Voceros de la Universidad Pontificia Bolivariana confirmaron este lunes el hallazgo de dos funcionarios que confesaron la venta de notas a estudiantes, usando los medios de las Oficinas de Registro Académico.

"Queremos manifestar a toda la comunidad académica que esta es una universidad seria y comprometida con la calidad de la formación de sus estudiantes. En cuanto terminen los debidos procesos habrá lugar al aspecto judicial", indicó el presbítero Julio Jairo Ceballos Sepúlveda rector General de la Universidad Pontificia Bolivariana.

Ceballos afirmó que hace tres semanas se detectaron las inconsistencias, además alumnos admitieron la posibilidad de estos fraudes, por lo que comenzó la investigación.

Las autoridades universitarias, según Ceballos, comenzaron con una investigación para establecer si estas notas habían sido cambiadas por medios fraudulentos o si eran parte de correcciones de los mismos profesores hasta que se pudo establecer el delito.

Según versiones de estudiantes de la universidad, para el cambio de notas se pagaban entre 250.000 y un millón de pesos para realizar las alteraciones en el sistema SIGAA (Sistema de Información para la Gestión Académica y Administrativa), de la UPB. Pero esta información no fue confirmada por la universidad, pues afirman que hace parte de la investigación.

Ceballos confirmó esta mañana que la mayoría de estos casos se presentaron en las facultades de Ingenierías, Ciencias Estratégicas, Derecho y Ciencias Políticas en los cursos de pregrado.

Y agregó que los funcionarios, uno ya con 10 años en la institución y otro contratado a principios de este año, ya fueron separados de sus cargos. Según Ceballos, los dos funcionarios hacían parte del área de Sistemas y Registro Académico y eran los únicos funcionarios que tenían acceso al sistema.

Así mismo, confirmó que los funcionarios eran los que contactaban a los estudiantes y no al revés, para realizar las alteraciones y concretar los negocios.

Mauricio Pineda, director del Centro de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la UPB, confirmó que las investigaciones vienen desde junio y el rastro de alteraciones comienza desde marzo con variaciones de las notas en el sistema de registro.

"Esta alteración de notas se debió a una acción no autorizada de dos funcionarios de la Institución. La UPB aclara que no se debió a una cuestión de fraude electrónico externo y que su sistema e historial de notas es totalmente confiable y seguro", indicó la universidad en un comunicado esta mañana.

Pineda afirmó que se está adelantando la respectiva investigación de los hechos para tomar las decisiones en cuanto a acciones disciplinarias internas y se están evaluando aquellos procesos adicionales a los que dé lugar dentro del respeto por el debido proceso.

Todavía no se confirma la cantidad de estudiantes que compraron las notas o si otros funcionarios estarían involucrados en este incidente. Hasta el momento se han llamado a 10 estudiantes para confirmar la alteración de las notas.

Al parecer, también estudiantes de Bucaramanga y Montería, habrían alterado las calificaciones. La única sede que no sufrió alteraciones fue la de Palmira.

Hasta el momento la universidad no ha presentado acciones penales contra los dos funcionarios, pues afirman que están en las investigaciones previas y de indagatoria a estudiantes.

El escándalo comenzó luego de que la emisora La F.m. revelara en la mañana de este martes la alteración de las calificaciones en este claustro académico.

Mineducación se refirió al tema

Por su parte, la ministra de Educación, María Fernanda Campo, aseguró a La F.m. que se enteró del caso por los medios de comunicación pues, hasta el momento, la Universidad Pontificia Bolivariana no ha puesto en conocimiento de las autoridades ninguna alerta en relación con las denuncias de fraude en su sistema de notas.

"La Universidad ha debido primero que todo tomar cartas en el asunto, desvincular a las personas que estuvieron presuntamente vinculados a este hecho irregular, poner la denuncia correspondiente ante la Fiscalía y promover que la entidades de control y vigilancia actúen de conformidad", dijo la Ministra.

Agregó que designará una comisión que viaje a Medellín para investigar el caso, aunque dijo que de momento no es posible referirse de forma concreta a las sanciones que podría recibir la universidad, aseguró, sin embargo, que para estos casos se contemplan desde amonestaciones públicas hasta multas de caracter económico.