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Que se vayan todos

La amenaza de Pretelt de arrastrar en su caída a la Corte y al Fiscal General es el último episodio de un creciente desprestigio del poder judicial.

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“No voy a renunciar a la Corte. Si me voy nos vamos todos” dijo entre enfático y amenazante, el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt en La W Radio.

Era su reacción al anuncio de la Fiscalía de citar a su esposa Martha Ligia Patrón, funcionaria de la Procuraduría, para rendir interrogatorio por un presunto despojo de tierras a campesinos de Córdoba y Urabá.

La amenaza de Pretelt de arrastrar en su caída a toda la Corte Constitucional y al Fiscal General es el último episodio de un creciente desprestigio del poder judicial desde el fracaso de la llamada “Reforma a la Justicia”. A partir de ahí Colombia ha venido descubriendo que nuestro sistema judicial apesta. Y al más alto nivel.

Semana tras semana ha quedado al descubierto como funciona el carrusel de la justicia. Intercambio de favores, votos y nombramientos entre magistrados, tribunales y organismos de control. Cargos que heredan hijos, esposas y sobrinas. Papelitos que ruedan de mano en mano para abrir puertas y acomodar sentencias.

En Colombia tenemos un fiscal a quien le toca declararse impedido para investigar el fraude a la salud porque fue abogado de uno de ladrones. Que es acusado por la excontralora Sandra Morelli de perseguirla porque se atrevió a tocar a uno de sus clientes. Un fiscal que se atreve a pedir la renuncia de Pretelt a pesar de haber trabajado para Fidupetrol, empresa cuyo escándalo tiene contra las cuerdas a la justicia colombiana.

En Colombia tenemos un Procurador General que ejerce en nombre de Dios y de la iglesia y no del pueblo como dicta la Constitución.

En Colombia tenemos una justicia selectiva cuya eficiencia depende del color político del investigado. O de su capacidad de pago para obtener fallos a favor suyo o en contra de sus enemigos. Aquí, la efectividad de la acción de tutela ya no depende de la gravedad del derecho violado o de la población perjudicada, sino de la capacidad de lobby, el prestigio del abogado y la chequera de quien la presenta.

En Colombia tenemos magistrados que ocultan un delito por temor a que se sepa que también lo cometieron. Tenemos magistrados que ‘chuzan’ a sus colegas, obtienen la prueba y esperan agazapados hasta que aparece el momento preciso y el aliado más conveniente para hacerla pública en su propio beneficio.

Interminables juegos de poder cuyas ramificaciones se extienden por todo el sistema, desde los juzgados promiscuos hasta las “altas cortes” calificativo que no corresponde con la altura de sus fallos y sentencias, sino con lo alto de los precios que cobran a quienes están dispuestos a pagar por sus favores.

Ojalá el escándalo que desencadenó el abogado Víctor Pacheco, resentido porque Jorge Pretelt le impidió “ganarse una platica”, sirva para depurar a nuestro sistema judicial de una buena vez. Aún si el costo que tengamos que pagar es que se vayan todos.