DeNunCianDo - Por Ley de Garantías, la contratación creció 300%

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La Ley de Garantías fue prevista como un mecanismo de protección en tiempo de elecciones para quienes van a participar en los comicios regionales garantizando que las administraciones no destinen los recursos que han recaudado por medio de la Hacienda Pública para patrocinar candidatos de su misma línea y no abusen del poder que tienen para favorecer campañas políticas.

Durante los próximos cuatro meses y con motivo de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías a las entidades públicas les estará prohibido celebrar convenios interadministrativos.

A partir de hoy, cuando entre en vigencia la Ley de Garantías, cuatro meses antes de las elecciones regionales del 25 de octubre, ninguna entidad estatal, sin importar la naturaleza o el orden nacional o territorial de la otra institución contratante, podrá celebrar convenios interadministrativos, por lo que hasta ayer se preveía un considerable aumento en el número de contratos celebrados en los últimos días.

Tal como se puede comprobar en el portal web de contratación del Estado, desde principios de junio el número de procesos de contratación creció un 300 por ciento, por lo que las alarmas ante la posible cascada de contratos inmediatamente se prendieron.

Pero contrario a lo que se cree, y de cara a los comicios de octubre, la Ley 996 de 2005 no prohibe todas las modalidades de contratación, sino básicamente la celebración de convenios interadministrativos, que son aquellos que se celebran entre dos entidades públicas. Sin embargo, para elecciones presidenciales la restricción sí aplica para otras modalidades, lo que en efecto paraliza a las administraciones.

La norma no solo contempla prohibiciones de carácter contractual, también incluye restricciones que aplican para servidores públicos, alcaldes, gobernadores, y directores de departamentos, tales como la imposibilidad de inaugurar obras en época preelectoral y asistir a reuniones proselitistas con candidatos.

La Ley de Garantías fue expedida en 2005, con motivo del acto legislativo que permitió la reelección presidencial de Álvaro Uribe Vélez, y su propósito era, como su nombre lo indica, darles garantías a los demás candidatos para evitar un uso indebido de los recursos, por lo que hoy cuando la reforma de equilibrio de poderes eliminó del ordenamiento jurídico la reelección presidencial, hay quienes se preguntan qué tan conveniente es mantener vigente esas restricciones.

“Es una ley inútil”

Para el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Eafit, David Suárez Tamayo, la Ley de Garantías es una norma inútil e inocua que no cumplió con el fin para el que fue creada.

“Esos límites y restricciones no son obstáculo alguno para favorecer a los candidatos y en mi opinión no le pasaría nada a la administración pública si la misma se derogara”, aseguró Suárez Tamayo.

El docente dijo que si las entidades fueran ordenadas y se basaran en la planeación que debe regir la contratación pública, no deberían tener dificultades para contratar los bienes y servicios que consideren necesarios, ya que tendrían hasta seis meses para celebrar esos contratos, previo a la vigencia de la Ley de Garantías.

“Hay que tener en cuenta que lo que se prohibe es la firma de los contratos en época prelectoral, no su ejecución, y por eso días antes de la entrada en vigencia de la ley muchas entidades se quedan hasta la madrugada haciendo los contratos. Ahí es cuando digo que la norma ha sido inútil”, agregó Suárez Tamayo.

Algo distinto opina Ana María Almario, directora para la Democracia, del Ministerio del Interior, para quien la Ley de Garantías sí es necesaria para blindar de irregularidades el proceso electoral.

“Creemos que mientras haya vinculación de algunos actores que tienen parte en el proceso de contratación con el proceso electoral, la Ley de Garantías es bastante necesaria porque ese tipo de prácticas atentan contra la igualdad de condiciones de las personas en elecciones y por eso vemos la ley como una salvaguarda que equilibra un poco la competencia electoral y pone en alerta a las autoridades sobre la inversión de los recursos públicos”.

Todo estaba previsto

Ante la restricción para celebrar contratos interadministrativos, EL COLOMBIANO habló con Ana María Sierra, directora Administrativa y Contractual de la Gobernación de Antioquia, quien aseguró que desde finales del año pasado se tenía prevista la entrada en vigencia de la Ley de Garantías por lo que, según la funcionaria, no hubo contratiempos de cara al cumplimiento del plan de adquisiciones para esta vigencia.

“El martes teníamos pendientes la firma de 31 convenios y contratos interadministrativos que correspondían a la Secretaría de Educación para un programa con los municipios de transporte escolar para niños que viven alejados de las cabeceras municipales”.

Sierra indicó que con la firma de esos convenios quedaría pendiente aproximadamente por ejecutar un 30 por ciento del plan de adquisiciones estructurado el año pasado, y aclaró que entrada en vigencia la Ley de Garantías, la Gobernación puede seguir adelante con los procesos de convocatoria pública o incluso prorrogar o adicionar los contratos interadministrativos vigentes .