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En las democracias sólidas, los servidores públicos están obligados a rendir cuentas de sus actuaciones. En Suecia, por ejemplo, las agendas de los empleados el Estado, son públicas. Todos los ciudadanos pueden revisar el día a día de los funcionarios, incluidos los desembolsos de los gastos de representación y las personas con las que tienen encuentros sociales.
Eduardo Montealegre, que se precia de ser un hombre post moderno gracias a una breve temporada en Alemania, ejerció como Fiscal General con talante de emperador y no de demócrata. Cuando se le exigió que explicara los multimillonarios contratos ordenados por su despacho, se limitó a descalificar personalmente a quienes demandaban respuestas. Al preguntársele por la manera como seleccionó a personas cuestionadas como la mitómana Lizarazo –o Springer-, su reacción era agresiva, como el león que protege a su leoncita.
Montealegre delegó en el vicefiscal Perdomo buena parte de la administración de la fiscalía. A su segundo de a bordo le correspondió hacer nombramientos de funcionarios importantes. Lo interesante es el criterio que utilizó el doctor Perdomo, hoy Fiscal General encargado.
Miremos algunos casos puntuales. Juan Vicente Valbuena es un abogado gris. Su antecedente en el organismo investigador se remonta a haber ocupado un cargo de menor relevancia en la URI de la fiscalía en la localidad de Kennedy. En 2011 fue designado como fiscal de apoyo en la fiscalía tercera ante la Corte Suprema de Justicia. Desde que llegó a ese despacho, Valbuena empezó a hacer diabluras. Hay que recordar que en octubre de 2012, el periodista Yesid Lancheros denunció la existencia de una carta del condenado contratista Emilio Tapia en la que daba a entender que Valbuena le estaría insinuando que cesara de allegar pruebas contra las personas involucradas en el carrusel de la contratación.
Respecto a esa carta, el doctor Montealegre declaró, con tremenda prosopopeya que adelantaría una investigación exhaustiva para sancionar a Valbuena. No solo no lo investigaron sino que Perdomo, muy amigo de él, lo promovió y lo hizo designar como fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Y allí lo tiene para que le haga mandados. Entre ellos, investigar y amedrentar con el código penal a sus malquerientes.
Otro beneficiario de la generosidad del doctor Perdomo es el cuestionado Danny Julián Quintana. Su carrera ha sido meteórica. Empezó como modelo de los videos de su padre, el intérprete de música popular, Elcías Quintana (Ver Video). Entró a la fiscalía como escolta del CTI. Dada su disciplina, fue ascendido a conductor, cargo en el que estuvo hasta que lo convirtieron en investigador y de ahí dio el salto a director nacional del CTI. Dato curioso: es un invitado permanente a las fiestecitas organizadas por Perdomo.
El vicefiscal es agradecido con sus amigos. Mucho he escrito sobre la generosidad con que ha atendido a su entrañable compañero, Manuel Sánchez-Vera, arquitecto español que trajo a Colombia lleno de ilusiones y de contratos cuya objeto es, básicamente, pasar por la ventanilla a cobrar el cheque.
La vida privada y las preferencias del doctor Perdomo pertenecen a su fuero interno. El problema está en que él se valga del poder para nombrar a sus amigos. Hay otros ejemplos: Leonardo Peñuela, un administrador de empresas, fue nombrado en la fiscalía del Atlántico para un cargo relacionado con el apoyo a las víctimas, el cual debe ser ocupado por un abogado. Jorge Luis Arzuga, designado como subdirector de apoyo a la gestión en la seccional del Putumayo y el jovencito Miguel Alejandro Álvarez Ferrer, actual subdirector de apoyo en el departamento de Bolívar. Estos funcionarios, que seguramente son buenos profesionales, llegaron principalmente, por entretener al vicefiscal en sus parrandas y pertenecer a lo que internamente y con cierto tono burlesco llaman en la Fiscalía, Los Caballeros de la Rosa, una cofradía de juerguistas de la que el doctor Perdomo es la cabeza visible.
Esa no es la justicia que necesita Colombia. Nuestro país atraviesa una crisis tremenda que se manifiesta en la baja confianza que la sociedad deposita en sus instituciones. Los organismos de poder no existen para que quienes ejercen pasajeramente su dirección, se valgan del presupuesto y de la nómina para satisfacer con contratos espectaculares a sus amores furtivos y a sus compañeros ocasionales.
Colosal tarea le espera al nuevo Fiscal General de la Nación: cancelar los contratos corruptos que asignó Montealegre y desmontar Los caballeros de la Rosa que comanda Perdomo.
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