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Los oscuros antecedentes de la ‘sala gris’
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No es nuevo que los militares estén involucrados en ‘chuzadas’. En el 2008 informes del desaparecido DAS, irónicamente, documentaron que miembros de inteligencia militar en Antioquia sobornaban a integrantes del CTI para tener acceso a chuzadas ilegales y a las salas de interceptación, y nada ocurrió en ese entonces.
Tampoco cuando incluso la propia ‘sala gris’ del Ejército salió salpicada en episodios de chuzadas ilegales. Uno de esos casos ocurrió en septiembre del 2009, en pleno escándalo de las chuzadas del DAS.
Desde la ‘sala gris’ del Ejército se interceptó ilegalmente al entonces magistrado estrella de la parapolítica, Iván Velásquez, en unas conversaciones con su familia y con el agregado judicial de la embajada de Estados Unidos en Bogotá.
Los números de Velásquez y de una alta funcionaria de la Procuraduría fueron ingresados ilegalmente y oídos en la sala de los militares. Esas chuzadas fueron detectadas y la investigación determinó que dos funcionarios del CTI que trabajaban con los militares en esa sala metieron subrepticiamente esos números simulando que se trataba del celular de un miembro del frente 53 de las FARC que hacía extorsiones.
Camuflar un número de una víctima de chuzada en un proceso de un caso real es uno de los modus operandi usados para tratar de meter goles en las salas de interceptación. Los funcionarios fueron condenados a 11 años de prisión.
Aunque esas chuzadas ocurrieron en el corazón de una de las más importantes unidades del Ejército, ningún militar resultó involucrado en la investigación. Aunque quedó claro que la ‘sala gris’ era susceptible a infiltraciones y los controles no impedían que se pudieran meter goles, la sala no se cerró en ese entonces.
Tampoco sucedió con otro incidente. En febrero del 2010 una operación de la DEA y la Fiscalía terminó con la captura y la posterior extradición de Ramiro Antury, quien como fiscal 10 antiterrorismo delegado ante las Fuerzas Militares durante años fue uno de los hombres más cercanos, apreciado y de confianza de la inteligencia militar quienes lo veían como uno de los suyos y con acceso a la información de la ‘sala gris’.
Ante la Corte del Distrito sur de Columbia aceptó cargos y fue condenado a casi cinco años de prisión en una cárcel estadounidense por haber participado en envíos de droga y de suministrar información a mafiosos sobre cuáles de sus teléfonos estaban siendo intervenidos, datos que conseguía en la 'sala gris'. Su arresto y su extradición fueron una sorpresa para algunos de sus amigos militares, que, obviamente, negaron saber los malos pasos en los que andaba su fiscal de confianza.
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