Esto ya no es la cocina de Yamhure sino investigaciones serias que no se fijan en el arribismo de la Springer o sus seminarios en vez de especializaciones, y muestran lo que quieren saber los colombianos, si su empresa es idónea en investigación criminal y de derechos humanos y si cumplió con el contrato que suscribió con la fiscalía.

La primera evaluación es contundente: no cumplió. Y más aún, la pobreza de su análisis es notoria y para completar, parte de ella se basa en copiar otros informes. Por ahora se muestra su ineptitud que contradice la supuesta vasta experiencia en la materia que suplió el requisito de 10 años de antigüedad de la empresa (sólo tiene tres) y llama la atención los intentos del fiscal por eludir su responsabilidad que no lo deja bien parado.

Esperemos que sigan las investigaciones y se establezca si, aparte de que la empresa contratada es un fraude, se infringió la ley penal y comiencen los procesos correspondientes contra alguien cuya conducta va más allá de teñirse de azul la sangre, y de un funcionario que, no sólo en este contrato sino en otros más igual de escandalosos, ha feriado los recursos del Estado.

La opinión pública espera el debate de control político y se pongan los hechos en conocimiento de la justicia.

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2015/09/10 22:00 El trabajo de Natalia Springer “no cumplió con lo estipulado” Desde hace varias semanas Natalia Springer está en el ojo del huracán. En las últimas horas su nombre volvió a ser otra vez tendencia en algunas de las redes sociales y tema principal de los principales medios de comunicación. No es para menos. Es la protagonista de un escándalo que salpica a la Fiscalía General de la Nación. La razón de todo este escándalo tiene que ver con multimillonarios contratos que suman más de 4.000 millones de pesos entregados a dedo por la entidad para que ella, a través de sus empresas, realice una serie de estudios y análisis sobre diferentes temas para la Fiscalía. En medio de la polémica, varias revelaciones han surgido a lo largo del último mes. Una de ellas es que el verdadero apellido de la politóloga era Natalia Lizarazo y no Natalia Springer. Si bien el cambio de identidad es un acto legal, en muchos de los lugares donde trabajó, como La Fm o El Tiempo donde era columnista, no pocos quedaron sorprendidos con el hecho de que hubiera cambiado su identidad. Pero más allá de este detalle anecdótico, el escándalo tiene que ver con la poca claridad que existe sobre los contratos que la politóloga suscribió con la Fiscalía. El Espectador ha hecho una relación de algunos de ellos, pero al tratar de conocer en detalle los resultados de los contratos, Natalia ha argumentado que no puede mostrarlos por “razones de seguridad nacional”. Hasta ahora solo se conocen el objeto y los montos de los contratos. Semana.com conoció en exclusiva uno de los informes de los interventores del primer contrato por 895 millones de pesos firmado el 10 de septiembre de 2013, que deja muy mal parada a Natalia y a la propia Fiscalía. El contrato parece hecho a la medida de Natalia y su empresa Springer Von Schwarzenberg Consulting Services SAS. Para empezar, tenía por objeto “prestar servicios profesionales de asesoría y acompañamiento y apoyo jurídico y técnico especializado al señor fiscal general de la nación para el procesamiento de datos en casos de crímenes excepcionales/internacionales cometidos en el marco del conflicto armado en Colombia”. Pero en la tercera página de las 13 aparecen varias curiosidades. Una de ellas es que, como algo inusual en la contratación pública, la Fiscalía transcribe la hoja de vida que les pasó Natalia a quien califica como “una reconocida politóloga PHD… con más de 10 años de experiencia”. Allí se explica que los documentos que ella entregó “resultan suficientes para demostrar la idoneidad de la firma”. Una firma que se constituyó el 3 de junio de 2011, es decir, dos años antes de la firma del contrato que exigía “persona jurídica fundación o asociación de mínimo 10 años…”. Como esto no se cumplía, se crea un salvavidas que permite la ejecución del contrato. “La experiencia de la persona jurídica podrá conmutarse con la de los socios cuando ella (la firma) no cuente con más de tres años de constituida”. El informe vergonzoso Tres meses después de la firma del contrato, Natalia y su empresa entregaron el primer informe con el fin de que le desembolsaran los primeros 223 millones de pesos. Con lo que tal vez no contó es que las personas encargadas de recibir el producto de su trabajo sencillamente lo calificaran como una vergüenza. De todo esto quedó un contundente informe en poder de Semana.com. entregado por funcionarios de la Unidad de Análisis y Contexto indignados por lo que consideran un despilfarro de dinero. “La Fiscalía que investiga el carrusel tiene el suyo propio. Parte de los insumos con lo que la señora Springer redacta sus famosos informes e investigaciones eran tomados de esta oficina. Y para completar los informes que presentaba la señora Springer no cumplían con lo pactado en el contrato”, dijo un funcionario que pidió reserva de su nombre. El informe de interventoría es contundente. “Una vez revisado el informe (Secuestro en Colombia) se observa que este no cumple con lo estipulado en la cláusula (tercera). En la primera entrega se debía incluir los formatos establecidos para la compilación, recolección de datos y establecimiento de criterios de análisis de información. (…) Se nota cómo la firma contratista no anexó al documento formatos referidos por lo que es imposible evidenciar cuáles instrumentos fueron diseñados, utilizados y analizados para construir el informe”, dice el documento. Más adelante se advierte. “Las actividades como la recolección de información, tamizaje de información, análisis de datos, modelos sobre lógicas de imputación, representación matemática de algoritmos, georreferenciación de datos, procesamiento estadísticos de datos, análisis de situaciones de vulnerabilidad riesgos y desastres que permitan ponderar la capacidad y porbabilidad de causa de daño e impacto en los sujetos pasivos de la conducta criminal que debe desarrollar la firma consultora, Springer Von Schwarzenberg Consulting Services SAS, no se plasma en el informe”. La interventoría va más allá. “El documento no corresponde con el análisis y las hipótesis jurídicas que ha hecho la UNAC (Unidad de Análisis y Contextos) sobre el tema. (…) Por otro lado, el informe se concentra en el aspecto de la existencia del secuestro como política de las Farc-Ep, pero no abarca el tema de los tratos crueles e inhumanos a los secuestrados durante el cautiverio, lo cual ha sido un aspecto enfatizado por los fiscales que adelantan la investigación penal de este delito”. Más adelante el documento resalta contradicciones en el informe presentado por Natalia. “En los primeros resultados (página 33) se dijo que interacción que la VII conferencia era negativa y luego en la página 35 se menciona que tuvo relación positiva, lo cual es erróneo…”, dice uno de los apartes donde queda en evidencia las incoherencias de la argumentación. “La falta de articulación del documento con las investigaciones adelantadas por la UNAC, preocupa adicionalmente en tanto a la oficina jurídica, después de la consulta elevada por el supervisor del contrato y esta jefatura”, dice otro de los puntos donde se cuestiona seriamente la investigación. “La distinción conceptual entre las modalidades de secuestro no es clara, como tampoco lo son las justificaciones metodológicas para determinar dichas modalidades”, afirma otro de los apartes que no deja duda de las graves falencias del informe de la politóloga. La interventoría cuestiona contundentemente el origen de muchos de los datos que utilizó Natalia en su investigación sobre el secuestro. Básicamente, en pocas palabras se afirma que tomó información de otras investigaciones. “Metodológicamente el documento se fundamenta principalmente en las publicaciones en el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), como Una verdad secuestrada, Una sociedad secuestrada y la base de datos del CNMH y cifras y conceptos (…) No hay una justificación metodológica de por qué esto es así, ni por qué se privilegia esta fuente sobre otras. En esta medida el documento no cumple el propósito del equipo de investigación de la UNAC”. En conclusión, según la funcionaria que realizó el análisis, “el documento presentado no cumple con las obligaciones estipuladas en el contrato y no es útil para el desarrollo del trabajo que se viene adelantando en esta Unidad”. Toda esta serie de cuestionamientos y el hecho de prácticamente destrozar el primer informe de Natalia sobre secuestro, generó una grave crisis en la UNAC pues aun con las falencias del mismo Natalia recibió el pago del contrato. Este fue tan solo el primero de una larga lista de contratos que posteriormente le fueron asignados a la politóloga y su firma. El último de ellos para hacer un análisis sobre el ELN y las Bandas criminales. Todos, por la nada despreciable suma de más de 4.000 millones de pesos. Todo un escándalo del que aún queda tela por cortar.

Fuente: Semana

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11 SEP 2015 - 7:23 AM Con respecto a lo hecho sobre el secuestro "Trabajo de la firma de Springer no fue útil": reporte interno de la Fiscalía “El documento se fundamenta en las principales publicaciones del Centro Nacional de Memoria”. Por: Por: Diana Carolina Durán Núñez http://www.elespectador.com/files/im...c1c2c24231.jpg La firma de Natalia Springer ha firmado contratos con la Fiscalía por $4.000 millones. “No es útil para el desarrollo del trabajo que se viene adelantando”: esas fueron las palabras que Mónica María Suárez, jefe encargada de la Unidad Nacional de Análisis y Contexto (UNAC) en diciembre de 2013, usó para resumir lo que los fiscales y analistas de la UNAC habían observado sobre el primer informe que la empresa Springer Von Schwarzenberg Consulting Services SAS, cuya representante legal es Natalia Springer, le había entregado a la Fiscalía como parte del contrato que había firmado con el ente investigativo en 2013. La revelación la hizo la revista Semana este jueves 10 de septiembre, cuando el día estaba por acabarse, divulgando de paso el documento de cinco páginas que la fiscal Mónica Suárez le envió a Carlos Ariel Useda, jefe de la Oficina Informática de la Fiscalía. En ese informe, la fiscal advierte puntualmente por qué el trabajo de la firma Springer Von Schwarzenberg “no cumple con las obligaciones estipuladas en el contrato” con respecto al primer avance de la firma: el capítulo del secuestro. En ese momento, diciembre de 2013, la firma Springer Von Schwarzenberg había entregado el primero de cuatro informes que debía elaborar como parte de su contrato, suscrito por $895 millones con el propósito de que la firma diera “apoyo jurídico y técnico especializado al señor Fiscal General de la Nación para el procesamiento de datos” sobre los siguientes crímenes: ataque al pueblo awá, secuestro, reclutamiento de niños y adolescentes y violencia sexual. El supervisor era Montealegre o quien él designara. Hace poco más de un mes, tanto el fiscal Montealegre como Springer respondieron por escrito unos cuestionarios de El Espectador. Este diario tomó las respuestas de ambos y las comparó con tres puntos fundamentales de este informe interno de la Fiscalía: Lo que dijo Natalia Springer: “Nosotros aportamos análisis cuantitativo que ayudan a soportar su trabajo (de la DINAC, antigua UNAC), y ofrecemos apoyo en la estrategia y los aspectos metodológicos”. Lo que dijo el fiscal Montealegre: “El dilema al que nos enfrentamos era si valía la pena que la Fiscalía arrancara prácticamente de cero en la ejecución de unas tareas especialísimas de recolección, sistematización y análisis cuantitativo y cualitativo de datos criminales, o si era más conveniente contratar a un equipo externo que sabe cómo hacerlo”. Lo que dice el informe: “Metodológicamente el documento se fundamenta principalmente en las publicaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica, como Una verdad secuestrada, Una sociedad secuestrada, y la base de datos del CNMH y Cifras y Conceptos”. Lo que dijo Natalia Springer: “El trabajo de investigación que desarrollamos directamente para su despacho (el del fiscal general) cumple con el fin de: 1. Apoyar el trabajo que se surte en la DINAC (antigua UNAC) que en días pasados ha iniciado el proceso de imputación por Crímenes de Guerra”. Lo que dijo el fiscal Montealegre: “El trabajo que han adelantado los contratistas no es independiente de las labores de la Dinac o de otras direcciones de la fiscalía. Hay un diálogo permanente. La experiencia ha sido muy satisfactoria”. Lo que dice el informe: “La falta de articulación del documento con las investigaciones adelantadas por la UNAC preocupa, en tanto la Oficina Jurídica concluyó que los productos de la firma contratista debían ser sustentados en juicio con el objeto de asegurar que con éstos sí se cumpliera con los estudios de necesidad del contrato”. Lo que dijo Natalia Springer: “Esa información es considerada de ‘seguridad nacional’ por cuanto se trata de material de investigación que ayuda a soportar las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación contra las FARC-EP por Crímenes de Guerra, Crímenes de Lesa Humanidad y Graves Violaciones al Derecho Internacional Humanitario. La audacia de proceder por estas categorías de crímenes tiene unas implicaciones extraordinarias. Nunca en nuestra historia se había hecho” Lo que dijo el fiscal Montealegre: “El nivel de innovación de este trabajo será sin duda revolucionario por los hallazgos encontrados”. Lo que dice el informe: “El documento no identifica patrones de conducta por parte de los victimarios, no explora alternativas de imputación como los crímenes de guerra, y en últimas no contribuye a la investigación penal adelantada por la UNAC”. En ese contrato de 2013 se leen, además, varias anotaciones que no dejan en buen lugar a una firma que se contrató porque, según le dijo el fiscal a este diario, su idoneidad y credenciales académicas eran irrefutables, y porque en la Fiscalía no había nadie “con calificaciones para hacer el trabajo que ellos desarrollan”: 1. La firma no entregó formatos establecidos para recolección de datos y establecimiento de criterios de análisis de la información. 2. El informe no plasmaba actividades que exigía el contrato como análisis de datos multivariables, representación matemática de algoritmos o georreferenciación de datos. 3. Las justificaciones metodológicas para establecer las modalidades de secuestro no eran claras. 4. El hilo conductor a lo largo de todo el documento no era claro. 5. A las interpretaciones cuantitativas les faltaba análisis. 6. No se elaboró un perfil geográfico para determinar patrones y dinámicas del secuestro. 7. Los funcionarios de la UNAC le aclararon que ellos “siempre” habían entendido que existían sentencias condenatorias contra máximos responsables por secuestros, que lo se estaba buscando estructurar era las posibles torturas y tratos crueles, aspecto que la firma de Springer dejó de lado. El contenido de este reporte interno es lo más detallado que se ha conocido hasta ahora sobre el trabajo que la firma de Springer hizo para la Fiscalía, aunque vale aclarar que después de la entrega del capítulo secuestro debieron hacerse tres informes más (ataques al pueblo awá, reclutamiento y violencia sexual), cuya calidad no ha sido aún establecida públicamente. Actualmente la Fiscalía tiene otro contrato con esa misma firma par, de nuevo, procesamiento de datos, pero con el ELN y las Bacrim. Ese tuvo un costo de $3.085 millones. El Espectador le ha pedido a la Fiscalía que divulgue los resultados de 2013, pero los dos derechos de petición que se enviaron fueron negados. En conversaciones informales con este diario, Natalia Springer reiteró que era “la más interesada” en que su trabajo se hiciera público, pero luego, en entrevista formal, señaló que lo que ella y su equipo hacían era de seguridad nacional. El fiscal Montealegre, por su parte, señaló también que el trabajo de la firma Springer Von Schwarzenberg era de carácter reservado y que sólo se conocería en los juicios contra los máximos líderes de las Farc, porque hacerlo antes dañaría su estrategia jurídica. Ese es, sin duda, un argumento válido. Sin embargo, este reporte interno que divulgó la revista Semana deja muy mal parados a todos los protagonistas de esta historia.

Fuente: El Espectador