Gobierno politiza la justicia
Por Jaime Castro
Lo que cuenta es asegurar la elección de 16 nuevos congresistas, que no serán voceros de víctimas.
En vez de la gran reforma judicial que tanto ofreció, el Gobierno politizó la elección de sus magistrados y le está pidiendo que ejerza atribuciones políticas. Convirtió la postulación de candidatos a la Corte Constitucional y su elección por el Senado en batalla comparable a las que libra para la aprobación de sus proyectos y para evitar la desinvestidura de sus ministros, temas que maneja con sus ‘enmermeladas’ mayorías. Por eso, la mayoría de los magistrados constitucionales actuales fueron funcionarios o contratistas del presidente Santos.
Ahora pretende que jueces y magistrados le saquen las castañas del fuego y desconozcan la derrota que sufrió en el Senado. Como el proyecto que creaba 16 nuevas curules en el Congreso no tuvo los votos que requería, fue archivado, sin que el ministro del Interior, que estaba presente, ni las bancadas oficialistas apelaran lo decidido ante la plenaria de la corporación. La pantalla que registra el voto electrónico de los senadores, de manera permanente, informó que el proyecto necesitaba 52 votos para su aprobación. Nadie cuestionó ni solicitó que se modificara esa advertencia. Sin embargo, el Gobierno decidió pedirle al Poder Judicial que solucionara el problema político creado por la pérdida de las mayorías oficialistas en la Cámara alta y que lo hiciera ejerciendo atribuciones que no le competen, porque quien determina si un proyecto fue aprobado es el Congreso, no el Ejecutivo.
Además, disparó con escopeta: espera que prospere al menos una de las acciones que promovió. Acudió a la Corte Constitucional, que debió recordar a su peticionario, el presidente Santos, que sus funciones de control se ejercen en relación con los actos que expida el Congreso y no sobre los proyectos que archiven las cámaras. El ministro del Interior consiguió un concepto que no obliga a nadie, pues es mera opinión de la Sala de Consulta del Consejo de Estado, cuerpo consultivo del Gobierno “en asuntos de administración”, no en temas políticos. El ministro también entabló acciones de nulidad y de cumplimiento con las que, como litigante, quiere resolver situación política que lo que exigía era liderazgo suyo en el Congreso. Por conducto de contratista del mismo ministerio iniciaron, igualmente, improcedente acción de tutela.
La posición del Gobierno es equivocada política y jurídicamente, porque ninguna autoridad judicial puede declarar que el proyecto archivado tiene el carácter de acto legislativo. Si considera que la votación se amañó, fue fraudulenta o tuvo resultados distintos de los que se oficializaron, lo que debe hacer es denunciar penalmente al secretario y al presidente del Senado, pero no ha tenido valor para hacerlo.
Están en juego principios rectores de todo Estado de derecho y de nuestra institucionalidad democrática: la separación de poderes, el respeto debido a procedimientos legislativos que solo puede revisar la Corte Constitucional, la imparcialidad de la justicia, que no puede ser pronta únicamente cuando decide peticiones oficiales, valores que importan tanto que los presidentes de las cámaras ya acudieron ante la OEA para evitar que se atente contra el Estado de derecho, a más de que magistrados y jueces pueden terminar prevaricando o invitando a otros funcionarios a que lo hagan.
Pero para el Gobierno lo que cuenta es asegurar la elección de 16 nuevos congresistas, que no serán voceros de las víctimas, porque el proyecto oficial ni siquiera las nombraba. Como su elección tendría lugar en regiones azotadas por el conflicto y en las que prevalecen los cultivos de uso ilícito y la minería ilegal, a más de que no cuentan con ninguna institucionalidad, quienes organizarán, controlarán y financiarán las votaciones serán las Farc, que mandaron en ellas durante décadas, y los ‘empresarios’ de los citados cultivos y minería, sin importar que los candidatos hayan acreditado su condición de víctimas.
FUENTE: eltiempo.com
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