solo titánica, sino en la mayor parte de los casos, estéril.

¿Se burla la justicia? No, porque se consigue el objetivo fundamental que no es otro que arrebatarles a los delincuentes sus fortunas mal habidas, y, además, de acuerdo con el principio de oportunidad, se premia a los que colaboren con la justicia.

Pero los fundamentalistas, que no encuentran otro camino que la hoguera, satanizan este buen proyecto de ley. Prefieren cien años de investigaciones con unas escasas condenas, que pocos años de grandes resultados y muchas condenas.

¿Dónde está la impunidad?

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Procurador arremete contra la ley de extinción de dominio Por: REDACCIÓN ELTIEMPO.COM | 8:14 a.m. | 07 de Octubre del 2013 La iniciativa está siendo impulsada por la Fiscalía. Señala que promueve el testaferrato. La Procuraduría General de la Nación criticó fuertemente al proyecto de ley que promueve la Fiscalía General en el Congreso que integra nuevas reglas de la extinción de dominio. El procurador Alejandro Ordóñez planteó la preocupación porque la norma ordena monetizar los bienes a lo que se les ha extinguido al dominio y que están en cabeza de la Fiscalía General de la Nación. Para el jefe del Ministerio Público “no parece constitucionalmente admisible que un mismo órgano decrete la extinción de un bien para ser su directo beneficiario”. Así mismo, Ordóñez manifestó sus reservas frente a la concesión de beneficios a los testaferros, “dado que sería un claro enriquecimiento ilícito y se pondría al Estado como promotor del testaferrato”. Tal como lo reveló EL TIEMPO hace una semana, el proyecto incluye una gabela para los testaferros que les permitiría quedarse hasta con el seis por ciento de los bienes ilegales si se acogen a sentencia anticipada y colaboran con la justicia. Esta crítica se suma a la que ya hizo el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, quien también le hizo grandes reparos a la iniciativa del fiscal Montealegre. "Habría que ver hasta qué punto hemos sido exitosos en conseguir una mayor eficacia sacrificando justicia -dijo el ministro-. Yo preferiría tener un Sistema Penal mucho más eficaz desde el punto de vista de la investigación criminal para fortalecer el ******o investigativo, para que la Fiscalía no tenga que contentarse con lo que buenamente quieran decir, delatar o entregar”. En el mismo sentido, Gómez Méndez expresó sus dudas sobre otros mecanismos de justicia premial y llamó a hacer una evaluación sobre la aplicación del principio de oportunidad (mecanismo que permite suspender investigaciones penales a quienes colaboren con la justicia) en la desarticulación de organizaciones criminales. También señaló que podría ser inconveniente la distribución de recursos provenientes de extinción de dominio que plantea el proyecto, según el cual, la Fiscalía se quedaría con el 50 por ciento de los bienes sobre los que finalmente se extinga el dominio. Algunos sectores consideran que esa medida podría afectar los recursos para la Ley de Víctimas. REDACCIÓN ELTIEMPO.COM

Fuente: El Tiempo