¿Referendo distraccionista?

¿Referendo distraccionista?

El referendo que busca la reelección del presidente Álvaro Uribe Vélez es tal vez la iniciativa legislativa que más barreras viene saltando, aunque dejando una serie de dudas quizás insuperables, una de las cuales es absolutamente insalvable: su lucha contra el tiempo.
El más poderoso de todos los obstáculos que tiene la propuesta de referendo la expresó a principios de la semana que termina el doctor Aníbal Gaviria, precandidato liberal a la Presidencia de la República. Al referendo le faltó tiempo. La ley estatutaria 996 dispuso que “El presidente o el vicepresidente de la República que aspiren, a la elección presidencial de conformidad con las calidades establecidas en la Constitución Política, deberán declarar públicamente y por escrito su interés de presentarse como candidatos, seis (6) meses antes de la votación en primera vuelta. Copia del escrito deberá depositarse en la Registraduría del Estado Civil”. El término es perentorio y ya lo había dejado entrever el presidente del Senado Hernán Andrade, cuando hace ocho días le dijo a la revista Semana que esa inquietud rondaba la campaña reeleccionista y que un concepto jurídico les había aconsejado “redactar una ley estatutaria para cambiar ese aspecto de la Ley de Garantías, que pone la reelección en una dificultad muy grande. No obstante, no hay tiempo en esta legislatura”. Pues la verdad escueta y llana es la imposibilidad de sacar una ley estatutaria. Ya no les dieron las cuentas, pues la ley requiere, igualmente, el control previo de constitucionalidad y todo es imposible de lograr antes del fatal día 30 de noviembre del presente año, que vienen a ser los seis meses anteriores a la fecha de la elección presidencial.
Dicho en otros términos, el próximo 30 de noviembre tendría que estar vigente la reforma constitucional que admita una segunda reelección para que el Presidente pueda válidamente anunciar su interés de participar como candidato para las elecciones de 2010 y para ese día es imposible que el referendo haya sido aprobado por el Congreso, declarado constitucional por la Corte, aprobado por el pueblo, realizado el escrutinio y promulgado el acto legislativo.
El trámite en la Corte Constitucional no se realiza en menos de seis meses. Los fallos que ha dictado la Corte en el último año se han demorado entre seis y diez meses. No existen razones para que en el caso del referendo reeleccionista se demore menos y máxime cuando existen términos perentorios que deben garantizarse y que no se pueden recortar. Además, la Corte se va a encontrar con un tema difícil, no sólo por las complejidades jurídicas de este tipo de temas que no son cotidianos en el Derecho Constitucional, sino que la sentencia debe ser lo suficientemente convincente, independientemente del sentido de la decisión, lo cual no se redacta en un dos por tres. Los términos son de orden público, son objetivos y por ello en diciembre estaremos conociendo el fallo de la Corte sobre la ley convocatoria del referendo.
Ante esta situación, que es objetiva, el presidente Uribe debe de una vez por todas reconocer que el referendo no le es aplicable para las elecciones de 2010 y así el Congreso desistir de esa locura de aprobar un referendo a la medida de alguien que no lo puede utilizar.
El Presidente es consciente de esta situación, al igual que el presidente del Congreso, tal como él mismo lo ha reconocido, por eso la única explicación posible de esta situación es que el referendo no es reeleccionista sino distraccionista, pues con él es evidente que lo que se quiere es distraer la atención del Congreso, de la prensa y de la sociedad en general, para evadir la discusión de los graves problemas que tenemos como la no certificación en derechos humanos por parte de la Comisión interamericana; las chuzadas del DAS a la prensa, la oposición y a la Corte Suprema; los homicidios de jóvenes para hacerlos parecer como terroristas; la crisis económica; los graves problemas sociales; la parapolítica, entre muchos otros. Claro que también cabe la posibilidad que se pretendan saltar todo el ordenamiento jurídico, caso en el cual el asunto sería más grave.
El país reclama que nos concentremos en una nueva agenda, que los reales candidatos discutan los problemas del país y las propuestas que le presentan a la ciudadanía, y que el Gobierno responda frente a los graves cuestionamientos que se le están planteando.

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