El peso de los medicamentos en la emergencia social

Uno de los tantos problemas que abordó la emergencia social en salud, y que ha pasado desapercibido, es el alto costo de los medicamentos. Un tema que suele poner en orillas opuestas a la industria farmacéutica y las EPS, y que hace parte del colapso financiero del sistema. En las medidas tomadas, el Gobierno parece darle la razón a la primera.

En el sector es un hecho conocido que muchos medicamentos se venden a precios excesivamente altos. Otra cosa es que no se habla de eso públicamente. Y si bien el problema está identificado, nadie tiene la última palabra a la hora de explicar las causas. En parte porque no hay estudios objetivos sobre la materia.

Los primeros señalados son las empresas farmacéuticas, que - según los críticos - aprovechan las condiciones del mercado para vender a un precio más alto en comparación con otros países de referencia; se culpa al Estado, que por cuenta de impuestos o controles a ciertos principios activos de medicamentos que también se usan para el procesamiento de drogas ilícitas, termina encareciendo el producto legal; y también se habla de las EPS, los hospitales y los distribuidores, que tienen un margen excesivo de ganancia entre el precio de fábrica – conocido como ‘ex factory’ – y el precio final de venta.
En el

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, el Gobierno acogió sobre todo la tesis de la industria farmaceútica. En las justificaciones de la norma, se refiere a un informe de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro) al que La Silla Vacía tuvo acceso. Que el Gobierno utilice como justificación un estudio de una de las partes interesadas, fue blanco de críticas. Para el

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implica que el Gobierno estaba “sesgado”.

Según este estudio, existen unas afirmaciones comunes sobre el problema que no son ciertas: "los altos precios de la industria farmaceútica ponen en riesgo el sistema", "se abusa de la posición monopólica de medicamentos patentados" y "hay que controlar el precio al principio de la cadena".

Afidro desvirtúa estos argumentos diciendo que el problema está en los márgenes de intermediación entre el precio 'ex factory' y el precio final. Y para el efecto, cita varios ejemplos, sin mencionar el nombre del medicamento (únicamente la indicación). Según estos datos, la intermedicación llega incluso al 99%.
Debido a la política de libertad de mercado en Colombia, son diversos los actores que pueden vender medicamentos en el país. A veces lo hace la EPS directamente, o después de recibir el medicamento de un distribuidor; o lo hace la IPS o la cooperativa de hospitales, directamente o través de un intermediario. Esto hace más complejo saber en qué parte de la cadena es que se produce ese sobreprecio (ver recuadro abajo).

¿Cómo funciona el control de precio de los medicamentos?

Colombia tiene un sistema de libre competencia en medicamentos. Esto quiere decir que el Gobierno no monopoliza la distribución de los medicamentos ni establece precios fijos para éstos. Tiene, en cambio, una vigilancia en tres niveles: la ‘libertad vigilada’, donde están en principio todos los medicamentos; posteriormente, la ‘libertad regulada’, donde están los medicamentos difíciles de conseguir, que son necesarios para proteger la salud pública o que se requieran por razones de urgencia nacional. En este nivel, se establece un precio máximo de referencia para la venta. Y, por último, está el régimen de ‘control directo’, que es el más severo. Allí se incluyen los medicamentos que no cumplen con la libertad regulada o sobre los cuales los fabricantes, comercializadores o compradores no remiten información veraz y completa.

La Comisión Nacional de Precios de Medicamentos (CNPM) es la encargada de poner esto en práctica. De la CNPM hacen parte el ministro de la Protección Social, el de Industria y Comercio y un delegado del Presidente. El problema es que, en la práctica, el trabajo está a cargo de la secretaría técnica, que hasta hace poco tenía un solo funcionario. Ahora tiene tres, pero ninguno de ellos es especialista en farmacología o ingeniería química.

“La CNPM no tiene información completa sobre los precios de los medicamentos ni tiene la capacidad para controlar esto”, dice a La Silla Vacía Tatiana Andia, consultora del Observatorio del Medicamento.

La CNPM ha tomado pocas decisiones en la materia, y algunas de éstas no se han cumplido. Por ejemplo, en 2009 decidió pasar Kaletra, un medicamento de Abbot para el tratamiento del VIH, al nivel de libertad regulada. Pero no funcionó. “El gobierno actualmente estudia la incorporación al régimen de control directo de este medicamento debido a que el laboratorio no ha cumplido con el precio de referencia”, afirma el Gobierno en la justificación del decreto, remitida a la Corte Constitucional.