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La emergencia social nos dejó al borde del cierre': Hospitales públicos

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El Tiempo/19 de febrero

' LA EMERGENCIA SOCIAL NOS DEJÓ AL BORDE DEL CIERRE': HOSPITALES PÚBLICOS

Pese a los anuncios de tranquilidad del Gobierno, los voceros del sector insisten en que los decretos ley los dejaron peor que antes.
"Los decretos de Emergencia Social son la puerta de entrada para la privatización de los hospitales públicos, así el ministro de la Protección Social y el presidente Uribe digan lo contrario".

Con estas palabras, Olga Lucía Zuluaga, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi), define el impacto que los decretos de emergencia social tienen sobre los hospitales públicos del país.

Representantes de las instituciones se quejan de que estas normas no sólo no solucionan sus dificultades financieras, sino que les expropiaron recursos y los dejaron al borde de la quiebra.

"Por cuenta de los decretos, estas entidades, que eran viables el
21 de enero, amanecieron al borde de la quiebra y de la liquidación el 22 de enero", dijo el médico y senador Jorge Ballesteros, que recientemente encabezó un foro sobre este tema en el Senado.

De mal en peor

Estos hospitales arrastraban problemas graves antes de la reforma. Para empezar, las gobernaciones, las alcaldías, las EPS, el Soat y el Fosyga tienen deudas con los hospitales, superiores a 60 días, cercanas a los 2 billones de pesos, que afectan su liquidez y su capacidad de pagar a tiempo a proveedores y trabajadores.

De acuerdo con Héctor Zambrano, secretario de Salud de Bogotá, las solas deudas de los departamentos con los hospitales eran tan serias, que eso llevó a los gobernadores, durante su cumbre de noviembre pasado, a lanzar la voz de alerta ante el presidente Uribe. "Puede decirse que éste fue el elemento motivador de la declaratoria de Emergencia", cuenta Zambrano.

Se esperaba que con los decretos emanados de este estado de excepción no sólo se aliviaran las deudas de estas instituciones, sino que se agilizara el flujo de recursos, "pero dejaron a 953 hospitales públicos en un peor escenario", afirmó Zambrano.

Los decretos redujeron, de un tajo, el porcentaje de contratación que las EPS del régimen subsidiado tenían con estas entidades:
"Teníamos como mínimo un 60 por ciento de contratación; el decreto 133 estableció que ese porcentaje era de hasta el 60 por ciento, lo cual cambió mucho las cosas. Las EPS sólo contratarán con nosotros lo que no les resulte rentable, como las urgencias y la hospitalizació n, además de promover la integración vertical", dice Zuluaga.

"Los decretos -dice Martha Rodríguez, gerente del Hospital de Tunjuelito, en Bogotá- también nos expropiaron recursos cercanos a los 600.000 millones de pesos, que los hospitales habíamos hecho como aportes a fondos de pensiones y cesantías, por cargos que están vacantes; esos excedentes, que eran nuestros, ahora serán de la Nación ".

Acesi asegura que la intención del Gobierno de cerrar hospitales es clara cuando en los decretos se determina que para alcanzar el punto de equilibrio financiero sólo se tendrá en cuenta la plata recaudada, no lo que les deben (es decir, los 2 billones de pesos), "al final siempre estaremos en déficit y al borde de los cierres".

Además, según Acesi, el decreto 133 estimula que los hospitales presten servicios a través de terceros. Según estas entidades, esto permite que las EPS usen la infraestructura de los hospitales para atender a sus afiliados y se queden poco a poco con ella "esto ya ha pasado", asegura Zuluaga.

Juan Varela, subsecretario de Salud de Bogotá, señala, además, que les fueron retirados los recursos de promoción y prevención (actividades de salud pública), para dárselos a las EPS.

Zuluaga dice, finalmente, que los decretos favorecen a Caprecom: "A esta EPS, que nos debe 160.000 millones de pesos, le dan vía libre para montar hospitales propios".

'Los hospitales pueden estar tranquilos': Viceministro de Salud
El viceministro de Salud, Carlos Ignacio Cuervo, aseguró que los hospitales pueden estar tranquilos.

Afirma que con la resolución 183 del 25 de enero se asegura que las EPS del subsidiado contratarán el 60 por ciento del gasto total en salud con la red pública, a partir del primero de abril.

De acuerdo con Cuervo, también se definieron pautas específicas para modificar estos porcentajes sólo cuando, por fuerza mayor, estos hospitales no puedan incluir nuevos servicios, de mediana y alta complejidad, en el plan de beneficios (POS).

Con esto se busca garantizar la atención a la población, en la medida en que los planes de salud del subsidiado y del contributivo se vayan equiparando.

Con respecto al equilibrio financiero, asegura que la reglamentació n no sólo tendrá en cuenta los recaudos, también las cuentas por cobrar, "siempre y cuando estén dentro de plazos razonables; el objetivo es que no se inflen los balances con cartera de difícil recaudo, que distorsiona la estabilidad financiera".

En cuanto a la EPS Caprecom , que es pública, Cuervo negó que se quisiera favorecerla con estos decretos: " La Ley 1122 es clara en ese sentido: no podrá contratar más del 30 por ciento del gasto en salud con su propia red de servicios. Los decretos le dieron herramientas a la Supersalud para controlar esos topes".

'Reversazos' , hasta hoy, de los decretos
Desde la expedición de los decretos de la emergencia, el Gobierno ha modificado, por vía reglamentaria, con resoluciones y promesas de derogatoria vía Congreso, algunos de sus aspectos más polémicos. Expertos ponen en duda la validez jurídica de algunas de estas modificaciones:

Hospitales: el decreto 133 dice que las EPS del subsidiado contratarán hasta el 60 por ciento con los hospitales públicos (la ley 722 del 2007 decía mínimo el 60 por ciento). La resolución 183 del 25 de enero dice que estas EPS contratarán con ellos, de manera obligatoria, el 60 por ciento.

Autonomía:
el decreto 131 impone estándares obligatorios y multas de hasta 25 millones de pesos a médicos y odontólogos que se salgan de ese marco y afecten económicamente al sistema. En el decreto reglamentario 358 del 4 de febrero se quita la obligatoriedad, se estipula que los médicos pueden apartarse de ellos y que las sanciones y multas serán impuestas sólo por pares en tribunales de ética. Uribe dijo que no se opone a la derogatoria en el Congreso.

Plan de salud (POS):
el decreto 131 definió el POS como un listado que prioriza la atención básica. El decreto reglamentario 398 del 5 de febrero dice que el POS base será el que hoy existe, y en el 505 del 16 de febrero se asegura que el POS incluye el manejo integral de todas las enfermedades.

Cesantías y pensiones:
Uribe prometió la derogatoria, vía Congreso, de las disposiciones del decreto 128 que proponen su uso para el pago de servicios no POS.
Con ataúdes y máscaras de la muerte se movieron marchas
Con ataúdes, máscaras de la muerte y tapabocas, protestaron ayer contra los decretos de emergencia social unas 25 mil personas, por las calles de las principales ciudades del país.

A la movilización, convocada por las centrales obreras, cerca de 40 organizaciones de pacientes y el grupo creado en la red social Facebook para buscar la derogatoria de los decretos de la Emergencia Social , se sumaron miles de personas, incluidos estudiantes de medicina, enfermos de alto costo, profesores y empleados públicos.

En Bogotá, unas 10 mil personas recorrieron en la mañana la carrera Séptima y se concentraron en la Plaza de Bolívar.

"Con las manos, con los pies, la salud a defender", gritó un grupo.
"No queremos que cierren más hospitales", arengaban otros más atras alzando pancartas que decían: "La salud no es un favor, es un derecho".

"Con estos decretos no queda más remedio que dejarnos morir", dijo Laura Ríos, estudiante de tercer semestre de enfermería. A su voz se unieron Martha y Claudia, colegas de clases, añadiendo que "resulta imposible creer que la gente ahora tenga que poner parte de sus cesantías para que lo atiendan".

En Medellín, unas 5.000 personas marcharon por la tarde desde el teatro Pablo Tobón Uribe hasta la Clínica Saludcoop. La mayor parte de la concurrencia estuvo conformada por médicos, enfermeras, estudiantes y empleados del área de la salud, quienes vistieron sus respectivos atuendos de trabajo.

En Cali, cerca de 7 mil personas se movilizaron. La marcha partió del Parque de las Banderas y finalizó en la plazoleta San Francisco.

Carlos Pábón, uno de los manifestantes que salió vestido de la muerte, dijo que con la movilización se busca crear conciencia del problema que traen estos decretos.

Igualmente, en Cartagena protesaron una mil personas frente a la Plaza del Reloj.

"Una EPS se balanceaba sobre la cama de un paciente, como veía que no se moría, fue a buscar al presidente", cantaron a todo pulmón, cientos de personas, de las 2.000, que marcharon en la mañana en Neiva.

Por otra parte, en Pereira unas mil personas marcharon. Antonio Arias, pensionado, dijo que los decretos que modifican los servicios de salud, perjudican a trabajadores, pensionados y sus familias.

En Armenia, unas 2.000 personas salieron con consignas como: 'por la decencia de la salud, de la vida, de los usuarios y de los trabajadores' . Mientras tanto, en Manizales protestaron unas 600 personas.

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