Con 'uñas y dientes' Ejército defendió el fuero militar
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Con 'uñas y dientes' Ejército defendió el fuero militar

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Con 'uñas y dientes' Ejército defendió el fuero militar



En un debate en el que se reconocieron los errores y excesos del 'Tolemaida Resort', el Ejército hizo público acto de contrición, pero rechazó que los militares sindicados y condenados tengan que ir a cárceles comunes.







La Comisión Segunda del Senado estuvo abarrotada de altos oficiales del Ejército. Generales y coroneles acompañaron a su máximo comandante, el general Alejandro Navas, y el ministro de Defensa Rodrigo Rivera, quienes afrontaron el más duro debate en los ocho meses del gobierno de Juan Manuel Santos.

El general Navas lo calificó como un debate al “honor del Ejército”. Y trató de responder a todas las críticas que desde la oposición hicieron por las irregularidades descubiertas en el Centro de Reclusión Militar de Tolemaida.

Allí, en esa cárcel especial para militares sindicados o condenados por delitos de todo tipo, hay excesos que fueron denunciados por SEMANA, en lo que el país ha conocido como el ‘Tolemaida Resort’.

Camilo Romero, senador del Polo Democrático, calificó ese centro de reclusión como un “camino a la impunidad” y por eso exigió responsabilidades políticas.

Sugirió la renuncia del ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, por considerar que el funcionario estaba suficientemente informado y advertido de las irregularidades y no hizo lo suficiente para adoptar los correctivos.

Según Romero, había seis antecedentes que demostraban que en Tolemaida los militares recluidos estaban abusando y excediendo el reglamento penitenciario.

Pero fue más allá cuando sugirió que, para ponerle freno a estos excesos, los militares condenados por graves delitos contra los derechos humanos paguen prisión en los pabellones especiales y con todas las medidas de seguridad de las cárceles comunes, y que en los sitios de reclusión especial sean instituciones civiles las que se encarguen de la vigilancia y control.

Fue el momento crucial de un debate que se extendió por más de cinco horas. El Ejército consideró esa alternativa como una amenaza al fuero militar, consagrado en la Constitución.

En ese momento del debate, el Ejército se sintió más que en un banquillo de acusados.

Esa postura sacudió al general Alejandro Navas. “El honor militar está siendo cuestionado”. Dijo que el ejército no se aparta de la ley y que los militares “caídos en desgracia, que no estuvieron a la altura de su uniforme, no pueden convivir en las mismas cárceles con los criminales a quienes la institución ha combatido”.

Se produjo un hecho con pocos antecedentes. Desde las barras, abarrotadas por uniformados, se levantó un veterano oficial en retiro. El general Álvaro Valencia Tovar, a quien le concedieron la palabra, dijo que “no es lo mismo resocializar a alguien formado bajo la moral de la carrera de las armas que la de un curtido delincuente”.

El acto de contrición

Navas, en casi una hora de intervención, dijo que el 17 de enero se tomaron todos los correctivos al detectar excesos en la cárcel de Tolemaida, los cuales, reconoció públicamente.

Otra lectura tenía el senador Camilo Romero porque mencionó seis antecedentes y que el ministerio de Defensa tardó en actuar.

Romero hizo referencia a un informe de la Procuraduría de 2009, a una investigación interna del Ejército de noviembre de 2010 y a un oficio del pasado 4 de febrero en el que el procurador delegado para la fuerza pública, Eduardo Campo, advirtió los excesos y recomendó “la vigilancia permanente del Inpec”.

Una vigilancia que, como lo advirtió el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, tuvo dificultades y no se pudo realizar, y que el Ejército calificó como un “lamentable error” de procedimiento.

“Hubo seis alertas, y no se tomaron correctivos”, dijo Romero en un debate que no tuvo nuevas revelaciones, pero que se transformó en una discusión sobre el fuero militar.

El general Navas admitió los errores, pero insistió en que “la fecha del honor” es el 17 de enero del presente año. Según él, desde ese día, todo en Tolemaida está siendo ajustado a la ley.

Las revelaciones de SEMANA, por el contrario, demuestran que en el mes de febrero pasado se mantenía todo tipo de irregularidades.

Vargas Lleras y el fuero militar

El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, había acudido al debate para responder por las amenazas y presiones a los funcionarios judiciales en todo el país.

Sin embargo, ante el ambiente del auditorio, tuvo que cambiar de guión y explicar su postura sobre el fuero militar que había sido tan cuestionada en los días pasados.

La semana anterior, en medio de la controversia por el ‘Tolemaida Rersort’, Vargas Lleras no solo denunció que el Inpec no había podido entrar a esa unidad militar, sino que anunció el traslado de algunos militares a la cárcel La Picota y puso a disposición la nueva cárcel de Guaduas (Cundinamarca), un centro de prisión común, para que fuera ocupada por militares condenados y sindicados.

“No fue un acto hostil. Me pareció útil ofrecer la cárcel de Guaduas. Al Ejército le pareció que esa cárcel no tenía las condiciones y requerimientos. Sólo ofrecí una cárcel, nunca dije que los iba a trasladar”, dijo Vargas ante un auditorio que no le quitaba los ojos ni la atención de encima.

El senador Camilo Romero, dirigiéndose al ministro del Interior, también sugirió que la discusión del proyecto de reforma al código penitenciario y carcelario, radicado en la tarde del lunes en la Cámara de Representantes, se ocupara de las cárceles militares.

La tensión creció más, pero el ministro Vargas Lleras le dio la tranquilidad al Ejército que ese proyecto no tocará “ni una sola coma” el marco legal que cobija los centros de reclusión militar. Es decir, se respetará el fuero.

En ese sentido, queda claro que el centro de reclusión militar de Tolemaida seguirá funcionando. De allí fueron trasladados varios uniformados condenados por varios delitos, acceso carnal a menores, secuestro, y narcotráfico. Quizás los tres delitos que más mancillan el uniforme. Pero en cuanto a los reclusos sindicados o condenados por homicidio y homicidio en persona protegida (donde se enmarcan los casos de falsos positivos) seguirán en la cárcel militar de Tolemaida y en los otros ocho centros militares especiales.

El gobierno se comprometió a que los excesos formen parte del pasado y que el presente será el cumplimiento del reglamento.



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