Los puntos sobre las íes. Muchos rabos de paja.

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15 SEP 2015 - 11:35 PM Abramos el debate sin hipocresía Por: Cecilia Orozco Tascón Así tituló la revista Bocas su premonitorio artículo de portada en febrero de 2013. Se refería a Eduardo Montealegre, Alejandro Ordóñez y Sandra Morelli, fiscal, procurador y contralora respectivamente. Contrario a lo que indicaba la sugestiva frase, su contenido no era de carácter crítico: se centraba en entrevistas amables a cada uno, sobre el poder que detentaban a través de sus cargos. Entonces, y aunque ya se advertía el giro autocrático que los tres personajes estaban tomando, pocos cuestionaban, sin temor reverencial, sus desafueros y protagonismo excesivo. Hoy, el fiscal Montealegre está en el ojo de un torbellino que amenaza con llevárselo si no se mueve de su posición defensiva a una más transparente, la de un auténtico demócrata que sabe que tiene que responder por sus actos. Si bien —mediante petición formal— el fiscal aceptó entregarle a quien escribe esta columna todos los contratos de prestación de servicios de su administración (oprima aquí para ver relación), y contestar sin cortapisa las preguntas que se le formularon y que publicó El Espectador, las dudas sobre su gestión no amainan. Crecen, y con fundadas razones: ¿Por qué unos exconsejeros de Estado que habían votado por la continuidad del fiscal en el ente investigador durante cuatro años en lugar de uno, fueron favorecidos con contratos apetitosos sin darles oportunidad a decenas de abogados tan preparados o más que ellos? ¿Por qué y bajo cuáles criterios objetivos se contrató a unos reporteros con sumas que ni soñaban? ¿Por qué y cómo seleccionó sobre otros analistas sociales a Natalia Springer, comentarista de dos medios, y por qué, después de unas observaciones serias de la Unidad de Contexto de la propia Fiscalía contra el primer informe que ella presentó, en lugar de suspenderla se le premió con otros dos encargos superiores a $3 mil millones, los más altos de los 782 contratosde la administración Montealegre? Muchos son los interrogantes que el fiscal está en la obligación de absolver y no va a solucionar su enorme problema de legitimidad atrincherándose en las interpretaciones constitucionales que le permiten no atender a un foro abierto. En este escenario podrá exhibir sus argumentos, entre ellos uno que sería válido: la entidad tiene encima 17 mil demandas económicas que se han acumulado durante 21 años y cuyas pretensiones ascienden a $35 billones de pesos: se requieren juristas de gran calado para defender el patrimonio del Estado. Dicho lo anterior, es necesario que nos sinceremos del otro lado: entre los críticos de Montealegre hay unos que están pescando en río revuelto y no precisamente por motivos éticos. Ejemplo: la citación del uribismo al Senado tiene nítida intención revanchista por las investigaciones de la Fiscalía que condujeron a condenas de alfiles de Álvaro Uribe. Y existe otro motivo: impedir el avance de una presunta imputación de cargos por paramilitarismo a un familiar cercanísimo del exmandatario. Otros fieros denunciantes de Montealegre llevan años haciéndose los de la vista gorda con las gestiones de Ordóñez y Morelli, de iguales o mayores líos de contratación que la del fiscal. En particular, Morelli fue intocable para la mayoría del país. ¡Ah, cantidad de famosos que la absolvieron antes de tiempo y la apoyaron desde la penumbra! Tengo en mi escritorio constancia de 1.034 contratos de prestación de servicios ordenados por ella en 2011 y 2012, superiores en 252 a los firmados en los casi cuatro años de Montealegre. En la lista de la exfuncionaria están exgobernadores, amigotes suyos, exmagistrados, recomendados políticos, periodistas y hasta el yerno del procurador. Entonces muchos de los que hoy gritan, se silenciaron por amistad, conveniencia o interés. El fiscal debe responder. La señora Morelli también y, por supuesto, Ordóñez que anda calladito, él sabe por qué. Abramos, pues, el debate sin ninguna hipocresía.

Fuente: El Espectador