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Se cocina, ante los ojos del país y de la comunidad internacional, la operación de lavado de activos más grande de la que el mundo tenga registro, por cuenta del recién firmado Decreto Presidencial 903, que legalizó de un tajo la plata pútrida de las Farc. Ya está visto que el régimen es capaz de hacer lo que sea, con tal de lograr sus turbios propósitos envueltos en una infinita vanidad, entre los cuales se encuentra, como es obvio, complacer hasta la saciedad a Timochenko y su horda de malhechores. Muchos callan sobre el esperpento blanqueador que se ejecuta, sin saber que ese silencio cómplice es el acicate para legalizar una fortuna billonaria manchada de sangre y dolor.
Es como de no creer lo que está pasando: los miembros de las Farc no pagarán un día de cárcel; podrán hacer política a sus anchas, gracias a las curules en el Congreso que el Gobierno les regaló, y, además, para colmo de males –y esto es lo más grave–, seguirán manejando una inmensa fortuna en efectivo y representada también en miles de bienes inmuebles y establecimientos de comercio, que sin duda utilizarán para hacerse al poder. Eso sin contar los millones de euros escondidos por los amigos de las Farc en el Viejo Continente.
Ya veremos rodar por las regiones y los pueblos de la patria las tulas de dinero fariano, en las elecciones del 2018. A esos ‘genios’ que en el Senado y la Cámara hacen parte de la mal llamada Unidad Nacional y que han apoyado ciegamente el bodrio del proceso de paz, no les alcanzará la vida para arrepentirse de lo que hicieron, pues no podrán competir con el billete de la guerrilla y serán los primeros en caer. Ya sabemos desde hace años que un puesto en el parlamento colombiano se puede comprar (el que no crea que se puede hacer lo mismo con una presidencia, solo debe hacer memoria de lo que pasó en las elecciones del 2014).
El fiscal general ha sido valiente y consecuente al reclamar que los dineros ilegales de la guerrilla, producto de toda suerte de execrables delitos, sean entregados al Estado, para reparar a las víctimas. El acuerdo inicial no contemplaba este tema, y fue Néstor Humberto Martínez quien puso el dedo en la llaga (en este caso en el bolsillo). Gracias a esa actitud republicana y legalista del fiscal, las Farc aceptaron a regañadientes incluir el asunto de los bienes en la negociación y acordaron con el Gobierno que todo el inventario de activos recibiría el tratamiento que estipula la legislación ordinaria para esos efectos. El Decreto 903 de Santos cambió las cosas y dejó en manos de una comisión, conformada en parte por miembros de las Farc, la entrega y administración de la ‘platica’ de la guerrilla. El ratón cuidando el queso. Inaudito e impresentable.
Si el Estado tiene justo en este momento un cheque de 3.600 millones de pesos, con destino a las Farc para el sostenimiento de su nuevo partido político, lo lógico es que ese dinero no se entregue hasta tanto los guerrilleros no hagan lo propio con sus billones mal habidos. ¿Acaso un partido político que tiene tanta plata ilegal puede conservar su personería jurídica? Que primero entreguen el fruto de sus crímenes y después les otorguen el reconocimiento jurídico. ¡Sean serios, carajo!
La ñapa I: Ya empezaron los roces entre el régimen y el gobierno americano. Los gringos saben que en Colombia se negoció algo más que la paz.
La ñapa II: La diplomacia colombiana ha quedado reducida al manejo de lagartos como Néstor Osorio. ¡Qué desgracia!
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