Condenan a "falsas víctimas" de la Masacre de Mapiripán

Los defensores a ultranza de la solución paramilitar para combatir a la subversión han llegado al colmo de cuestionar la veracidad de matanzas como la de Mapiripán, en la que avivatos fingieron ser víctimas para cobrar las correspondientes indemnizaciones. Este hecho delictivo, sin embargo, no borra el horror causado por los paramilitares.

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13 MAR 2015 - 12:24 PM Falsas víctimas Condenan a "falsas víctimas" de la Masacre de Mapiripán Esto tras aceptar que engañaron a las autoridades judiciales para recibir una indemnización por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El monto de la condena se conocerá el próximo 6 de julio. Por: Redacción Judicial El juez 29 de conocimiento condenó a Mariela Contreras Cruz, Zuly Herrera Contreras y Argemiro Arévalo Cuero, quienes aceptaron su responsabilidad en haberle faltado a la verdad a las autoridades judiciales para acreditarse como “´victimas” dentro de la masacre de Mapiripán, ejecutada por grupos paramilitares entre los días 15 y 20 de julio de 1997 en el departamento del Meta. En la diligencia judicial, los procesados reiteraron su allanamiento de los cargos de fraude procesal en concurso homogéneo con estafa agravada. Según la investigación de la Fiscalía General, los procesados habrían defraudado al Estado por 3.343 millones de pesos puesto que fueron beneficiados en la condena emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por estos hechos. El fiscal de la Unidad de Derechos Humanos presentó elementos materiales de prueba entre los que se encuentran las declaraciones bajo la gravedad de juramento de las tres “víctimas” ante diferentes organismos de justicia, así como la retractación que hicieron de sus testimonios. En una audiencia ante un juez de control de garantías aceptaron su responsabilidad en los dos delitos imputados lo que les valdrá una rebaja en la pena. Los tres procesados aseguraron que “sus familiares no murieron en la masacre de Mapiripán”, reconociendo además que no fueron desplazados por dicha matanza. Estos elementos materiales dejan entrever que faltaron a la verdad e indujeron en error a las autoridades encargadas de administrar justicia. Al hacer una revisión de los testimonios se hallaron una serie de contradicciones en las declaraciones rendidas ante las diferentes autoridades judiciales y se pudo comprobar que sus familiares no habían fallecido ni desaparecido en dicha masacre. Documentos recolectados permitieron inferir que ni el esposo ni los dos hijos de Mariela Contreras fueron víctimas de dicha masacre. "Se gestó en una empresa común para presentar ante la Fiscalía una serie de declaraciones que indujeron al error a las personas encargadas de adelantar esta investigación". Ante esto se pudo evidenciar que Gustavo Caicedo Rodríguez no murió en el marco de la masacre como lo dijo Mariela Contreras en dos declaraciones juramentadas, las cuales fueron apoyadas por los testimonios de su hija y su yerno, quienes también son procesados por esta defraudación. El funcionario judicial igualmente rechazó la petición presentada por la delegada de la Procuraduría General que pidió anular el allanamiento de los cargos al considerar que no se cumplieron con los requisitos exigidos por la ley, puesto que no habían cumplido el requisito de reintegrar el 50 por ciento del dinero del cual se apropiaron de manera ilegal. “No se estaría cumpliendo con el principio de justicia restaurativa”, precisó la representante del Ministerio Público al señalar que el monto del dinero que recibieron de manera irregular es “escandaloso” hecho por el cual se tenía que exigir el cumplimiento de una serie de compromisos antes de emitir un fallo condenatorio. Sin embargo, el juez consideró que ya se había tratado este tema, por lo que dicho cuestionamiento ya había pasado “a cosa juzgada”. El próximo 6 de julio se conocerá el monto de la condena en contra de estas tres personas quienes actualmente se encuentran en libertad. El engaño Según el fiscal del caso, en el año 2000 Mariela Contreras declaró ante la Fiscalía que su compañero sentimental había sido asesinado por la guerrilla de las Farc. Sin embargo, poco tiempo después se presentó nuevamente ante las autoridades judiciales para indicar que su esposo y dos de sus hijos habían sido desaparecidos en el marco de la masacre. En su segunda declaración manifestó que llevaban ocho meses viviendo en Mapiripán. Un día su hijo menor enfermó por lo que le pidió a su compañero sentimental que lo llevaran un centro médico, cuando estaban saliendo se escucharon los ruidos propiciados por la incursión de los paramilitares en la región. “Cuando estábamos corriendo, aparecieron dos personas armadas y dijeron ‘este es’ y se lo llevaron. Le dije a mis hijos que corrieran, pero los dos mayores de 5 y 16 años fueron retenidos y hasta el momento no sé nada de ellos, presumo que están vivos”, señaló el fiscal al citar la declaración de Contreras en 2002 ante una Fiscalía especializada de Derechos Humanos. En su testimonio aseguró que le habían dicho que el cuerpo de su marido había desmembrado y arrojado al río Guaviare junto a otras decenas de personas, sin embargo fue clara en asegurar que no le constataba la veracidad de esos hechos. Versión que fue avalada parcialmente por los otros testigos quienes, según la Fiscalía, incurrieron en contradicciones de tiempo, modo y lugar. En el 2007, Zuly Herrera Conteras y Argemiro Arévalo Romero presentaron una nueva declaración, la cual fue clave para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara a la Nación y ordenara el pago de una multimillonaria indemnización a estas personas por la pérdida de familiares que hacían parte de su núcleo principal. Pero las pruebas recolectadas y los testimonios indicaron que estas personas no habían fallecido ni mucho menos desaparecidas en el marco de la ejecución de la citada masacre. “Los registros indican que el compañero sentimental de la señora Mariela Contreras falleció mucho después de los hechos registrados en 1997, que uno de sus hijos está con vida en la actualidad y otro falleció en hechos posteriores que no tuvieron nada que ver con la matanza”. Igualmente citó la versión libre entregada en marzo de 2010 por 10 postulados a Justicia y Paz quienes reconocieron su participación en la masacre.“Confesaron que asesinaron a seis personas, desaparecieron a cuatro y secuestraron a tres quienes posteriormente fueron liberados. No reconocieron o hicieron mención a los nombres presentados por Mariela Contreras, su hija y su yerno”. El fiscal del caso citó además la decisión de revisión emitida por la Corte Interamericana que excluye a estas personas como víctimas al considerar que no cumplen con los requisitos exigidos.

Fuente: El Espectador