por Jorge Gomez Pinilla
Terrible paradoja encierra descubrir que la misma organización que hace 50 años se armó para defender a un pueblo oprimido (FARC “Ejército del Pueblo” - EP), hoy languidece en medio del repudio de esos mismos cuyos intereses pretendía reivindicar. Doble paradoja, en últimas, pues en los estertores de tan ‘abnegada’ lucha descubren que con su accionar han obtenido exactamente lo contrario de lo que pretendían conquistar, como fue el fortalecimiento político, militar e ideológico de su enemigo, con la complacencia –y la complicidad, en muchos casos- de casi todos los sectores sociales, políticos, económicos y religiosos de Colombia.
La paradoja se resuelve cuando aparece una explicación, que para el caso que nos ocupa consiste en que las FARC están pagando cara, y en apariencia sin reversa, su propia estupidez. A ellas se les presentó en bandeja de plata la oportunidad de influir positiva y decididamente sobre los destinos nacionales, durante los diálogos del Caguán. Ahí, habrían podido quedarse con una parte del poder –quizá proporcional al territorio que controlaban- y luego, por la vía democrática, conquistar el poder restante. Pero no. Lo querían todo. Y a las malas, como vulgares matones de pueblo.
En este contexto, el 20 de febrero de 2002 marca el comienzo del fin para las FARC. Ese día, integrantes de la columna Teófilo Forero abordaron un avión en el que viajaba el senador Jorge Gechem, hicieron aterrizar la aeronave en una carretera y se lo llevaron. Esa misma noche, el gobierno de Andrés Pastrana, acorralado, dio por terminadas las negociaciones, y al día siguiente Íngrid Betancourt cayó ingenuamente –o por un error de cálculo, que es lo mismo- en un retén posruptura, y desde ese momento las FARC se ensañaron con la más abominable de sus formas de lucha (el secuestro indiscriminado de civiles o militares, lo que cayera), sin ser conscientes de que con esa práctica le estaban dando la razón a Carlos Marx cuando dijo que “todo sistema engendra la semilla de su propia destrucción”.
Esa semilla tiene nombre, y es Álvaro Uribe Vélez, con todo lo que se vino detrás de él. Las FARC rompieron con Pastrana convencidas de que sus cautivos serían valiosa posesión para doblegar al siguiente gobierno y forzarlo a lo que cínicamente llamaban el canje humanitario, sin prever que estaban ayudando a elegir al menos humanitario de los presidentes –pero con un prestigio arrasador-, al mando de un proyecto de derecha que (consecuente con la ferocidad y despiadada arrogancia de las FARC) hizo habitual, justificable y hasta plausible la práctica del “todo vale”, con tal de acabar con ellos.
En este terreno, sobresalieron las alianzas que con los más importantes capos del paramilitarismo estableció una numerosa cauda de políticos ligados al proyecto uribista, todo dentro del ‘sano’ propósito de derrotar a la subversión. Pero hubo allí una perversa coincidencia de intereses, porque a la par que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) hacían ciertos trabajos ‘sucios’ para una parte de la oficialidad, y a punta de fusil les ponían votos a sus aliados en lo político, esperaban a cambio limpiar sus nombres ante la justicia y legalizar las riquezas –producto del narcotráfico- y tierras de las que se apoderaron, en su muy particular estilo de ‘copar territorio’.
Son muchos los interrogantes que suscita este amargo periodo de nuestra historia, y uno de ellos se relaciona con tratar de desentrañar si hubo alguien (o algunos cerebros grises, de los que habló Carlos Castaño en Mi confesión) a la cabeza de ese proyecto antisubversivo, o si más bien se debe hablar por un lado de unos grupos por fuera de la ley que un día decidieron desmovilizarse y contribuir a la paz nacional, y por otro de un Estado firme en su institucionalidad, aunque dispuesto a acogerlos en su seno mediante una generosa ley de Justicia y Paz.
Sea como fuere, el enfrentamiento entre las FARC y el gobierno de Álvaro Uribe fue una de tantas demostraciones palpables de que los extremos se juntan. Hoy el mundo entero le reconoce a éste los aciertos de su Seguridad Democrática, del mismo modo que lo acompañó desde un principio en el señalamiento a esa organización como grupo terrorista, pero ese mismo mundo se le vendría encima si se descubre que para enfrentar el terrorismo de la ultraizquierda, su gobierno acudió por ejemplo a prácticas de ultraderecha, como lo serían la ejecución -“casi sistemática”, según la ONU- de más de 2.000 jóvenes para hacerlos pasar por guerrilleros caídos en combate; o la altísima tasa de desaparecidos, como nunca antes la hubo en Colombia; o la persecución abierta –a punta de micrófono- y soterrada a sus opositores; o el espionaje telefónico indiscriminado, del que al parecer no se salvaron ni Juan Manuel Santos cuando era ministro de Defensa, ni el hoy ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, ni la honorable Corte Suprema de Justicia.
En esta perspectiva, la buena nueva de la muerte del ‘Mono Jojoy’ no se traduce en que deban avalarse –y menos ocultarse- los posibles crímenes cometidos en el otro extremo. Es cierto que un expediente como el de las ‘chuzadas’ del DAS ya toca a las puertas de la Casa de Nari (no la de Nariño, que hoy regenta Santos), pero lo más revelador de la trama sigue siendo el nombramiento que justo al comienzo de su primer gobierno hizo el presidente Uribe de Jorge Noguera en la dirección del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que en la práctica era su propia central de inteligencia.
Cuando en febrero de 2006 la revista Semana destapó la olla podrida de las relaciones de Noguera con alias ‘Jorge 40’ (que incluían desde el préstamo del vehículo presidencial para que el hombre ‘chicaneara’ por los pueblos de Córdoba, hasta la ejecución de asesinatos en diferentes ciudades de la costa Caribe), Uribe intentó defenderlo enviándolo de cónsul a Milán, Italia. Luego Noguera fue llamado a juicio y puesto preso, pero aún no se ha escuchado de su ex jefe inmediato que se haya retractado de llamarlo “un buen muchacho”, ni de haberlo nombrado en tan sensible cargo, y mucho menos se ha sabido que le haya ofrecido a la justicia atestiguar en su contra.
Lo anterior conduce entonces a pensar que quizá Carlos Marx tendría razón de nuevo, pues del mismo modo que las FARC habrían engendrado en Álvaro Uribe la semilla de su propia destrucción, éste a su vez pudo haber sembrado en un engendro como Jorge Noguera (o María del Pilar Hurtado, incluso) la semilla de su respectiva hecatombe.
Es apenas comprensible, por tanto, el interés que al final de su Gobierno puso el hoy ex presidente Uribe en que la Corte Suprema eligiera un Fiscal General de su resorte. Porque conoce como ninguno la verdadera trama de la historia, y quiere escapar a su dialéctica.
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