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Más que contrabando

Uno de cada diez productos importados en Colombia son de contrabando. Por eso el país pierde al año $12,8 billones que podría recaudar en impuestos si estas mercancías fuesen legales.

Para el Gobierno Nacional, expedir la Ley Anticontrabando, que actualmente espera sanción presidencial, es un paso esencial para consolidar la economía y proteger a la golpeada industria nacional. Aun así, miles de comerciantes planean salir hoy a protestar. ¿Qué sucede?

Para los ministerios de Comercio, Industria y Turismo, Hacienda e Interior, todo es un malentendido. “La ley sólo va a perseguir a los grandes contrabandistas”, repiten una y otra vez. Su posición es entendible: combatir el contrabando de mercancías, de hidrocarburos y el fraude aduanero no sólo es lo más acertado para fortalecer las finanzas del Estado y mejorar las condiciones de competencia de nuestras empresas, sino que es un requisito exigido por los tratados comerciales internacionales firmados en la última década.

El problema está en el cómo. La ley adopta, básicamente, cinco medidas: equipara el delito de contrabando con el lavado de activos y aumenta las penas, unifica las sanciones por incumplimientos en el pago del impuesto al consumo, establece nuevos mecanismos de información financiera en las empresas, fortalece las herramientas a disposición de las entidades que vigilan y persiguen el contrabando, y crea una comisión interinstitucional para regir la política anticontrabando.

Sin embargo, la Federación de Sanandresitos de Colombia (Fesacol) lleva más de un año, desde que el Gobierno revivió este proyecto, pidiendo que los escuchen, pues dicen que el aumento de penas los va a perjudicar y que necesitan apoyo para legalizar sus tiendas y productos. Hasta hace una semana la respuesta del Gobierno era la misma: la ley es sólo contra los grandes contrabandistas; por ende, no hay nada que temer.

El reclamo de los pequeños comerciantes no va en contra de la ley, que, dicen, en realidad apoyan. Su problema es con los altos costos que implica importar legalmente al país y la falta de apoyo del Gobierno para mejorar su capacidad de competir con las grandes empresas. Su posición suena razonable. Y el Gobierno se comprometió el pasado 17 de junio a crear mesas de trabajo para ajustar la ejecución de la ley, pero la propuesta llega muy tarde y no convence a los comerciantes. Por eso saldrán a marchar.

Sí, el contrabando hace un daño tremendo a la industria nacional, además de que a su alrededor se han montado toda suerte de mafias ilegales con tenebrosos tentáculos. Pero también es cierto que existe una economía informal de la que dependen muchas familias. No se puede perseguir el contrabando sin formular estrategias claras de viabilidad para estos cientos de miles de pequeños comerciantes.

El Gobierno está en mora de tomar en serio las crecientes dificultades del área informal que, según el DANE, es el 48% de nuestra economía. Ante estas formas de subsistencia que se han fortalecido durante años no pueden tomarse decisiones que busquen beneficiar a un sector sin tener en cuenta los perjuicios en otro. El problema va mucho más allá del contrabando. Ojalá las partes encuentren pronto una solución que beneficie a todos. Eso sí, dentro de la legalidad.

FUENTE: elespectador.com