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Cuando Manuela con sus regordetas piernas afectadas por la arterioesclerosis salió de la comisaría con las manos caídas y el alma vacía, su retoño, Claudia la quinceañera, la alegría de su corazón, la esperanza de la familia por su inteligencia yacía fría y rígida en el anfiteatro del Hospital. No podía creerlo su muerte quedaría impune, el funcionario judicial con mucha cortesía le había informado que el Acuerdo firmado por el gobierno de Colombia con el de los Estados Unidos le garantizaba al asesino absoluta impunidad y que no existía norma alguna que garantizara un proceso judicial que castigue en derecho al autor del crimen, un militar de nacionalidad norteamericana, mientras tenga vigencia el tratado de cooperación militar. La embajada presta a evitar mayores incidentes había ordenado la evacuación inmediata a su país. Wikileaks, un portal que desarrolló una organización dedicada a mostrar de manera masiva documentación secreta relativa a la violación de los derechos de los pueblos, recientemente publicó las evidencias de asesinatos a civiles indefensos en Afganistán y de reporteros que adelantaban su oficio en Irak, acribillados a mansalva desde un helicóptero Apache, hechos que de por si graves resultan abominables por la intención de las autoridades gringas de ocultarlos. Sin embargo, escenas como las descritas que son divulgables y que regularmente indignan a los lectores o televidentes al final casi que ocultan el crimen más grave que resulta de la ocupación de tropas extranjeras a un país, la vulneración de la soberanía, la perdida de la capacidad de un pueblo de decidir por si mismo su destino, del camino que debe seguir para la conveniencia de sus connaturales y por el contrario se instaura un régimen en el que con la apariencia de un gobierno local se facilita el saqueo de las riquezas de una nación, de la apropiación de sus mercados, del petróleo en Irak, del control del paso estratégico de gas y combustibles en Afganistán ubicado en el corazón del Asia central, del oro, el carbón, el agua en Colombia y de su posición de cabeza de playa en América del Sur. El gobierno de Uribe en el que el actual presidente ocupaba la cartera de Defensa pretendió pasarse por la faja el trámite de un Tratado para facilitar la instalación de al menos siete bases militares norteamericanas en nuestro territorio, a pesar del concepto del Consejo de Estado y de las voces de notables personalidades democráticas y de algunos congresistas que sin entrar en la discusión de la conveniencia o no del acuerdo insistieron en el deber del gobierno de respetar la constitución y la ley; éste en su afán de mostrarse como los más obsecuentes servidores del imperio firmaron un acuerdo con la escusa de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. En buena hora la Corte Constitucional en un acto de dignidad y de respeto a la ley acaba de dictar un fallo para la historia en el que señala que evidentemente el acuerdo debe suspenderse por corresponder a un Tratado diferente a los suscritos con anterioridad y en el que se introducen nuevas prerrogativas contrarias a las estipuladas en la constitución como la autorización para la permanencia de tropas extranjeras en nuestro territorio y la inmunidad no solo para el personal vinculado a las bases sino incluso para sus parientes, vulnerando todo acatamiento al ordenamiento jurídico colombiano. Ojala nos equivoquemos pero los antecedentes del presidente Santos nos obliga a pensar que le dará tramite en el Congreso para aprobar el Tratado en los términos y espíritu del elaborado por Uribe con lo que propinará un golpe artero al futuro de la Nación.
Imaginense, no fue sino crear las bases y de una empezaron a violar los derechos humanos en nuestro pais con total impunidad, ese "tratado" por que no es un acuerdo, nunca debio existir y si estamos demalas y continuan las bases, entonces que almenos les quiten la inmunidad a esos terroristas de los eeuu.............
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