Impactante discurso de uribe tiene pensando a los colombianos

basura porque no habla de los falsos positivos maldito y amigo de los paralilitares

Porque los falsos positivos son un mito mijo. ¿Una fosa con 5 millones de cadáveres? Ufff si, se pasaron al holocausto nazi y no han encontrado ni un solo muerto enterrado ahí ¿Y los testigos?El guerrillero de Ivan cepeda y Falsos testigos ya condenados. En conclusión, puro invento mamerto para meter miedo.

Así se planearon los falsos positivos de Soacha, caso por el cual ya hay 49 militares detenidos
En dos tiendas de la población, 'Los Costeños' y la 'Fonda Paisa', se empezó a tejer la red criminal que se llevó para Ocaña a una docena de muchachos que después aparecieron como muertos en combate.

La primera estaba en el barrio Ducales y era el negocio de Alexander Carretero, uno de los reclutadores. Allí, según la Fiscalía, convencieron a jóvenes como Diego Tamayo, Víctor Gómez y Haider Andrés Palacio de ir a probar suerte al otro lado del país.

En la 'Fonda Paisa', que queda en un sitio conocido como 'La Y', a la entrada de Soacha, los reclutadores fueron Pedro Antonio Gámez y Ender Obeso. Su estrategia era la misma: ofrecer trago y a veces droga para atraer inicialmente a los muchachos y luego ofrecerles 'vueltas', no siempre legales, de hasta 10 millones de pesos.

No eran, para nada, nuevos en ese sector. Carretero, que venía de Aguachica (Cesar) vivió varios años en Soacha y allí era reconocido entre los 'vuelteros'. Ese término, en el bajo mundo, describe a alguien que se dedica a robos o delitos más graves por plata.

Su contacto con Ocaña era el sargento Dairo José Palomino Ballesteros. Trabajaba en el Batallón Santander y, según la investigación, fue clave en la estructura criminal que 'vendió' varias de las víctimas a esa unidad militar y a la Brigada Móvil 15.

Palomino es familiar de la esposa de Carretero y también de Obeso. La investigación señala que fue una de las personas que se movieron entre Soacha y Ocaña llevando a los muchachos que murieron apenas horas después de su llegada a Norte de Santander.

Las tres audiencias que se han realizado en el Palacio de Justicia de Soacha y que dejan medio centenar de militares presos se refieren a hechos del 2008. Pero el sargento Jhon Jairo Muñoz Rodríguez, que se convirtió en testigo, dice que desde el 2007 "se rumoraba y se preguntaba cada vez que había una muerte en combate si era legal".

De hecho, dos asesinatos fuera de combate que ocurrieron en diciembre de ese año son los que tienen con orden de captura a varios mandos del Batallón Santander, entre ellos el coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos.
Armas, más caras que la vida
La falta de 'positivos' de Muñoz en la Brigada Móvil 15, la misma que el Gobierno decidió eliminar tras el escándalo, fue determinante en la tragedia que conmueve a Soacha y que se convirtió en el mayor escándalo del Ejército en los últimos años.

Muñoz confesó que después de varios regaños por los pocos "resultados en el nivel estratégico" (muertes en combate y otros) decidió pedirle ayuda al sargento Sandro Pérez González, que era de Inteligencia del Batallón Santander.

La respuesta fue escalofriante: "Curso, si quiere le traigo gente, se la entrega a la tropa y se presentan como muertos en combate". Muñoz dice que el coronel Gabriel Rincón Amado, jefe de operaciones de la Móvil 15, le dio el visto bueno a la oferta. Él salió del Ejército en la histórica purga de noviembre, pero hasta ahora no se conoce decisión de la Fiscalía en su contra. "Pérez dijo que por persona había que pagar un millón de pesos más el pasaje -se lee en la confesión-. (...) Rincón me dijo: "Bueno, consigamos dos personas".

Así se decidió la suerte de Jhonnatan Orlando Soto, de 17 años, y Julio César Meza, de 24. Ellos desaparecieron de Soacha el 25 de enero, tras aceptar un trabajo que, según varios testimonios, no era legal. Murieron a los dos días.

Por ellos se pagaron, en un sobre de manila, 2 millones 200 mil pesos. Carretero y los sargentos los recogieron en la casa en la que pasaron sus últimas horas y los llevaron a un falso retén. A las pocas horas fueron reportados como 'positivos'. "Yo le pregunté a Álex que de dónde traían a esos muchachos y me contestó que eran manes 'vuelteros' de Bogotá", dijo Muñoz. En la zona rosa de Ocaña, con una botella de ron, los reclutadores celebraron su primera 'venta'. En febrero, según Muñoz, "el coronel Rincón pidió tres personas más". Amanecidos y hasta drogados, dijo después a la justicia Carretero, fueron entregados al Ejército.

¿Cómo legalizaban las muertes?

Carretero dio la respuesta: "El sargento Pérez tenía copias de las cédulas para hacer que pagaba recompensa por los muertos, que era un millón de pesos (...) plata que se la daba el coronel Tamayo. Les decían a los campesinos que les ayudaban con un mercado pero que les dieran fotocopia de la cédula y con ella hacían pasa los positivos".

Los testigos dicen que incluso los militares ponían de su plata para pagar los revólveres y fusiles que aparecieron junto a los cuerpos de los jóvenes, para simular que sí eran actores armados ilegales.

"Ese era el deber de cada compañía para poder dar positivos. Sacaban plata de sus bolsillos", dijo Carretero.

Como Muñoz y Pérez eran de inteligencia, preparaban los reportes que les daban piso a las operaciones falsas. Muñoz contó también que por una pistola se pagaba en el mercado negro 1,3 millones. Es decir, $ 300 mil más que por cada muchacho que murió por oír la mortal oferta de los reclutadores de Soacha.

Fuente: El Tiempo.

Entre julio y agosto de 2007

Toluviejo, Sucre

Los 11 jóvenes de Toluviejo, Sucre

A pesar de ser uno de los casos más sonados de la Costa Caribe y uno de los procesos judiciales con más condenas contra militares, es un ejemplo de los tropiezos que pueden encontrar las víctimas en estos espinosos procesos judiciales.

Toluviejo, un municipio al norte de Sucre, a solo 40 minutos de Sincelejo, once familias perdieron a sus hijos, hermanos y esposos a manos de miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta del Ejército Nacional en Sucre y de la Brigada 11. Entre julio y agosto de 2007, once jóvenes entre los 16 y los 27 años, salieron de su pueblo con supuestas ofertas de trabajo y meses después fueron reportados como guerrilleros caídos en combate.

El 9 de julio de 2007 desaparecieron de su pueblo Carlos Alberto Baleta y Luis Alberto Pérez Mercado. A los dos les habían ofrecido un trabajo en una finca ganadera de San Marcos, Sucre, con un sueldo de 800 mil pesos, alimentación y hospedaje. Los reclutadores sabían que las parejas de los dos jóvenes estaban embarazadas.

El 12 de julio se fueron tres amigos: Frank Arley Padilla Bandera, Deimer José de Hoyos Rodríguez y John Jairo Colón Ayala. Les dijeron a sus familias que habían conseguido una buena oferta laboral y mantuvieron el contacto hasta el día siguiente de su partida. La familia de Frank temía que los quisieran involucrar con grupos armados y un tío suyo comenzó a investigar más a fondo, pero tres días después fue asesinado. Por reiteradas amenazas la familia Padilla tuvo que salir de Toluviejo.

El 22 de julio la historia se repitió, esta vez se marcharon Manuel Enrique Jiménez y Luis Fernando Mejía Vives, seguidos dos días después por Cristian Vergara Osuna, Julio Rafael Julio Olivero y Juan Bernardo Patrón Viloria. El último que se fue sin dejar rastro fue Evin David Paternina Parra, un menor de 16 años con discapacidad cognitiva, que salió a hacer un mandado y nunca regresó a su casa. Su cuerpo aún no ha sido encontrado.

Las familias se unieron y les pidieron respuestas a los reclutadores, que eran del propio pueblo, al Ejército, a las autoridades locales, pero nadie les dio razón. Meses después, en diferentes artículos, fueron apareciendo las fotos de sus familiares reportados como muertos en combate. Sus cuerpos fueron encontrados como NN en los cementerios de Chinú, Córdoba y Sincé, Sucre.

Juntos fueron hasta la Brigada XI para que los dejaran ver los cuerpos, pero una y otra vez se los negaron. Determinados a encontrarlos, los familiares buscaron ayuda fuera de Sucre y en octubre ya había una comisión de la Fiscalía de Medellín investigando lo ocurrido.

Los familiares recuerdan que al comienzo tuvieron que luchar contra abogados de la Defensoría que no querían asumir sus casos, tampoco recibieron apoyo de las autoridades locales. Aunque pidieron ayuda de la extinta Acción Social, se las negaron argumentando que las víctimas aparecían reportadas como victimarios.





En la primera audiencia contra los reclutadores, las familias llegaron juntas, cargadas de grandes pancartas con los nombres de las víctimas y empezaron a gritarles a los acusados. Entonces policías del Esmad las sacaron del recinto.

Las audiencias nunca se hicieron en sala sino en el despacho del juez. “Como no cabíamos todos, nos tocaba entrar por turnos y contarnos entre nosotros lo que se estaba diciendo”, dijo una de las víctimas.

A pesar de las dificultades la investigación rindió frutos. Entre 2008 y 2010 fueron condenados los tres reclutadores: Andrés Gregorio Pacheco, Robinson Barbosa y Andrés Pacheco.

Luego el turno fue para los militares. Sentenciaron a los soldados Luis Miguel Sierra e Iván Contreras, que fueron los enlaces; y el Coronel Luis Fernando Borja, quien estaba a cargo de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, se acogió a sentencia anticipada. Las víctimas están a la espera del fallo contra Orlando Céspedes Escalona, segundo al mando.

Algunos de los jóvenes de Toluviejo murieron a manos del Gaula del Ejército en Córdoba a cargo del mayor Julio César Parga Rivas, quien ya fue condenado. “Parga dijo que no podía ir a Sucre porque tenía muchas amenazas y lo mataban, entonces pasaron el proceso a Bogotá. Las víctimas de Toluviejo somos de muy bajos recursos y no tuvimos cómo pagar el viaje hasta allá”, dice la madre de Frank, quien no entiende por qué al Mayor se le dieron más garantías que a las víctimas.

El Coronel Luis Fernando Borja aceptó haber cometido cerca de 50 asesinatos.

Son un invento Hannibal, son un invento aunque el ejercito, desde hace ya mucho rato, incluso desde antes de que las jaaarrrr se tomaran el poder, ya había reconocido más de 2.000.

Pero como no son los 5 millones que exige Marinero para poder considerarlas validas, entonces esas muertes no cuentan. Del mismo modo suponemos que Marinero no cree que el Titanic haya naufragado al ser tan solo 1.500 sus victimas fatales (menos que los falsos positivos que tampoco ocurrieron).

Y el holocausto judio estuvo a menos de un millòn de muertes de «no haber ocurrido» según el mismo genio.

@

Solo los usarios con mas de 1000 puntos de reputacion o los usuarios con membresia Gold, pueden ver este link Que es la reputacion? - Membresias Pagas

Los casos olvidados de los "falsos positivos"


SEMANA investigó y consiguió decenas de fotografías, grabaciones, informes forenses y declaraciones de testigos directos que dejan en evidencia la existencia de decenas de casos de posibles ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2007 y 2008, aún desconocidas por el país. Son tan solo una muestra del horror que se trata de esconder en la impunidad.

Gran parte de lo que hoy se revela se debe a la labor de un juez penal militar llamado Alexánder Cortés.

En marzo de 2007, Cortés llegó a Carepa para hacerse cargo del Juzgado 94 Penal Militar. Aunque aún faltaban varios meses para que el escándalo de los 'falsos positivos' fuera de conocimiento nacional, Cortés descubrió que algo irregular estaba ocurriendo con las bajas en combate que reportaban las diferentes unidades de la brigada 17. Sin dudarlo, y cumpliendo las normas, empezó a trasladar los casos sospechosos a la justicia ordinaria. A pesar de la animadversión de los militares, envió decenas de casos a la Fiscalía para que los investigara, y empezó a desempolvar otros cuantos de posibles ejecuciones extrajudiciales anteriores a 2006 que estaban archivados en el juzgado.

En junio de 2009 fue trasladado a otra brigada en Boyacá y a principios de 2010 Cortés fue destituido. El juez penal militar, con documentos en mano, se defiende e insiste que fue declarado insubsistente injustamente (ver entrevista "Capitán nunca juzgará a coronel").

En el corazón de las tinieblas

Los casos investigados por Cortés en Urabá son espeluznantes. El 5 de septiembre de 2007, un comunicado de la Séptima División había reportado exitosas operaciones contra la guerrilla: "Efectivos del Batallón Voltígeros, Unidad orgánica de la Décima Séptima Brigada, en zonas rurales del municipio de Carepa, sostuvieron enfrentamiento armado con integrantes de la quinta cuadrilla de las Farc, durante los contactos que tuvieron lugar en la vereda Pedragoza el Reposo, y en el sitio conocido como El Palmar, la tropa dio muerte en combate a dos de los delincuentes, lográndose incautar armas largas", afirmaba el parte militar.

Pero, al investigar, Cortés encontró el caso cuestionable. Según las fotos, uno de los presuntos guerrilleros dado de baja, Jesús Alfonso Bedoya, se enfrentó a las tropas del Ejército armado con una vieja pistola. Más extraño aún es que el presunto integrante del frente quinto de las Farc sufría de insuficiencia renal y, según el hospital de Carepa, de anemia falsiforme. Las personas con esta enfermedad hereditaria sufren dolores lumbares y dificultades para moverse, y tienden a cansarse muy fácilmente.

De hecho, pocos días antes de aparecer muerto había estado hospitalizado, como lo demostraron las investigaciones posteriores. Y la noche anterior a su deceso había tenido fiebre alta.

Al caso de Carepa le siguió otro pavoroso. Ocurrió el 4 de abril de 2008. Ese día la Séptima División del Ejército emitió un comunicado en el cual daba cuenta de los resultados de operaciones militares desarrolladas por varios batallones adscritos. "La mayor ofensiva de las tropas se presentó en zona rural de la vereda La India en el municipio de Chigorodó, Urabá antioqueño, cuando tropas adscritas a la Décima Séptima Brigada, en desarrollo de operaciones de control militar de área activo, neutralizaron en combates durante las últimas horas, seis presuntos integrantes de las Bandas Criminales al Servicio del Narcotráfico, Bacrim", dice uno de los apartes del comunicado. La noticia sobre esa acción permanece hasta hoy como un "exitoso operativo militar".

Sin embargo, desde el momento mismo de esos hechos fue evidente para el juez Cortés, que realizó la inspección en el lugar de los supuestos combates, que se podía tratar de un 'falso positivo'. Entre los muertos había menores de edad, y saltaban a la vista graves irregularidades. Los cuerpos de casi todos los muertos estaban en posiciones anormales para hombres que supuestamente habían estado en combates. La ropa que tenían muchos de los muertos les quedaba grande. La mayoría estaban con botas nuevas. Algunos tenían granadas colgadas en los pantalones, algo realmente peligroso ya que por la forma en la que supuestamente las llevaban estas podrían estallar en cualquier momento. Uno de los menores de edad incluso tenía puestas las botas al revés.

Los cuerpos aparecieron en un campo abierto sobre una carretera. No es un lugar habitual para el tránsito de guerrilleros fuertemente armados y menos para un combate. Algunos de los cuerpos de los menores presentaron impactos de bala a muy corta distancia, y la prueba forense para determinar si alguno de ellos había disparado y tenía rastros de pólvora resultó negativa. Las fotografías, las primeras que se conocen de un caso de estos, son bastante contundentes y contradicen la versión oficial del combate (ver imágenes).

La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, que investiga el caso, aún no ha podido identificar a las seis personas muertas. En parte, según explicó la Fiscalía a SEMANA, debido a que varios eran menores de edad y por eso no se ha podido judicializar a ninguna persona por los hechos.

'Falsos positivos' a la carta

Dos meses después, el 10 de junio de 2008, ocurrió otro hecho que gracias a las investigaciones del juez penal Cortés se ha develado que puede ser otro 'falso positivo'. SEMANA conoció una conversación grabada que da cuenta de cómo algunos militares de la brigada 17 planeaban estos crímenes.

En una de estas conversaciones, el capitán Duván Hernández, del batallón Voltígeros de la brigada 17, llama a su superior, un coronel, quien lo primero que le pregunta es: "¿Cuántos muertos van?". El capitán le responde que hasta ahora va uno "con todo" y le dice a su superior que hubo combates. El coronel le enfatiza que hay que decir que son miembros de las Farc. Tras esa comunicación, el capitán comenzó a hacer llamadas desesperadas a distintas personas, presumiblemente paramilitares de la región. En una de las comunicaciones el oficial llama a un paramilitar para contarle que tiene una baja pero que hay un "inconveniente" y es que el muerto está desarmado y necesita plantarle un arma.

El paramilitar le ofrece una pistola, y el oficial le pide un fusil. Tras varias llamadas, el hombre le consigue al oficial un arma para que la ponga al lado del muerto. Funcionó. Al día siguiente de las llamadas, el Ejército expidió un comunicado con los resultados operacionales de la Séptima División, en el que afirmaba que: "La ofensiva castrense dejó como resultado la muerte en combate de un guerrillero de la quinta cuadrilla de las Farc, en hechos ocurridos en la vereda Remigio del municipio de Chigorodó, Antioquia, cuando tropas del Batallón 'Voltígeros' realizaban operaciones de registro y control de área; en la acción militar fue decomisado un fusil y una granada".

Entre agosto de 2008 y abril de 2009 se registraron en total 17 casos sospechosos de ser 'falsos positivos' por parte de miembros de la brigada 17. Durante ese período el comandante de esa brigada era el brigadier general Jorge Rodríguez, que tan solo estuvo al frente de esa unidad nueve meses, y luego fue trasladado al cargo de jefe de Derechos Humanos del Ejército.

Los anteriores episodios son tan solo tres muestras de casos de 'falsos positivos' que el país no conocía.

Cuando se descubrió la macabra práctica y el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, empezó a tomar correctivos, muchos jueces penales encontraron un respaldo y empezaron a trasladar a la justicia ordinaria centenares de casos sobre ejecuciones extrajudiciales. La Fiscalía inició las investigaciones.

Así, a lo largo de más de un año, casos como los de Soacha y Ocaña, en Norte de Santander, que son los más conocidos por la opinión pública, comenzaron a avanzar. La directora de la justicia penal militar, Luz Marina Gil, valientemente lideró el proceso de las investigaciones por 'falsos positivos'. Ella renunció a mediados del año pasado. "Fue como frenar en seco y volver al pasado. Las amenazas y presiones para no trasladar los casos a la justicia ordinaria empezaron a aumentar. Las directivas que se habían trazado para enviar los casos a la (justicia) ordinaria en 2008 prácticamente se reversaron. La situación se volvió insostenible, no solo por las amenazas, sino porque aquellos que insistíamos en dar traslados de los casos, en el mejor de los casos, sencillamente los declaraban insubsistentes sin ninguna razón, y los botaron por la puerta de atrás. Esos casos quedaron en nada", dijo a SEMANA una fuente conocedora del tema, quien pidió mantener su nombre en el anonimato.

Esta posición, sin embargo, contrasta con la versión de la actual dirección de justicia penal militar del Ministerio de Defensa. Hay un incremento sustancial en el presupuesto, que demuestra el compromiso de proveerles herramientas a los jueces para sus investigaciones. Dicen que hay un seguimiento extremadamente cuidadoso de los casos sensibles de derechos humanos y que no ha habido un despido injustificado y masivo de jueces.

Es preocupante que casos tan perturbadores como lo que ocurrió en Urabá en estos años sigan en la impunidad.

Fuentes del Ministerio de Defensa le dijeron a SEMANA que el problema no es la justicia penal militar sino de la falta de resultados de la Fiscalía. Este tire y afloje entre las dos justicias pone a tambalear los avances del Ejército en materia de derechos humanos y legitimidad, ingrediente indispensable para proteger efectivamente a la población civil y desvertebrar a la guerrilla.

Bueno, como buen ciudadano lleve esas "pruebas" y meta preso a uribe, de lo contrario es cómplice

Las pruebas de que ocurrieron ya reposan desde hace años en los juzgados y el mismo ejercito ya las reconociò hace rato como validas.

Ahora bien, ligar al ExPresidente con los actos de sus funcionarios es otro tema. Y tendría que ser muy de malas Uribe para ser el primer gobernante en Colombia que responda por irregularidades cometidas por su equipo durante su mandato.