Cuando los jueces y fiscales dejaron de pronunciarse a través de sus providencias y asaltaron los micrófonos en busca de notoriedad y poder, la corrupción se metió en sus toldas. El poder de investigar y juzgar a sus semejantes con imparcialidad y ponderación se reemplazó por la triquiñuela política, la burocracia, el favor dado - favor recibido, el lujo desmedido, la ambición y la soberbia.

Ahí están los resultados.

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2015/08/15 22:00 El chantaje por MARÍA JIMENA DUZÁN El viernes de la semana pasada, el diario EL Tiempo abrió sus páginas con una foto en la que aparecía el presidente Santos recibiendo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos, una paloma de la paz hecha por el maestro Alejandro Narváez. La foto hubiera sido una imagen realmente poderosa si en ese mismo foro en Cartagena, luego de tan conmovedor performance, no hubiera salido el propio fiscal Montealegre, amigo del alma del magistrado Bustos, a anunciar la demanda en contra de la reforma de equilibrio de poderes. Un acto desafiante, que deja en claro que el cacareado espaldarazo a la paz anunciado por el presidente de la Corte Suprema no va a ser gratis. A pesar de que esta reforma no es ninguna panacea, las altas cortes no quieren que les quiten los pocos privilegios que les suprimieron, ni que le desmantelen ese nido de corrupción en que se había convertido el Consejo Superior de la Judicatura, ni mucho menos que se les reemplace la comisión de absoluciones por un tribunal de aforados con dientes e independencia que pueda por fin investigar y juzgar a los magistrados que abusaron de su poder, como sucede en todas las democracias respetables. Ellos no quieren cambios. O mejor, como diría Lampedusa, quieren que todo cambie pero para que nada cambie. Y como van las cosas, es posible que les den el espaldarazo a los tribunales de justicia transicional, a las penas alternativas para los máximos responsables, incluso hasta pueden llegar a apoyar al gobierno si este decide proponer que ninguno de los máximos responsables deberían ir a la cárcel. Pero todos esos apoyos van a ser a cambio de que el gobierno Santos no los toque ni les quite sus privilegios, ni los saque de la impunidad en que tan cómodamente se han acostumbrado a impartir una justicia cada vez más sesgada y más política y cada vez menos creíble. Le queda mal a un fiscal como Montealegre, siempre tan presto a hablar en favor de los cambios que requiere la paz, oponerse como una mula muerta a que se reforme su juez natural. Y aún más cuestionable que lo haga cuando hay denuncias muy graves en su contra como la que hizo hace unos días el representante del Centro Democrático Samuel Hoyos, según la cual el fiscal habría nombrado a familiares de siete magistrados de la Corte Suprema en la Fiscalía quienes a su vez habrían votado por su elección como fiscal. Tampoco le queda bien al fiscal Montealegre y al magistrado Bustos disfrazar esta pelea mezquina con argumentos altruistas, diciendo que la reforma atenta contra las instituciones democráticas. Si su preocupación por la democracia y sus instituciones fuera real no habrían convertido sus marrullas políticas en el centro de su trabajo. Ambos impusieron auditor, luego de que el fiscal hubiera conseguido elegir a un hombre suyo como secretario de la comisión de absoluciones. Y hoy cuando nos quieren convencer de que andan de pies y manos apoyando el proceso de paz, en realidad están en la campaña para imponer al nuevo registrador. Mientras tanto las famosas unidades de contexto de la Fiscalía, creadas dizque para tener listas las investigaciones de cara a esos nuevos escenarios del proceso de paz, no han dado mayores resultados y solo han servido para aumentar la nómina y las ansias de poder de ambos personajes. Tan no han servido, que a la Fiscalía le tocó contratar a Natalia Springer por cuatro mil doscientos millones de pesos para hacer el trabajo que estas unidades no pudieron hacer. La corte de Bustos pasará a la historia por haber acabado con la parapolítica y por no haber investigado a los congresistas vinculados a la Dirección Nacional de Estupefacientes, quienes poco a poco están saliendo por vencimiento de términos. Sin embargo, el magistrado Bustos lo que sí tiene es un gran poder burocrático en la Fiscalía y lo propio le sucede al fiscal en la Corte Suprema. Y lo que más les inquieta a esta dupla poderosa, no es el país ni su justicia, sino su futuro. Bustos quiere ser fiscal o procurador y el otro, dicen las malas lenguas, vicepresidente de Germán Vargas Lleras. Los dos dicen abrazar el proceso de paz, pero mientras salen a darle palomas de paz al presidente lo amenazan y le notifican que están dispuestos a todo por defender sus intereses. El presidente Santos no debería aceptar este chantaje. Tampoco debería seguir haciéndoles concesiones ni permitirles que dilapiden el presupuesto. Si estos son los garantes del proceso de paz, prefiero que no lo sean. Si a esta dupla le agregamos la figura arbitraria del procurador Ordóñez que archiva investigaciones de los concejales vinculados al carrusel de la contratación mientras las abre a sus posibles contrincantes en el 2018 como el gobernador Sergio Farjardo y el alcalde Petro (no creo que este último tenga opción, pero él sí), la paz se ve aún más lejana. El fin del conflicto llegará el día que cesen de disparar los fusiles de las FARC. Pero para conseguir la paz duradera no solo se necesita reactivar el campo y volvernos una sociedad más equitativa. También se necesita una Justicia independiente, alejada de la política y del clientelismo, que hoy no tenemos

Fuente: Semana