Conservarían hasta 6 % de propiedades si se acogen a sentencia anticipada en extinción de dominio.
Los investigados en procesos de extinción de dominio –muchos de ellos testaferros– podrían quedarse hasta con el 6 por ciento de sus bienes ilícitos si se acogen a sentencia anticipada y colaboran con la reparación de las víctimas, el desmantelamiento de las organizaciones criminales o con la delación de propiedades ocultas en otras manos criminales.
Esa medida, tan pragmática como polémica, está incluida en la reforma de la Ley de Extinción de Dominio, que ahora tiene rango de Código y que entra a tercer debate en el Congreso, impulsada por la Fiscalía.
La iniciativa busca agilizar procesos que son clave para desarticular las organizaciones criminales, pues las dejan sin oxígeno financiero. Esta semana empieza su paso por la Comisión I de Senado y la ponencia plantea “beneficios por colaboración” que llegarían “hasta un 3 por ciento del valor de los bienes que sean objeto de sentencia anticipada”. El monto podría duplicarse hasta el 6 por ciento si el procesado decide además colaborar con la justicia.
El incentivo, que recoge el pragmatismo que impera en el sistema penal acusatorio, podría ser multimillonario. Marco Antonio Gil, el ‘Papero’, ha entregado bienes de origen ilegal por casi un billón de pesos y además ha colaborado en casos como el que acaba de poner preso al general Flavio Buitrago. De estar vigente la norma se habría quedado con propiedades totalmente saneadas hasta por 60.000 millones.
La gabela económica no implica beneficios penales automáticos. Así, los que decidan acogerse a sentencia anticipada en los casos de extinción de dominio podrían terminar pagando cárcel por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. “La herramienta más efectiva contra las mafias es quitarles la plata. Este es un mecanismo de justicia premial que ha funcionado en otros países y que es clave para que la extinción cumpla su papel”, dice el vicefiscal Jorge Perdomo.
Tras fortunas afuera
El de los beneficios por colaboración no es el único punto polémico que trae la propuesta de la Fiscalía, que ya fue aprobada en Cámara y que acaba de ser avalada por una comisión multipartidista integrada por los senadores Jesús Ignacio García, Hernán Andrade, Hemel Hurtado, Karime Mota, John Sudarsky, Juan C. Vélez y Luis Carlos Avellaneda.
El artículo 10 de la reforma establece que “durante la fase inicial la actuación será reservada, incluso para los sujetos procesales e intervinientes”. Esto, en la práctica, significa que se puede poner a andar una extinción de dominio incluso años antes de que el investigado se entere, pues la “fase inicial” no tiene términos específicos. La Fiscalía sostiene que el procedimiento es idéntico al que se aplica hoy en los procesos del sistema acusatorio y que ya fue avalado por la Corte Constitucional.
El nuevo Código de Extinción, además, plantea que en esta fase el organismo pueda realizar procedimientos como “interceptación de comunicaciones, allanamientos y registros, búsqueda selectiva en bases de datos y vigilancias”, entre otros, sin que necesariamente haya una autorización de un juez de garantías.
Además de acortar los tiempos de las extinciones, la norma crea un poderoso grupo de investigadores (más de 300, según los planes del fiscal Eduardo Montealegre), que se dedicarán exclusivamente a perseguir las fortunas ilegales, especialmente las que están en el exterior. Habría al menos 50 nuevos despachos de fiscales de extinción (hoy son 23).
De esta manera se abordará por primera vez un frente, literalmente, abandonado por las autoridades colombianas. Eso, por ejemplo, ha pasado con las fortunas que la mayoría de jefes ‘paras’ tenían en otros países (incluso en Europa) y que hasta ahora no llegan al fondo de reparación para las víctimas.
Otro punto clave es que, por primera vez, las decisiones de extinción de dominio o de decomiso proferidas en el extranjero podrán aplicarse en el país, con base en el principio de reciprocidad y de colaboración judicial, sin necesidad de un proceso ante un juez. También se crearán más juzgados especializados de extinción de dominio, pues hoy solo hay tres.
Mitad de lo incautado, a la Fiscalía
La ponencia del proyecto que será discutida en tercer debate plantea que el 50 por ciento de los bienes de extinción, una vez monetizados, se destinen directamente a la Fiscalía.
Hay un cambio importante con respecto a lo aprobado en la Cámara, que destinaba esos fondos, sin establecer porcentajes, “al sector justicia y a sufragar los gastos de los programas sociales dirigidos a la atención de víctimas”.
La ponencia de Senado elimina la palabra ‘víctimas’ en este punto, y establece que “los bienes inmuebles rurales de extinción sean destinados a los programas de generación de acceso a tierra administrados por el Gobierno”. Y añade: “El dinero en efectivo que sea afectado dentro del proceso de extinción de dominio será administrado por la Fiscalía General de la Nación y destinado a esta entidad una vez declarada la extinción definitiva del dominio”. Esos cambios han generado debate en varias instancias oficiales.
‘Vamos por fortunas escondidas en el exterior’
El vicefiscal Jorge Perdomo, que ha estado al frente del proyecto, asegura que la ‘cirugía’ a la extinción de dominio y el fortalecimiento de la Fiscalía en esos procesos, son necesarios para el país.
¿Por qué se propone que la fase inicial de las extinciones sea secreta, incluso para los afectados?
Es un procedimiento normal que se aplica, sin ningún tipo de queja, en el proceso penal actual. La Fiscalía solo lleva un caso ante los jueces cuando tiene un proceso sólido y hasta ese momento no hay publicidad de lo actuado. Ese procedimiento ya lo avaló la Corte Constitucional y solo lo estamos llevando a los procesos de extinción.
¿Cuál es la razón para plantear los incentivos económicos a los que se acojan a sentencia o colaboren con la justicia?
Lo que pasa hoy es que las personas se dedican a esconder los bienes. Lo que buscamos es abrir la posibilidad de que a quien entregue todos los bienes que no puede justificar, y no solo hablamos de narcotraficantes, se le pueda garantizar una especie de mínimo vital. Ese porcentaje aumenta si además, como ha ocurrido recientemente, la persona colabora efectivamente con la justicia.
¿La Fiscalía queda con una especie de ‘superpoderes’ en materia de extinción?
Este es un proyecto construido a conciencia en el último año, con el Gobierno y entidades internacionales. Hacer realmente efectiva la extinción es clave para el país, y eso pasa por el fortalecimiento de la Fiscalía.
En año y medio, hemos ocupado bienes por 2,3 billones de pesos, una cifra inédita. Lo que se propone es ponerle un orden al destino de esos fondos incautados o extinguidos, entre otros proyectos, para crear un ******o de investigación capaz de perseguir los bienes ilegales, tanto acá como en el exterior.
REDACCIÓN JUSTICIA
EL TIEMPO