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Juez niega recursos a taxistas implicados en muerte de agente de DEA
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Los siete colombianos irán a juicio en enero del 2015, salvo que se declaren culpables del crimen.
Foto: Milton Díaz Taxistas que fueron extraditados tras haberse visto implicados en el asesinato del agente de la DEA James Terry Watson.
Un juez en el estado de Virginia negó los últimos recursos que habían elevado el grupo de taxistas acusados del asesinato del agente de la DEA, Terry Watson, y con los que pretendían impedir que se les adelantara un proceso en su contra ante la justicia de EE. UU.
La decisión del juez Bruce Lee implica que cuatro de los siete hombres que fueron extraditados a EE. UU. el pasado 1 de julio irán a juicio en enero del 2015, salvo que se declaren culpables del crimen antes de su inicio. Tres de ellos ya habían escogido esta ruta y conocerán su sentencia en diciembre de este año.
Los abogados defensores del grupo de colombianos extraditados por el secuestro y asesinato de Watson le pidieron a la corte en octubre anular el proceso y devolverlos a Colombia pues a su juicio se habían violado normas constitucionales y otras leyes al EE. UU. reclamar la jurisdicción del caso.
El alegato de la defensa estaba basado en leyes aprobadas por el Congreso de EE. UU. en los años 70 y tratados firmados por este país tanto en la OEA como en Naciones Unidas en referencia a la figura de la Persona Protegida Internacionalmente, o IPP por su sigla en inglés.
De acuerdo con los defensores, cuando el Congreso convirtió en legislación la Convención de la ONU de 1972 para la Protección y Castigo de Crímenes cometidos contra IPP lo hizo buscando impedir ataques dirigidos a sus funcionarios en el exterior y enjuiciamiento de quienes así lo hicieran. Pero según estos, el estatuto exigía que el acusado tuviera la clara intención de atacar a un IPP. Como por ejemplo, las personas que asaltaron el consulado de EE. UU. en Bengazzi y dieron muerte al embajador.
Como se recuerda Watson murió luego de un enfrentamiento con delincuentes que intentaron hacerle un paseo millonario luego de recogerlo a la salida de un restaurante en Bogotá. Según los abogados, los taxistas no solo desconocían el estatus de su víctima sino que el crimen los pondría algún día ante la justicia de EE. UU. Y por eso reclamaban su devolución a Colombia para que ser juzgados allí.
En su concepto, Bruce sostiene que los estatutos y leyes de EE. UU. no exigen el previo conocimiento del estatus de persona protegida. Según este, así los responsables desconocieran que Watson era un IPP, su asesinato ocasionó “un daño a los intereses de EE. UU.” lo cual le otorga jurisdicción para enjuiciarlos.
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