Cuando se está más cerca que lejos de la firma que dará fin a la guerra entre las Farc y el Estado colombiano comienza a pensarse en el mecanismo para la refrendación de lo acordado en la Mesa. El propio senador Uribe también quiere unirse a esta discusión que le dé legitimidad a lo acordado. Se habla de los mecanismos constitucionales y de una comisión legislativa, con la controversia consiguiente. Laura Gil propone una idea interesante, para reflexionar porque combina los dos poderes, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos.

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Laura Gil 'Fast track' para la paz La legislación 'fast track' les da más poder al Ejecutivo, que negocia, y al Legislativo, que sanciona. Considerémosla en el abanico de iniciativas posibles para Colombia. 7:45 p.m. | 18 de agosto de 2015 En Estados Unidos, el Congreso aprueba los tratados de libre comercio mediante la ley fast track (vía rápida), que permite un trámite especial y expedito. ¿Por qué no una fórmula fast track para los acuerdos de paz? Está claro que los contenidos negociados en La Habana requerirán de cambios constitucionales. Una reforma de la Carta Política demanda ocho debates en el Congreso en dos legislaturas contiguas. La paz no resiste tanta demora. De hacerlo por la vía disponible hoy, los diálogos de paz no acabarían nunca. Los legisladores presentarían proposición tras proposición para modificar lo acordado, la oposición dilataría los tiempos y la negociación se trasladaría al Congreso de la República. Los acuerdos deben ser incorporados a la legislación nacional y se necesita una forma rápida para hacerlo. Momentos decisivos en la vida de un país requieren soluciones inéditas. El ‘congresito’ planteado por el presidente Santos no es más que una alternativa, quizás poco conveniente, pero no descabellada. El mandatario lo contempla como una célula legislativa especial que agruparía a los miembros de las comisiones primeras de Senado y Cámara y a representantes de las Farc. En el clima actual, ningún órgano compuesto por asientos asignados a dedo a las Farc tendrá la legitimidad suficiente para legislar. Si los miembros de las Farc quieren hacer leyes, deberán esperar a ser elegidos. Aun así, hasta el mismo senador Uribe reconoció la necesidad de pensar en mecanismos nuevos que pudieran contar con la participación de las Farc. En diciembre pasado, propuso “un órgano legislativo transitorio, de elección popular, con la previa y verificada entrega de armas y desmovilización de las Farc, sin la posibilidad de que participen responsables de crímenes atroces, para la discusión, aprobación, rechazo o modificación de los acuerdos de La Habana”. Tanto la versión del presidente Santos como la del senador Uribe presentan una misma dificultad: cuesta entender cómo se podrían delegar facultades de legislador a miembros de la guerrilla antes de que los acuerdos de paz sean ley. No se puede poner el carro delante del caballo. Se necesita una fórmula que respete al poder legislativo, tal como la vía rápida usada en Estados Unidos lo hace. Allí, el jefe de Estado recibe autorización especial para negociar tratados comerciales y, una vez el texto sea sometido al Congreso, los senadores y representantes solo pueden votar a favor o en contra del tratado entero en un tiempo definido. No tienen la posibilidad de incluir modificaciones y están obligados a valorar el conjunto de una negociación. No se trata de ‘pupitrazos’. Los legisladores organizan debates sobre los documentos y exponen pros y contras ante la opinión pública. Pero los periodos de aprobación se aceleran y, ante la amenaza de un voto en contra, la autoridad ejecutiva presta particular atención a lo que presenta al Congreso. Los ocupantes de la Casa Blanca saben que no pueden negociar lo que no podrán hacer aprobar; sus contrapartes comerciales, también. En Colombia, el Gobierno y las Farc podrían redactar, de manera conjunta, cada uno de los textos de los actos legislativos y el Congreso los debatiría y los aprobaría o desaprobaría en periodos de tiempos suficientes para reflexionar, pero no retardar. Solo el voto negativo de un acuerdo obligaría a las partes a volver a la mesa de negociación. La legislación fast track les da más poder al Ejecutivo, que negocia, y al Legislativo, que sanciona. Considerémosla en el abanico de iniciativas posibles para Colombia

Fuente: El Tiempo